Editorial

Te han sitiado corazón
y esperan tu renuncia.
Los únicos vencidos, corazón,
son los que no luchan.
No te entregues, corazón libre.
No te entregues.

Rafael Amor

Por distintos convocantes y con planteamientos a menudo diferentes, durante el mes de febrero, están siendo convocadas por todo el país decenas de manifestaciones y actos en defensa de la sanidad pública.

Los problemas del sistema de salud público son similares en todo el estado español: infrafinanciación, privatización, insuficiencia de plantillas, sistema de atención primaria con gravísimas carencias, precariedad laboral, listas de espera eternas, incluso para enfermedades en las que la prolongación de la espera lleva a un resultado fatal, mercantilización de la atención directa y de la investigación médica, farmacológica y bio-médica, concesión a empresas privadas de servicios públicos del ámbito sanitario, infamia de la atención a los mayores y ancianos, privatización etc, etc.

La lista es interminable, hasta el punto de que todo indica que, ante el evidente deterioro global del Sistema sanitario, debiera ser la hora de olvidar diferencias de cualquier tipo y luchar todos unidos contra las causas de semejante destrucción controlada y programada del Sistema nacional de salud y en defensa de un sistema sanitario verdaderamente público y social, universal, de calidad y al margen del ánimo de lucro. Pero, lamentablemente, no es así. Y es difícil que lo llegue a ser, por la tupida y poderosa red de intereses -económicos y políticos- creada a partir de la definición en 1997 del Sistema Nacional de Salud como un sistema de colaboración estatal-privado.

Entre las manifestaciones celebradas hasta ahora la más numerosa tuvo lugar en Madrid, el 8 de febrero. Más de 40.000 personas, acudieron a la convocatoria conjunta realizada por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública y más de 60 organizaciones sindicales, asociaciones y plataformas ciudadanas. También en Santiago de Compostela, convocadas por SOS Sanidade Pública, con la participación de múltiples colectivos y plataformas, el domingo anterior, 1 de febrero, miles de personas se manifestaron en defensa del sistema público de salud y en contra de los “recortes” sanitarios de la Xunta de Galicia.

Por más que los portavoces más significados de ambas convocatorias destacaron en sus intervenciones la “situación de desmantelamiento, privatización y de bloqueo de la sanidad pública” que estaban llevando a cabo los gobiernos de ambas Comunidades, ninguno de ellos aludió a la decisión política que está en el origen y es causa de que todo ello se venga produciendo e incrementando impunemente desde tiempo atrás.

La Ley 15/97, que fue aprobada en comandita por el PSOE, PP, PNV, Colación Canaria y CiU (hoy, Junts), redefinía el Sistema Nacional de Salud español como un sistema de colaboración estatal-privado. A partir de ese momento, se sucedieron las aperturas de centros sanitarios gestionados por empresas privadas. Paralelamente se fueron desmontando centros públicos de “gestión directa” para favorecer la instalación de empresas privadas, a las que pagar con fondos públicos el canon correspondiente. Añadido a ello, la proliferación de empresas privadas para prestar servicios dentro de los Centros sanitarios y socio-sanitarios estatales (ya no públicos), como limpieza, transporte sanitario, mantenimiento, investigación, gestión clínica, etc. Igualmente, se fue provocando por las propias autoridades estatales el deterioro de la atención primaria, regateándole medios económicos, materiales y de personal, así como la brutal privatización de los servicios sanitarios y sociosanitarios de atención a los mayores y ancianos, personas dependientes o en situación de ayuda a domicilio.

En estas circunstancias, CGT, unas veces en solitario y en otras conjuntamente con otras organizaciones y colectivos, viene convocando desde años atrás frecuentes movilizaciones en Defensa de la Sanidad Pública bajo los lemas “Nuestras vidas valen más que vuestras carteras”, “¡Nunca más negocio con la sanidad!”, etc, etc.

En todo este tiempo, estas exigencias fueron claras y contundentes. Resumidamente:

+ Derogación de toda las normas, decretos y leyes que impiden y obstaculizan la consecución de un sistema sanitario verdaderamente público, universal gratuito y de calidad acorde con los avances científicos y médicos, en primer lugar la Ley 15/97, así como el Art. 90 de la Ley General de Sanidad de 1986, que establece la posibilidad del concierto con fondos públicos de empresas privadas.

+ Gestión de la sanidad actualmente bajo titularidad del estado con criterios sanitarios de atención a los pacientes y prevención, de investigación médica y farmacológica, de calidad de los servicios socio-sanitarios, de respeto laboral y de salud pública universal, de calidad, a cuyas necesidades deben subordinarse otros aspectos, como los económicos, mercantiles y/o lucrativos.

+ Avanzar hacia la autogestión social de los servicios públicos. Que se habiliten los mecanismos auditores necesarios e impulse la participación de organizaciones públicas y sociales en la gestión económica y control del Sistema nacional de salud, al objeto de impedir “la mercantilización global de los sistemas sanitarios”, “las privatizaciones aceleradas de las partes rentables de los sistemas sanitarios”, la “implantación cada vez mayor de mecanismos propios de la empresa privada capitalista en los sistemas estatales, lo que genera deterioro de la calidad asistencial e incremento de los costes”.

Sin producirse estos cambios exigidos por la movilización social, la sanidad seguirá siendo, cada vez en mayor proporción, un suculento negocio privado a costa de la salud y los pacientes. Un asunto de ‘lucro dinerario’ en el que regirá la ley de los empresarios siempre dispuestos a ‘maximizar beneficios’, valiéndose de la “corrupción estructural” que necesariamente le acompaña.