FRENTE A LA RETÓRICA GUBERNAMENTAL
Organización, solidaridad y cumplimiento en igualdad de condiciones laborales dignas
En el editorial del nº 95 de la VII Época de La Campana, del 2 de febrero, nuestro sindicato, CGT-Pontevedra, había manifestado su valoración positiva del anuncio realizado el 27 de enero por el gobierno de coalición, conforme procedería a la regularización extraordinaria (ocasional, excepcional y transitoria) de aproximadamente medio millón de migrantes indocumentados que, en principio y según lo prometido, comenzaría a tramitarse en el próximo mes de abril.
No nos cabe duda de que si este anuncio, finalmente se lleva a cabo en los términos prometidos se podría iniciar “el camino para superar la condena a la marginalidad y a la explotación” a la que vienen siendo sometidos desde hace años los emigrantes excluidos administrativamente de personalidad, pero también una fracción cada vez más amplia de la población habitante en España, pues la “pobreza afecta a 12,5 millones de personas (26% de la población), de las cuales más de 4 millones están en situación de pobreza severa, en situación de marginalidad y riesgo cierto de exclusión social”.
En estas circunstancias, la valoración positiva de la Regularización no debe llevarnos a descuidar del hecho de que un anuncio gubernamental no es más que eso. A saber, una mera declaración de intenciones, cuyo cumplimiento y efectividad están todavía por comprobar, pues no cuentan en favor de la credibilidad del gobierno (de este o de cualquier otro), los numerosos precedentes negativos, en los que usando trucos burocráticos las autoridades terminaron bloqueando o pervirtiendo lo que pomposamente habían prometido, como sucedió, por ejemplo, durante la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, el registro horario de la jornada, derogación de la Ley mordaza, dirigida contra los movimientos sociales y sindicales, etc, etc.
Pero, aún en el caso de que la tramitación de las solicitudes actuales se llegue a diseñar en este mes de marzo de un modo adecuado, de modo que un importante número (más de medio millón) de migrantes hoy en ‘situación irregular’ logren obtener en las próximas semanas de abril la documentación necesaria para incorporarse al trabajo legal, no estaríamos como clase trabajadora más que al comienzo de un camino en pro de la igualdad en condiciones laborales dignas, plagado de obstáculos. Pues todos los datos registrados, incluso los oficiales, señalan que un número extremadamente elevado de trabajadores migrantes, sobre todo mujeres, aún disponiendo de ‘status legal’ sufren condiciones laborales y económicas, cuando no sociales, indignas.
La regularización podrá reducir la vulnerabilidad específica de algunas personas que ahora están en situación irregular, pero no desmantelará las estructuras institucionales y legales que permiten y garantizan el abuso de poder por parte de la patronal: Racismo institucional, anidado en los despachos jurídico-represivos y administrativos del estado … inoperancia decretada para estos casos de las inspecciones laborales, … ausencia de cauces de denuncia … inacción calculada de las grandes corporaciones sindicales en sus encuentros a tres bandas (sindicatos del régimen-CEOE- despachos ministeriales), etc, etc, fabrican la impunidad de conductas racistas y xenófobas en los centros de trabajo, como es notorio, por ejemplo, en el sector de trabajo doméstico y de cuidados o en el agrícola.
Valga como ejemplo, lo sucedido a principios de marzo en el municipio almeriense de Níjar. Cinco trabajadoras migrantes, jornaleras, denuncian ante el juzgado a la empresa hortofrutícola que las contrata, Hermanos Gázquez Garrido, situada en el entorno de Los Albaricoques, de someterlas a condiciones laborales extenuantes y a sufrir cotidianamente vejaciones y coacciones.
Una realidad que llevan tiempo tratando de denunciar a través del comité de empresa sindical pero que, lejos de resolverse, no deja de agravarse. A finales de 2025 un grupo de trabajadores, organizado en el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de la finca había comunicado un preaviso de huelga ante las autoridades laborales para denunciar lo que consideraban incumplimientos de la normativa laboral, con salarios por debajo del salario mínimo, jornadas prolongadas durante la campaña agrícola, ausencia de vacaciones, horas extraordinarias que no se abonaban, deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales, seguidos de graves accidentes.
Víctimas también de todos los abusos anteriores, ahora, las cinco compañeras han decidido llevar ante la Justicia a los empresarios y a los jefecillos que las humillan. En la denuncia, las trabajadoras aseguran, entre otras cuestiones, “que en la finca sólo existe un baño y que permanece cerrado para ellas, por lo que se ven obligadas a hacer sus necesidades en el exterior del invernadero mientras, según explican, los responsables de la empresa las siguen y las graban con el teléfono móvil.” Además, “se ven obligadas a descansar y comer en una misma estancia en la que se deben disponer en el propio suelo.
El SAT ha convocado movilizaciones de apoyo a las denunciantes al constatar que tras la denuncia la situación se ha agravado y al conjunto de la plantilla se les impide quedarse en las instalaciones durante su periodo de descanso asignado.