¿EL ÚLTIMO EJERCICIO DE CINISMO?
Hay una radical diferencia entre el ordenamiento jurídico del Estado y los Estatutos de la Confederación General del Trabajo:
Las normas que rigen la vida de las instituciones y de la población del Estado son elaboradas por una selecta e ínfima minoría, sin participación alguna de quienes estarán sometidas y sometidos a ellas. Y este conjunto de normas, tanto en su elaboración y promulgación como en su aplicación, se asienta en el indiscutido e indiscutible “Principio de Autoridad y Organización Jerárquica”, imperativo tanto en las dictaduras como en las democracias representativas
Los Estatutos de la CGT han sido propuestos, elaborados y aprobados con la participación de todos los Sindicatos de la CGT y, previamente al Congreso, con la participación de toda la afiliación convocada al efecto y que así lo haya querido. Y esa participación plena e igualitaria tiene como primera consecuencia la ausencia de aquel, “Principio de Autoridad y Jerarquía”, de modo que ningún órgano ni ente de la CGT es depositario de autoridad ni jefatura alguna. Los acuerdos alcanzados entre todas y todos nos obligan y comprometen a todos y a todas, que es algo esencialmente diferente de cualquier ejercicio de autoridad.
Por ello, me atrevo a afirmar que resulta enormemente difícil que ningún tribunal del Estado (ya sea unipersonal o colegiado) entienda o admita la posibilidad de organizarse sin jerarquizar las relaciones ni que asuma la existencia de una organización antiautoritaria que únicamente admite como depositarios de poder la Asamblea General del Sindicato y/o el Congreso de los Sindicatos.
Y, así, aunque se utilicen las mismas o parecidas palabras, no tienen el mismo significado. Por ejemplo, para el ordenamiento jurídico del Estado pueden ser entidades diferentes Sindicato y Afiliación y no solo eso, sino que quien ostente la representación y gestión mandatada del Sindicato, como su SP, tiene potestad para decidir por sí mismo (tiene poder).
En los Estatutos de la CGT eso no es posible. Y escribo bien: “en los Estatutos”, no en la actuación que, por ejemplo, vulnerándolos viene ejerciendo el SP confederal.
Si analizamos el “conflicto” de la Confederación andaluza desde esa perspectiva respetuosa con la naturaleza de nuestra organización, la aplicación de los Estatutos de la CGT no debiera plantear ninguna duda.
El artículo 9 define la CGT como una “Confederación de Sindicatos”, el artículo 11 dice que el Sindicato es la base organizativa de la CGT y el artículo 17, aun respetando la autonomía dentro de su ámbito de funcionamiento, le impone a los Sindicatos una cláusula de garantía, que es la siguiente:
• De la Asamblea General del Sindicato.
El máximo órgano de decisión del sindicato es la Asamblea General de afiliados y afiliadas al mismo, que determinará la periodicidad de su celebración. En todo caso, se celebrará como mínimo una vez al año, y será preceptiva su celebración para asistir con plenos derechos a Plenos Confederales, Conferencias y Congresos, sean estos ordinarios o extraordinarios, de carácter territorial o sectorial, así como para la elección de cargos de gestión, la aprobación de los planes anuales de actividad y la aprobación de los balances o presupuestos económicos anuales.
El proceso para la elección de cargos de gestión no es el mismo en todos los casos. Así, por ejemplo, resulta una cuestión de mero trámite incluir en el orden del día de un Congreso ordinario el punto de “elección de nuevo SP”, ya que coincide con la duración del mandato del actual. Tampoco deja de ser simple rutina la convocatoria de Congreso extraordinario para “elegir nuevo SP” en el caso de dimisión del actual. Pero la situación en la Confederación de Andalucía, Ceuta y Melilla, en el momento en el que un grupo de SP’s pide la convocatoria de congreso extraordinario, era muy diferente. Esta situación, en lo que respecta al SP de su Comité Confederal, era de plena normalidad, en el sentido de estar vigente la elección acordada en el Congreso de abril de 2023.
