MAQUILLAN LA LEY MORDAZA PARA MANTENER SU VIGENCIA

EH Bildu, PSOE, Sumar (y otros): todos a una contra la clase trabajadora y los movimientos sociales reivindicativos

Esto es lo que valen la palabra y las promesas de la clase política, en su camino hace el poder gubernamental: cero, menos que cero, nada … si acaso, sólo desprecio y desvelo.

Bajo el nombre, en la neo-lengua oficial e institucional al uso democrático, de “Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana” (LO 4/2015), el 1 de julio de 2015 entraba en vigor la “Ley Mordaza”.

Una Ley para amordazar la contestación social

Esta Ley Mordaza, todavía vigente pese a las múltiples promesas de su “derogación inmediata” en cuanto “la izquierda” llegase al poder gubernamental, se diseñó por el gobierno de aquel momento (del PP) con el indisimulado objetivo de acallar la protesta ciudadana que se estaba produciendo a resultas de la crisis económica y política iniciada en 2008 o, al menos, lograr amedrentarla dotando a los tribunales y a la policía de nuevos y agravados instrumentos represivos.

Todo ello en aras de garantizar que resultase impune para sus autores -¡cómo así sucedió y sigue sucediendo!- la explotación de la clase obrera, la opresión de la ciudadanía, el saqueo del patrimonio público hacia bolsillos privados o el empobrecimiento general de la sociedad española. De hecho, aquella ‘crisis’ (en realidad un fraude monumental a la ciudadanía del mundo, impuesto por el sistema financiero y la banca internacionales) fue resuelta en nuestro país en favor de los grupos más poderosos y buitres del capitalismo mundial y nacional.

Como ya dijimos a lo largo de estos últimos nueve años en sucesivos editoriales y artículos de La Campana, “en aras de ese lamentable objetivo y de poder garantizar la impunidad del fraude neoliberal, la Ley Mordaza agravó la acción punitiva en todos los sentidos y buscó convertir el conflicto social que se avecinaba en un problema de orden público, criminalizando el movimiento social y sindical reivindicativos”.

La Ley Mordaza, entre otras cuestiones no menos graves: equipara el ejercicio de reunión pacífica al empleo de armas; abusa de la prisión provisional como pena anticipada, contra la que no cabe reclamación aún cuando los afectados resulten absueltos; impone al sancionado la carga de la prueba de su inocencia; facilita a la policía la detención arbitraria; criminaliza la contestación social ante actuaciones injustas de los poderes económicos o de los propios poderes del estado; convierte acusaciones por presuntos delitos en imposiciones de multas -cada vez más onerosas, con frecuencia inasumibles por los castigados-, que no pueden ser recurridas ante ninguna instancia, sin abono previo; mantiene los antecedentes penales, aún después de haber cumplido la condena prescrita por ellos -con la secuela de impedir el acceso a la función pública u obtener visado en algunos países-; amplia la impunidad de la policía para reprimir violentamente manifestaciones, incluso pacíficas; faculta a los agentes fronterizos para las “devoluciones en caliente” de emigrantes, lo que contraviene abiertamente los derechos reconocidos a toda persona en aquellos tratados internacionales ratificados por España que protegen el derecho al asilo, el principio de no devolución y prohíben las expulsiones colectivas …

Nueve años de aplicación de la Ley Mordaza

Desde aquella fecha hasta hoy, los tribunales y las autoridades gubernativas no cesaron de aplicar la Ley Mordaza y ejercer la más indigna represión, sin que en nada se notasen los cambios producidos en la representación política institucional, cuando pasó de las manos del Partido Popular a la coalición PSOE-Unidas Podemos y después, en la actualidad, a PSOE-Sumar.

De hecho, en noviembre de 2015, el entonces candidato del PSOE a las elecciones generales, Pedro Sánchez, prometió en plena campaña electoral que derogaría la Ley Mordaza “nada más llegar al gobierno”. Sin embargo, no lo hizo en 2018 —cuando llegó por primera vez a la presidencia como consecuencia de la moción de censura—, ni en 2019 —cuando siguió gobernando el PSOE en solitario— ni en 2021, ya con Podemos dentro del gobierno.

