LA MISERABLE SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO
Los más desfavorecidos y desfavorecidas, una vez más a los pies de los caballos
Nuevamente la ministra Yolanda Díaz ha puesto en acción la trompetería propagandística y ha anunciado la “espectacular” subida del Salario Mínimo Interprofesional para 2026. Sería este de un importe de 1.221 euros mensuales (más dos pagas extraordinarias), es decir, de un 3,1% sobre el establecido para el año 2025.
Lo que no explica Yolanda es como se puede considerar que, con la subida de 37 euros al mes, queda garantizado el poder adquisitivo de los trabajadores más precarios, que son a los que afecta esta disposición. Ella así lo defiende, pero sin embargo es difícil de vender cómo la persona que cobre esta cantidad pueda mantener la subida del coste de la vida de bienes básicos como la vivienda o la alimentación.
El IPC
Es un indicador que, teóricamente, muestra la evolución de los precios en un periodo determinado. Para calcularlo, se eligen un concreto número de productos y se establecen comparaciones entre los precios de dichos productos y su desarrollo a lo largo del tiempo. Así, la seudociencia económica, aliada del poder político, utiliza el cálculo de este índice como un milagro estadístico que permite saber si los ciudadanos mejoran o no en sus economías cotidianas, si este año están mejor retribuidos que el año pasado o si llegan o no en mejores condiciones al final de mes. Poco importa que cada caso sea un mundo particular que no se puede vincular a índices generales por muy bien realizados técnicamente que estén.
Sin embargo, lo que no se suele decir es que, como todo índice, solo sirve a nivel informativo y para compararlo con los de otros períodos, sin tener en cuenta que trasladarlo a la vida real no es tan fácil. Así, si alguien cobra poco y le suben el IPC, sigue sin ganar poder adquisitivo, porque la aplicación del índice agrava las diferencias entre asalariados y es materialmente imposible que mejore su capacidad de compra. En el caso de este año, una subida del 3,1% del SMI lo único que garantiza es que el poder adquisitivo no va a mejorar (aunque el IPC haya sido del 2,9%) y que, por lo tanto, lo pasarán los afectados peor este nuevo año que el anterior.
Y los que cobran poco lo pasarán peor porque el peso de la alimentación y la vivienda en sus gastos mensuales es abrumador. El IPC de la alimentación subió un 10,3% en 2025, mientras que el metro cuadrado de la vivienda en venta se incrementó un 13,1% y las renovaciones de los contratos de alquiler entre el 7 y el 23% según los casos. Decir así que se mantiene el poder adquisitivo de los salarios es una burla cruel, solo útil para sobrevolar, silbando y mirando para otro lado, la realidad de la clase trabajadora.
La patronal
La patronal que tenemos que sufrir es cicatera y miserable. No es que tuviéramos ninguna esperanza en que se comportara generosamente, pero la actitud de la representación de los explotadores sobrepasa lo admisible. Esta banda de cuatreros defiende que la subida debería ser del 1,7%, “en línea con la subida a los funcionarios”, salvo que se garantice que los contratos del Estado sufran también una subida porcentual equivalente. Es decir, aceptarían la subida del 3,1% a cambio de beneficios multimillonarios para la grandes empresas, que son las beneficiarias de los contratos con las administraciones públicas. Por cierto, es interesante ver como los funcionarios se tendrán que conformar, una vez más, con incrementos inferiores al IPC. Esto a Yolanda no le preocupa demasiado (parece que al sindicalismo entreguista tampoco), confirmando curiosamente que la subida aprobada no supondrá el mantenimiento del poder adquisitivo del personal público, entendiendo el poder adquisitivo según los propios criterios estadísticos del Estado.
