SEIS REFUGIADOS DE MALI, DUERMEN EN LA CALLE EN A CORUÑA
Hace poca más de un mes, La Campana (VII Época, nº 61, del 24 de febrero) se hizo eco del encierro llevado a cabo en Monterroso (Lugo) por un numeroso grupo de solicitantes de asilo y refugio. Protestaban contra el trato inaceptable, vejatorio, xenófobo y racista, que recibían de la ONG Rescate, la empresa concesionaria en multitud de lugares repartidos por todo España del servicio a atención inmigrante, por la decisión del gobierno español de externalizar y privatizar este servicio público, tratando de eludir su responsabilidad. “Huimos de la guerra, de amenazas de muerte, pasamos días sin comer, llegamos a Galicia desde Gran Canaria, Tenerife, Madrid, Mérida … somos migrantes, desesperados y no merecemos este lamentable trato, que no es de ahora, sino que viene tiempo atrás”, aseguraban públicamente los afectados, al tiempo que repartían unos pasquines de denuncia.
La semana pasada, el 12 de abril, conocíamos por la Voz de Galicia y radio Voz, de que seis jóvenes varones refugiados y solicitantes de asilo procedentes de Mali, en el África occidental, duermen en una plaza pública de A Coruña, arrojados literalmente a la calle “tras agotar el límite previsto de estancia de 15 días en el albergue de Padre Rubinos”.
«Dormimos en la calle, en la acera. Preguntamos a Cruz Roja, Accem y a otras entidades, pero nos dicen que no hay plazas. No conocemos a nadie aquí», relató uno de los refugiados sin refugio, por decisión burocrática de las autoridades españolas.
Habían llegado a Coruña el 3 de marzo, tras permanecer en albergue de Cruz Roja durante dos semanas, no han recibido otra alternativa de alojamiento, antes de ser arrojados a la calle, sin recursos ni medios plausibles para lograrlos. Algunos llevaban ya un año en España y otros apenas unos meses, pero la mayoría de ellos, en las distintas ciudades a las que habían sido llevados, nunca había logrado conseguir un alojamiento estable. «Vamos a pedir ayuda, pero siempre nos dicen que no hay sitio», lo que agrava su situación al no habérsele permitido hasta hoy regularizar su situación y poder trabajar, que es lo que desean y es de obligación ética y moral pública ofrecerles.
La maraña burocrática, en la que todas las administraciones del estado (ayuntamientos, diputaciones, autonomías y central) están implicadas y asumen como funcionamiento propio, cercan y maltratan a estas personas, excusándose en mentirosos debates sobre a quien corresponde tal o cual ‘competencia’. Se incumple así el deber mayor de, en primer lugar, respetar sus derechos y, de inmediato, ofrecerles el obligado refugio y asilo ante las amenazas ciertas de muerte y sufrimiento, si acaso se les deporta a su país de origen. Mali vive un dramático conflicto civil, sostenido, financiado y pertrechado básicamente por intereses espurios de grandes empresas occidentales y europeas. Los frecuentes enfrentamientos armados, los desplazamientos forzosos de miles de personas de sus aldeas y pueblos hacia campamentos improvisados de miseria y desatención, imponen a la mayoría de la población unas condiciones de vida extremadamente precarias, que les empujan a la emigración o al exilio.