Una vez que en 2023 una crisis electoral-gubernamental dejó fuera a Unidas Podemos del gobierno, sustituyendo el PSOE a su socio por Sumar, parecía haberse esfumado de la ‘agenda oficial’ cualquier alusión a la Ley Mordaza. Sin embargo, la incontinencia verbal de la ministra de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, pareció jugarle una mala pasada hace poco más de tres meses, cuando anunció solemnemente que su formación, Sumar, había pactado con el PSOE «la derogación de la Ley Mordaza». El ridículo fue mayúsculo, tras conocerse a las pocas horas, que lo que en realidad habían ‘pactado’ era “dejar intacta la Ley” y únicamente eliminar el apartado 23 del art. 36 (prohibición de grabar a la policía en el ejercicio de sus funciones), en aplicación de la resolución del Tribunal Constitucional que, años antes, había declarado parcialmente inconstitucional dicho apartado.

El arte del engaño y el camuflaje: instrumentos ineludibles para todo aprendiz o gobernante en ejercicio, pues sin mentira ni injusticia no hay poder posible

Unos meses después, a principios de octubre, EH Bildu, se suma a la operación de camuflaje y engaño vigentes, vanagloriándose de haber alcanzado un ‘acuerdo’ con el PSOE y Sumar para implementar una nueva reforma de la Ley Mordaza, que, dando por descontada la credulidad del cuerpo electoral de ‘izquierda’ y el apoyo de los medios de comunicación ‘afines’ al tándem ‘de la investidura’, operaría retóricamente como placebo sustituto de la ‘derogación de la Ley Mordaza’. El contenido de esa ‘reforma’ pactada deja incólume el núcleo fundamental de la Ley y mantiene la vigencia de la práctica totalidad de sus postulados represivos, limitándose a proponer la ‘retirada progresiva’ del uso por los agentes de orden público de las balas de goma, “revisar en un plazo de seis meses” las devoluciones en caliente, la diferente cualificación de «faltas de respeto a la autoridad», infracciones por desobediencia o consumo de estupefacientes que pasarán de “graves a leves”. En cualquier caso, la formulación jurídica-normativa de estos asuntos no compromete seriamente a nada y, desde luego, no supone una ejecución inmediata.

Valgan dos ejemplos.

En el caso de la utilización de las llamadas ‘balas de goma’ la referencia a su “sustitución progresiva” (por otra munición que no se especifica) no se remite a calendario alguno, dependiendo enteramente de la voluntad del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuyas actuaciones en estas materias, como es público y notorio, son merecedoras del más absoluto desprecio.

En cuanto a las devoluciones en caliente, el ‘pacto’ se remite a una modificación posterior de la Ley de Extranjería antes de seis meses desde la entrada en vigor de la norma en cuestión, pero sin ofrecer ni adelantar cuál sería el texto y sentido de la referida reforma.

Contra el placebo, la acción social digna y certera

Ante este fraude mayúsculo y ante la previsión de que los partidos políticos de la llamada ‘izquierda’ logren, con este simulacro, retirar de la agenda mediática y de la movilización social, toda referencia a la necesaria “derogación de la Ley Mordaza”, la clase trabajadora organizada y, en particular la CGT y el anarcosindicalismo, habrán de volcarse en la denuncia y desafío al Estado y su Ley, ante cada caso concreto de represión que, con toda seguridad, continuarán produciéndose. Solamente desde la lucha sindical y social, desde abajo y en apoyo mutuo indeclinable, articulando organizativamente el compromiso colectivo de defensa mutua y solidaridad, podremos los trabajadores hacer frente a la represión que se nos impone y amenaza: ¡Derogación inmediata y total de la Ley Mordaza y de todo el corpus jurídico de la represión estatal a los movimientos reivindicativos de justicia y solidaridad!