Editorial
Te han sitiado corazón
y esperan tu renuncia.
Los únicos vencidos, corazón,
son los que no luchan.
No te entregues, corazón libre.
No te entregues.
Rafael Amor
La frontera de España con África, homicida y sangrienta como todas las fronteras políticas nacionales, se viene cobrando, con ‘limpieza legal’ e ‘impunidad fabricada’ (leyes de Extranjería y para el control del flujo migratorio), decenas de vidas al día desde hace años. Sin que en verdad, ninguno de sus auténticos responsables -los poderes empresariales y políticos, interesados en el control del flujo migratorio- pueda, o en verdad quisiera, parar la maquinaria que provoca tamaña mortandad, fríamente ejecutada, calculada e incorporada al espacio público como “normalidad cotidiana”, que apenas inquieta a la sociedad adormecida.
Sin embargo, ¿cabe calificar con estos calificativos -‘accidental’ (y no fundamental), ‘casual’ (y no causal), ‘imprevisto’ (y no permanente), fortuito’ (y no deliberado o intencionado, inherente a la situación)-, el hecho de que la reiteración implacable de estos sucesos (cada uno singular en su desarrollo, pero concordante en su condición homicida) hayan producido sólo en el 2024, en la ruta migratoria hacia Canarias, la muerte de casi 10.000 personas (9.757, según la organización Caminando Fronteras) o, en el año anterior, en 2023, de otras 6.000?
Hace apenas cuatro días, el 28 de mayo, se produjo un nuevo episodio de esta maquinaria homicida. En esta ocasión, el eslabón de la cadena mortífera adoptó la figura del vuelco de un cayuco en el puerto de La Restinga, en la isla canaria de El Hierro, que ha provocado al menos siete muertos.
La precaria embarcación, con un centenar de migrantes a bordo, tras una travesía marítima de cientos de millas marinas con origen en África, estaba a unos cinco metros del muelle de El Hierro, situada al costado de un barco de Salvamento Marítimo que se disponía a recoger a sus ocupantes y desembarcarlos. Todo sucedió con extrema rapidez. Todavía el cayuco ladeado sobre el costado del buque de Salvamento, cuando decenas de personas sobre el agua en que algunos chapoteaban, varios de ellos, sin saber nadar o con las ropas mojadas empujándolos hacia el fondo, los ingentes esfuerzos de los miembros de Salvamento e incluso personas que, por uno y otro motivo, se encontraban en el muelle, unos lanzándose el agua, otros valiéndose de sus brazos lograron salvar decenas de vidas, pero no pudieron evitar la muerte de las siete personas que el mar se tragó, entre ellos tres menores de entre 5 y 16 años. Un bebé ha desaparecido.
La tragedia se produce apenas ocho meses después del naufragio en circunstancias semejantes de otro cayuco con al menos 84 personas. Entonces, como ahora, el cayuco volcó cuando se estaban produciendo las labores de rescate por parte de Salvamento Marítimo.
Decíamos en un editorial reciente de La Campana que, no es normal ni aceptable -por más que sea la normalidad oficial en la que vivimos- que el gobierno español, adopte decisiones que causan una tan amarga lista de males, como los provocados por las leyes y normativas de extranjería y organización de la frontera:
+ Miles de muertes al año al pie de las fronteras, sea por naufragios evitables (como el ocurrido este 28 de mayo en el muelle canario de El Hierro) o por asesinatos colectivos perpetrados en los países contratados como guardianes de pre-frontera.
+ Agresión y maltrato a sobrevivientes, al objeto de reducir el número de migrantes ‘legales’ al contingente solicitado como mano de obra por los empresarios. Procedimientos empleados, entre otros: CIEs, expulsiones, devoluciones en caliente y en frío, exclusión de la miseria como causa justa de exilio, negación masiva de solicitudes de asilo y refugio.
+ Construcción del racismo de estado, xenofobia institucional y discriminación social, a los que siguen, como el agua al hielo, bajos salarios, jornadas abusivas, condiciones de trabajo lesivas … chabolismo, desalojos, estigma … y, culminando todo ello, la explotación generalizada de los migrantes.
Baste para comprobar como la dimensión, naturaleza y estructura atroz de esta política del estado español, trasciende a la contabilidad de la muerte en la frontera sur, el simple relato de algunos sucesos ocurridos en este último mes de mayo, además del naufragio aludido:
3 de mayo – El Gobierno de Canarias se ha visto obligado a cerrar en menos de un año dos centros privatizados de atención a menores migrantes, ‘atendidos’ en Lanzarote por la Asociación SOS Emergencias Canarias Volcán Timanfaya, “por no reunir los requisitos mínimos de habitabilidad”, que han provocado incluso autolesiones y ansiedades suicidas entre los jóvenes migrantes allí desatendidos.
9 de mayo – Se conoce que el gobierno español deja fuera del sistema de acogida a siete mujeres afganas, a las que previamente la embajada española en Paquistán había concedido un ‘visado humanitario’, que las había traído confiadas a nuestro país.
15 de mayo – La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía reclama por carta a los grupos políticos del Parlamento Europeo que pongan fin a más de dos décadas de explotación de las personas migrantes en el territorio. Durante la campaña en la Andalucía occidental de recolección de frutos rojos en estos meses de abril y mayo, entre 3.000 y 5.000 jornaleros contratados están condenados a vivir en chabolas, en situaciones lamentables de desatención, falta de agua e higiene, con techos en precario, guarnecidos de materiales inflamables y peligrosos, en las que el calor se hace insoportable, entre verdaderas lomas de plásticos, de basura sin recoger, con abundancia de ratas, culebras, perros y gatos callejeros.
27 de mayo – Un nuevo incendio, el quinto en 2025 en la provincia de Huelva, arrasa decenas de chabolas en un asentamiento del campo de Moguer. El incendio contaba al menos con ocho focos iniciales, lo que todo indica que ha sido provocado. Es bien conocido, que las chabolas son tremendamente inflamables, bastando una pequeña llama en el lugar adecuado para provocar un incendio que se extienda a todo el asentamiento. Como también es conocido, que se vuelven a rehacer en función del tiempo que los trabajadores sin techo, tardan en reunir los materiales necesarios para hacerlo.

