16E: GRAN MANIFESTACIÓN EN VIGO POR LA SANIDAD PÚBLICA

Rechazo a la política de privatizaciones, recortes y desatención

Decenas de miles de personas acudieron este jueves, 16 de enero, en Vigo a la manifestación en defensa de la sanidad pública y “para la reconstrucción del área sanitaria” desde el ámbito público y, en protesta por la estrategia de recortes y privatizaciones protagonizada por la Xunta de Galicia en favor de empresas privadas, muchas de ellas vinculadas o afines al Partido Popular.

La manifestación estaba convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública, que aglutina a buena parte de los sindicatos, asociaciones y colectivos críticos con la política del PP gallego. Se trata de una plataforma que, si por un lado manifiesta defender la Sanidad Pública -propiamente, en su consideración, estatal, que no cabalmente pública– y estar en contra de las privatizaciones en este ámbito, por el otro, renuncian tanto a exigir la derogación de las leyes privatizadoras del sistema sanitario -Ley 15/97 y del art. 90 de la Ley General de Sanidad- y socio-sanitario como a exigir la gestión de la sanidad, incluida la actualmente bajo titularidad del estado, con criterios sanitarios de atención y prevención y no con criterios mercantiles o de recortes presupuestarios. No en vano, asistieron a la manifestación, pretendiendo protagonizarla mediáticamente, el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, y la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón.

El área sanitaria de Vigo comprende a treinta municipios donde residen más de 600.000 personas con cartilla del Servizo Galego de Saúde (Sergas). De ellas, 116.000 están asignadas sin embargo a un centro privado, el hospital POVISA, propiedad de la multinacional Ribera Salud y que cobra cerca de 100 millones de euros anuales al Sergas por prestarles atención.

Para el resto de los habitantes de Vigo y sus comarcas, su centro de referencia es el hospital Álvaro Cunqueiro, inaugurado hace diez años y puesto en marcha por la Xunta de Galicia presidida por entonces por Núñez Feijoo, mediante una fórmula que provocó un sobrecoste que, según los partidos de la oposición política, BNG y PSOE, y confirma el Consello de Contas de Galicia, superó los 470 millones de euros sobre el inicialmente previsto.

El proyecto fue finan-ciado por una unión temporal de empresas participada por tres constructoras –Acciona (43%), Puentes y Calzadas (23%) y Veolia (16%)– y un fondo de inversión a su vez propiedad de Bankia, el BBVA, Banco Sabadell, Caixa Bank, Kutxabank, Ibercaja Banco y la consultora estadounidense Hill International, que poseen el 18% restante. A cambio de construir el hospital, esas empresas obtuvieron de la Xunta el compromiso de pago de un canon anual que ya ronda los 81,5 millones de euros, así como la privatización y concesión en régimen de monopolio de todos los servicios no clínicos del centro. Desde el aparcamiento de pago y la seguridad hasta la cocina, la lavandería, la cafetería, la limpieza, el mantenimiento y las máquinas de vending, además de la explotación de otros servicios del Sergas complementarios a la prestación sanitaria en los hospitales públicos Meixoeiro y Nicolás Peña y en el punto de atención continuada del hospital Xeral de Vigo.

Uno de los resultados más visibles de esta política privatizadora y mercantilista la manifiesta el propio Sergas, que reconoce que las listas de espera, han aumentado en el área de Vigo, con más de 71.000 pacientes –el 12% de toda la población del área sanitaria– pendientes de una consulta de especialista, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica.

Aunque la Xunta sostiene que el hospital Álvaro Cunqueiro es un centro público convencional, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y el Tribunal Supremo han contradicho esa versión en sendos fallos que obligan a abonar al Ayuntamiento el impuesto de bienes inmuebles, del que legalmente sólo están exentos, en su caso, los hospitales del Sergas, no los privados.

Desde CGT-Pontevedra, reiteramos los objetivos y reivindicaciones inmediatas, que vienen sosteniendo y guiando la participación de nuestra organización en defensa de la Sanidad Pública:

+ Derogación de todas las normas, decretos y leyes que impiden y obstaculizan la consecución de un sistema sanitario verdaderamente público, universal, gratuito y de calidad acorde con los avances científicos y médicos. En particular, derogación urgente del artículo 90 de la Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley 15/1997 sobre nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, impulsada por el PSOE con el apoyo del PP y los partidos nacionalistas de Euskadi y Cataluña, que abrieron las puertas de par en par a la privatización de la sanidad pública.

+ Hacia la autogestión social de los servicios pú-blicos, habilitando los mecanis-mos auditores necesarios y reconociendo e impulsando la participación de las organi-zaciones públicas y sociales en la gestión económica y control del Sistema nacional de Salud.