HUELGA DE ALQUILERES EN TENERIFE DE 1933 / 1
En Tenerife, en 1933, durante la II República, bajo la presidencia del social-reformista Manuel Azaña, cientos de familias, víctimas de la carestía de la vivienda y los precios abusivos, se unieron en el Sindicato de Inquilinos y protagonizaron una huelga de alquileres que durará meses, desde el 4 de abril de 1933 hasta el 7 de julio, hasta desembocar en una huelga general en Santa Cruz de Tenerife.
El primer Sindicato de Inquilinos de Tenerife se había creado en 1928, aunque ya desde 1923 existía en la ciudad una Liga de Inquilinos, que apenas pudo realizar su objetivo reivindicativo, afectadas, en primer término, por el golpe de estado militar que dio origen a la Dictadura de Primo de Rivera en septiembre de ese mismo año. Con la proclamación de la II República en 1931 y durante el primer periodo constituyente, el Sindicato de Inquilinos, entre cuyos miembros y asociados destacaba el protagonismo del movimiento anarquista y anarcosindicalista, buscó renovarse.
Fue en agosto de 1932, cuando la Federación local Obrera (vinculada a la anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo, CNT), decidió la reorganización del sindicato en una asamblea en el cine La Paz, fijando su sede en la calle Miraflores, en la misma sede de la CNT. Con el apoyo del periódico La voz del inquilino, editado en la imprenta confederal situada en las propias dependencias del sindicato, el Sindicato de Inquilinos pasó de unos 200 afiliados a finales de 1932 a superar los 3.000 en la primavera de 1933, cuando se decidirá la huelga de alquileres.
Desde principios del siglo XX la clase trabajadora asalariada y los artesanos de Santa Cruz llevaban años sufriendo una grave situación de hacinamiento, insalubridad y malas condiciones estructurales en los lugares en los que vivían, a menudo pagando un alquiler desorbitado al que muchas familias no podían hacer frente. El puerto había atraído a multitud de trabajadores que migraron de zonas rurales y de otras islas, provocando que la ciudad creciera en el primer tercio del siglo XX, de 38.000 a 62.000 habitantes. Con frecuencia, la única alternativa habitacional real era la precaria chabola o las llamadas “ciudadelas”, un tipo de vivienda colectiva, normalmente de planta baja, con habitaciones frágilmente independientes entre sí, de dimensiones siempre reducidas, dispuestas a ambos lados de un callejón ciego o un patio y que comparten el acceso común y con frecuencia los retretes y la cocina.
La situación empeoró en el bienio reformista de la II República, cuando los precios del alquiler llegaron a suponer el 80% del sueldo medio, siendo este el único modo de evitar ser arrojados a la calle. Los arrendadores y administradores exigían alquileres de entre 75 y 125 pesetas mensuales, mientras que el sueldo medio oscilaba entre las 120 y 130 pesetas.
El 26 de marzo de 1933, el Sindicato de Inquilinos celebró una asamblea donde se convocó oficialmente la huelga de alquileres que comenzaría el 4 de abril. La convocatoria anunciaba que no se pagarían los alquileres hasta que no se redujeran en un 40% y que si había desahucios, las familias desalojadas serían restituidas en su antigua casa, y que, en apoyo de la reivindicación, los obreros harían huelga general en Santa Cruz de Tenerife. Esos eran los mismos acuerdos, casi copiados, que había tenido la Federación Obrera de la CNT de Tenerife en el curso de la asamblea constituyente celebrada el año anterior, en la que habían participado representantes del Sindicato de Inquilinos.
En mayo, la Cámara de Propiedad que agrupaba a los propietarios de viviendas, en las primeras semanas de impago, empezaron a presentar denuncias de desahucio contra los huelguistas en los juzgados, negándose siquiera a negociar cualquier acuerdo. El momento clave de la huelga de alquileres llegará el 5 de julio de 1933, cuando las autoridades intentan ejecutar los primeros desahucios. En el primero, las pertenencias de una familia de la calle Santiago fueron arrojadas a la calle, pero la actuación solidaria de la gente que se agolpaba frente a la vivienda, nada más marcharse la policía y el secretario judicial del lugar, restituyó los muebles y pertenencias a la vivienda y la familia desahuciada retornó a su hogar. En ese día, no se produce ninguno de los desahucios anunciados, pues en la mañana, tres bombas de palenque anunciaron a toda la ciudad que comenzaba la huelga general. La ciudad entera quedó paralizada por la huelga general. Lo que siguió, será motivo de otra hojita genofontiana (continuará)