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Cuando el gobierno dice… Gato escaldado del agua fría huye

El Consejo de ministros celebrado el pasado 14 de mayo, ha aprobado el denominado “Proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud”. Con esta iniciativa se pretende retornar a la situación anterior a 2012, cuando el gobierno del Partido Popular, presidido por M. Rajoy (Decreto 16/2012) eliminó por decreto la universalidad en la atención sanitaria, dejando fuera de ella a cerca de 750.000 personas emigrantes que vivían en España en situación irregular.

Aquello fue en su origen un acto criminal y bochornoso, que venía a agravar dramáticamente lo establecido en anteriores leyes sanitarias, Ley 15/97 y en el art. 90 de la Ley General de Sanidad, reiteradamente denunciadas por incorporar al Sistema Nacional de Salud la sanidad privada como entidad ‘colaboradora’ (en realidad, usurpadora o de relevo) e impulsar el concepto mercantil como principio rector de la Sanidad bajo gestión directa del estado.

Pero aquella crueldad del gobierno del Partido Popular en 2012 no debe servirnos de excusa para no señalar que tal indignidad permanece vigente hasta hoy, sin que el daño causado a cientos de miles de personas haya sido reparado de manera efectiva por ninguno de los gobiernos ‘progresistas’ que han sido (2018 – 2024), pese a las reiteradas denuncias y movilizaciones llevadas a cabo en todo el país por muy diferentes colectivos, como “Yo Sí Sanidad Universal”, ONG’s, como “Médicos del Mundo” o sindicatos, como CGT.

Ahora, 12 años más tarde, en la nota de prensa que siguió al Consejo de ministros se afirma que la voluntad del gobierno, tras haber aprobado el Proyecto de ley, no es otra que el de garantizar en la tramitación parlamentaria que ahora comienza, la igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su nacionalidad, estatus migratorio o condición administrativa.

Atendiendo a lo manifestado en la nota de prensa y reiterado en declaraciones a los medios de la ministra de Sanidad, Mónica García, “queremos garantizar con esta ley el acceso universal y desterrar para siempre esa exclusión sanitaria que trajo una ley del partido popular en el 2012. Queremos cerrar esa herida”, ha asegurado. “Se recuperará el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones para personas españolas que residan en el extranjero, extranjeros que vienen por reagrupación familiar y toda persona residente en España independientemente de su condición administrativa”. Además, en esa misma nota ministerial de prensa, se señala que con la nueva norma tendrán derecho a asistencia sanitaria personas solicitantes de protección internacional, solicitantes y beneficiarias de protección temporal, víctimas de trata de seres humanos cuya estancia temporal en España haya sido autorizada y personas no registradas ni autorizadas como residentes en España.

Como han señalado representantes de diversos colectivos implicados históricamente en la impugnación de aquél decreto del gobierno del PP de 2012, pero que también había manifestado su disconformidad con la tramitación (finalmente inconclusa) de la conocida como Ley Darias (por Carolina Darias, Ministra de Sanidad durante el gobierno de Pedro Sánchez 2021-2023), por considerarla “insuficiente” y por “no resolver los problemas de inequidad sanitaria”, ahora “hay que ser extremadamente prudentes”, pues queda todavía por recorrer un largo trámite parlamentario, cuyo texto final se desconoce.

Toda cautela es poca, pues poco o nada sabemos los defensores de la sanidad pública y su universalización sin exclusiones de ningún tipo, sobre cómo llegará a materializarse en la norma la intención declarada del gobierno y, sobre todo, si se logra finalmente la restauración literal del art. 1.2. de la Ley General de Sanidad de 1986 (“son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional”).

Así lo ha destacado, entre otros, el representante-portavoz de “Médicos del Mundo” (una de las ONG informadas directamente por el ministerio de Sanidad del nuevo Proyecto), Pablo Iglesias, quien ha declarado a diversos medios de prensa que por más que se “valore positivamente que la norma arranque”, hay que tener en cuenta que “el sistema  actual dista mucho de ser universal, la legislación vigente cuenta con múltiples agujeros donde seguimos detectando muchas situaciones de exclusión sanitaria”, por lo que hemos de quedar a la expectativa “de ver cómo queda finalmente el texto para que no se perpetúen las situaciones de exclusión”, hasta hoy vigentes. De modo que “la legislación se revierta a antes de 2012 cuando cualquier persona extranjera tenía exactamente el mismo derecho a ser atendido. Una legislación simple y sencilla.”

Ojalá todos nuestros temores resulten infundados y, al fin, se logre la universalización, real y efectiva, del servicio público sanitario y, con el, la de todos los servicios públicos.