CINISMO DE ESTADO

El gobierno español abre las fronteras, sólo para deportar inmigrantes.

El ministerio del Interior español, en un comportamiento infame más (a sumar a las “devoluciones en caliente” que sigue practicando) considera que el cierre de fronteras por el coronavirus no impide las deportaciones masivas de inmigrantes, incluso en grupo y en condiciones de hacinamiento, sin concederles siquiera la posibilidad de precaverse frente a la infección por el coronavirus.

Los 600 migrantes tunecinos que el gobierno español quiere deportar -contra toda justicia, humanidad e, incluso, legalidad nacional e internacional-, son en su mayoría peticionarios de asilo que llevan ocho meses atrapados en Melilla, deambulando por la calle y durmiendo en un centro totalmente desbordado, cuando la sobreocupación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), impide mantener las normas exigidas para el resto de la población. El Ministerio del Interior ha confirmado que su plan es expulsarlos «a la mayor brevedad posible», a pesar de que la pandemia ha provocado el cierre de fronteras y desaconseja la movilidad de la población.

En rueda de prensa el 27 de abril sobre la crisis del coronavirus, el ministro del Interior Grande-Marlaska anunció su intención de proceder a la deportación colectiva de los más de 600 inmigrantes tunecinos, para lo cual estaba en tratos con el gobierno aquel país. Según informó, su expediente de expulsión estaba «ya concluido y materializado».

Ya el 17 de abril, ACNUR España anunciaba su preocupación por «el hacinamiento de más de 1.650 personas en el CETI de Melilla, con una capacidad para 782 personas. Una semana después, el 23 de abril se trasladó a medio centenar de residentes y de nuevo los tunecinos emprendieron una huelga de hambre, incluso uno se cosió los labios para no beber ni comer, según recogieron los medios locales.

Desde Túnez, Romdhane Ben Amor, portavoz del Foro Tunecino por los Derechos Económicos y Sociales (FTDES), considera que «la deportación colectiva no respeta los derechos humanos ni los tratados internacionales». Esta organización, que acompaña en su desesperación a las familias desde hace meses, expresó su indignación ante las declaraciones del ministro español que, a su juicio, «violan los derechos de los migrantes y no respetan el principio de no devolución».

Se trata de vulneraciones de derechos en el CETI de Melilla, que también denunciaban Amnistía Internacional y la Comisión de Ayuda a los Refugiados (CEAR), a las que también se ha sumado Save The Children, haciendo hincapié en los más de 200 niños y niñas que se encuentran actualmente en este centro esperando el traslado a la península.

Andrés G. Berrio, abogado y miembro del Centre per la Defensa dels Drets Humans, con sede en Barcelona, insiste: “Es muy grave lo que el Ministro del Interior afirma …. Si algo prohibe la legislación internacional, y precisamente el protocolo Nº4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, son las deportaciones colectivas de extranjeros”, expresa el letrado. “Quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros” es el enunciado literal del citado protocolo, incluido en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales (CEDH), que fue ratificado por la legislación española y publicado en el BOE, el 13 de octubre de 2009. “Hablar en rueda de prensa de la deportación de un grupo de personas por su nacionalidad, choca frontalmente con la legalidad internacional”, añade el  portavoz de Iridia. “No es sólo una cuestión humanitaria, es una reivindicación de derechos civiles fundamentales de una parte de la población, a la que la legislación está excluyendo de manera sistemática”, concluye.

Tanto las condiciones de hacinamiento y falta de higiene en las que vivían sus hijos en plena pandemia como la intención de España de deportarlos han reavivado las protestas de sus familiares en su país de origen, celebrando manifestaciones de protestas ante el gobierno tunecino y la embajada española bajo el lema «No a la deportación forzosa».

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