REFLEXIÓN SOBRE EL JURADO

A propósito del secuestro mediático de un debate necesario

La semana pasada, por un asunto judicial baladí que ni siquiera recuerdo en detalle, pero que afectaba a una personalidad política, se produjo en las páginas de algunos periódicos de gran tirada un ‘debate’ sobre la conveniencia de que el asunto en cuestión fuese dilucidado y sentenciado, bien por un Juez profesional o bien por un Jurado popular ocasional.

Los opinadores, periodistas y demás tertulianos animadores del ‘debate’, se centraron en discutir sobre quien podría ser más ‘ecuánime’ a la hora de dictar sentencia de culpabilidad o inocencia respecto de un personaje de renombre. Prácticamente todos ellos, compartían la consideración de la “ecuanimidad” como una de las virtudes definitorias del sistema judicial, extensible a cada uno de los implicados en el ejercicio de su función, siempre (o casi siempre, pues no hay regla sin excepción punible) respetuosos con las Leyes que debían aplicar, siendo estas también ecuánimes, justas y, sobre todo, indiscutidas en su periodo de vigencia.

Sorprende tal unanimidad, sobre todo cuando la experiencia histórica centenaria y la razón crítica universales, vienen poniendo de manifiesto la razón interesada y la mentira de tan falaz doctrina

Cuando se aprobó la llamada «Ley del Jurado», hace ya más de 30 años, en 1993, no dejó de sorprenderme la escasa reacción social que se produjo, por más que sus promotores no dejaban de calificarla como una «pieza fundamental de la democracia representativa». Ya por entonces -y ahora- apenas pude comprender tan ostentosa indiferencia, cuando con esa ley en la mano se pretendía la colaboración expresa del ciudadano (representación del ‘pueblo’) con el orden social imperante, desde el núcleo más íntimo y descarnado de ese ordenamiento: el sistema judicial y penitenciario.

Es bien conocida la corriente sociológico-política que desde la Independencia Americana y la Revolución Francesa viene propugnando que los «poderes sociales» debieran ser «elegidos» por el ‘pueblo’, convertido en cuerpo electoral: Poder ejecutivo (elección del Presidente de la nación), Poder legislativo (parlamento), Poder judicial (Jurado, Jefe de Policía, etc.), etc. Como señalaba Alexis de Tocqueville en su análisis de los primeros tiempos de Estados Unidos: «En América, el pueblo elige al que hace la ley y al que la ejecuta; y él mismo forma el jurado que castiga las infracciones a la ley».

Hoy sabemos que el fruto de aquellas ideas no fué otra cosa que el capitalismo democrático -estatal y nacional-, que tanto daño e injusticia ha causado y causa en las sociedades sobre las que inicialmente se implantó o invadió.

Sabemos también que todo el movimiento social contemporáneo (socialismos, comunismos, anarquismos, etc), nació́ precisamente en el siglo XIX, extendiéndose al siglo XX, cuando se reveló la radical falacia que se escondía tras ese modelo democrático: la desigualdad social, el régimen de los poderosos y el sometimiento de las poblaciones a los dueños del Capital. Pues muy pronto se comprobó que aquellas formulaciones democráticas -fuese cual fuese la forma que adopten: elección popular, acceso por oposición funcionarial reglada o nombramiento a dedo por la autoridad competente- no buscaban la desaparición de las injusticias sociales, sino la entronización y vigencia del régimen económico (capitalista) político (estatal jerárquico, autoritario) que las creaba, por el procedimiento de elegir cada cierto número de años entre varios candidatos, a los responsables de gestionarlas. Fuesen la explotación económica y social de la clase trabajadora, nacional o extranjera … o la opresión política y autoritarismo sobre millones de personas, … o el colonialismo atroz a escala planetaria … o las guerras cada vez más extensas y sangrantes, etc, etc.

Resulta palmario concluir que quienes no aceptamos el orden social en que nos ha tocado vivir por considerarlo injusto y, por tanto, reconocemos que estado (nacional o supra-nacional), pueblo e individuo son entidades diferentes, unas sometidas a la otra … que quienes nos estimamos como seres humanos libres pero condenados a vivir en sociedades no igualitarias, no debemos asumir el convertirnos sin enfrentamiento en agente, garante y colaborador de ese orden, del que forma parte nuclear el sistema judicial estatal.

Por el contrario, acentuar la participación del común de las gentes en los aparatos del estado, forma parte del mecanismo de integración de esa misma gente por el Poder, a fin de mantenerse él como tal y a la gente como súbditos.

Este hecho -el declarado intento de integrar a los ciudadanos en los mecanismos del Poder que los somete-, queda en evidencia a poco que los partidarios de la Ley del Jurado manifiesten su opinión, calificándolo incluso con términos que no dejan lugar a la duda: colaboracionismo, participación, integración en el sistema, etc …

Razón esta por la que siempre objeté -y logré zafarme- de semejante encomienda.