Los sindicatos
CCOO-UGT juega a lo de siempre: a hacer que defiende los intereses laborales mientras intenta sacar tajada de la negociación estatal. El sindicalismo habitual ha presentado una propuesta de subida del 7,5%, teniendo en cuenta que, desde el pasado año, este salario mínimo obliga a cotizar a Hacienda en la Declaración de la Renta. Dice este bicéfalo sindicato que así se garantiza que la subida real, en los bolsillos de trabajadores y trabajadoras, sea notable a pesar del mordisquito del fisco. Sin embargo, también dicen que aceptarán una subida menor si se les asegura que el Salario Mínimo no pagará impuesto sobre la renta. En todo caso, esto es una falacia de los vendeobreros ya que, si el SMI fuera superior y tributase a Hacienda, supondría también una mayor cotización a la Seguridad Social, con una repercusión directa en los importes de distintas prestaciones, sean de enfermedad, de jubilación o de desempleo. Renunciar a pedir un incremento superior porque esto conllevaría una mayor cotización e impuestos es, en realidad, un desistimiento a reivindicar mejores prestaciones futuras. Di tú que también esto es fruto de su debilidad congénita y de su disposición a postrarse de rodillas, ya que no han planteado ni una sola movilización de reivindicación de sus posturas frente al SMI.
Tampoco nos han contado la negociación paralela que se hace cada vez que el Estado intenta aprobar una norma con la aquiescencia del sindicalismo pactista: ¿cuánto van a sacar en subvenciones el año que viene? Eso sí pesa en el desarrollo de las negociaciones y decidirá la posición final del sindicalismo parásito e institucionalizado.
¿Y la CGT?
Nuestro sindicato tiene una tabla reivindicativa fijada en la última Conferencia Sindical. En ella se establece nuestra posicion sobre el Salario Mínimo Interprofesional y sobre el IPC. La CGT ha acordado que el IPC no es una referencia válida para utilizar en la reivindicación y que debe ser el análisis y fijación de las necesidades reales los aspectos por los que se establezcan las reivindicaciones de la negociación colectiva.
Sin embargo, la CGT no ha acordado cómo hacer para reivindicar un Salario Mínimo Interprofesional digno. Estamos maniatados por la estructura de negociación colectiva entre patronal y sindicatos y este aspecto del SMI queda normalmente fuera de ella al tratarse de una facultad exclusiva del gobierno, que la abre a conversaciones con la patronal y el sindicalismo pactista. Esta circunstancia nos obliga a reaccionar, fuera de este marco, para poder defender públicamente nuestras reivindicaciones, sin esperar a que, año tras año, sean los mismos los que fijen las condiciones laborales de los compañeros y compañeras menos favorecidos y más abandonados de nuestra clase obrera. Estamos obligados a levantar la voz y a hacernos oír para que los que están en las peores condiciones salariales puedan sentirse parte de nuestra clase y concluyan que hay un sindicalismo alejado de las mesas de traición y que lucha por sus intereses con las mismas fuerzas que defienden las reivindicaciones de los que tienen ya normalizada la negociación a través de los convenios colectivos de trabajo. Millones están esperando a saber qué es de sus vidas sin tener otra esperanza que esporádicas y lejanas noticias en los diarios o en las redes sociales.
Debe pues, la CGT salir a la calle a reivindicar un salario mínimo digno, que sirva para que las familias trabajadoras puedan sufragar los gastos de alimentación, vestido, calzado, vivienda, combustible y ocio con plenitud. La situación actual, en la que los trabajos no dan para los gastos mínimos de la vida, es inadmisible. No se puede consentir que más del 60% de las familias no puedan permitirse mantener una temperatura adecuada en los domicilios o que un 40% no pueda seleccionar productos y deban acudir, en el mejor de los casos, a las marcas blancas por falta de ingresos. Mientras esto sucede, los datos macroeconómicos parecen ser positivos y una subida del 3,1% del SMI es suficiente, Yolanda dixit. Al igual que las pensiones, el SMI debe ser un objetivo prioritario para este sindicato. Tenemos que hacernos visibles para aquellos trabajadores que no tienen convenio colectivo y que sus condiciones laborales son las mínimas establecidas por ley. Este grupo cada vez está más marginado de las escasas conquistas de clase (no tienen permisos adicionales, las vacaciones son mínimas, no cobran ni un céntimo más que lo que marca la Seguridad Social en caso de baja, etc.) y, además, cobran una miseria. Nuestra obligación es llevar su situación a la primera línea de actuación y, con aquellas otras organizaciones sindicales que estén dispuestas a la lucha, comenzar a movilizarse, exigiendo un salario mínimo digno y reclamando la presencia de la organización en las pantomimas de negociación con el gobierno.
Sabemos que es difícil, pero no debería ser imposible.