En plena vigencia de ese SP, aquel grupo de SP’s en nombre de sus Sindicatos pidieron la convocatoria de Congreso extraordinario porque querían cambiar el SP de la Confederación territorial. Esta petición supone la realización de dos acciones diferenciadas, aunque se puedan dar simultáneamente. Una, la revocación del SP vigente. Otra, la elección de un nuevo SP. No es posible elegir un nuevo SP sin revocar al que está en plena vigencia o, dicho de otra manera, la elección de un nuevo SP conlleva la revocación del SP actual.
En esta situación, la convocatoria de ese Congreso extraordinario, que se pretende exclusivamente para la elección de nuevo SP, ya no es una cuestión de mero trámite, sino de indudable relevancia orgánica. Y la pregunta pertinente es ¿tiene capacidad el SP de un Sindicato para formular esa petición o tiene que ser acordada por la Asamblea General del Sindicato? La respuesta no puede ser otra que la aplicación de la cláusula de garantía establecida en el artículo 17 de los Estatutos de la CGT.
El SP del Comité Confederal de Andalucía, Ceuta y Melilla estaba obligado por este artículo 17 a exigir la celebración de asambleas para atender la petición de convocatoria de ese Congreso Extraordinario con un único asunto a tratar: elección de nuevo SP, revocando el existente.
Todo lo explicado hasta aquí solo tiene como objetivo poner de manifiesto el error (o la falsedad) de que, desde los Estatutos de la CGT, la discusión se plantee en los términos de si ha de ser 1/3 de los Sindicatos o 1/3 de la afiliación quien puede solicitar la convocatoria de ese Congreso extraordinario.
Ni puedo ni quiero terminar este artículo sin hacer referencia al detestable texto que, este último viernes 13 de noviembre, el Secretariado Permanente del Comité Confederal ha enviado “A toda la CGT”. En esa circular, la falsedad aquí expuesta -imposible considerarlo un mero error- se eleva a categoría de autojustificación por el atropello que se viene cometiendo contra la Territorial andaluza, desde aquél malhadado Congreso extraordinario.
Destaca el derroche de alarmismo: “… la ratificación de la sentencia del TSJA por parte del TS modifica de facto nuestros estatutos y pone en riesgo el funcionamiento democrático interno…”, “el que piense que es una batalla de este SP y no de toda la CGT se equivoca”, “contra esto deberían estar todos los sindicatos y personas afiliadas…”. Derroche que resulta casi tan patético como el “descubrimiento” -de inequívoco carácter inquisitorial- del envío por parte del mismísimo Satán de dos demonios (“únicos responsables”) para destruir la CGT.
Sin que les asalte la duda, reconocen estar “ante la obligación de defender los intereses, los derechos y los estatutos de CGT”. Hace falta una enorme dosis de cinismo para afirmar eso quienes:
- Han censurado, por nueve veces, las propuestas de orden del día para la Plenaria del Comité Confederal enviadas en tiempo y forma por la Confederación Territorial de Galicia.
- Han censurado la propuesta de un punto del orden del día para el XX Congreso formulada por más de 65 Sindicatos.
- Han censurado la propuesta de la FL de Tarragona para sede del XX Congreso, alegando un plazo inexistente.
- Han censurado 10 ponencias presentadas en plazo y forma para el XX Congreso.
- Han impedido que sea el propio Congreso quien decida sobre lo correcto o inadecuado en las acreditaciones de ocho sindicatos.
- Han impedido a las delegaciones asistentes al XX Congreso el acceso a la documentación acreditativa de las elecciones de Comisiones técnicas, de Ponencia y Mesa del Congreso
- Etc. etc. etc.
Y que nos adviertan sobre el “daño irreparable” que nos ocasiona acudir a los tribunales de justicia para resolver diferencias internas quienes:
- Llevan más de 3 años bloqueando el funcionamiento de la Comisión Confederal de Garantías, impidiendo con ello el cumplimiento de todo el Título VIII de los Estatutos de la CGT. (¡Precisamente la Comisión creada para resolver dentro de la organización las situaciones conflictivas que se produzcan!)
- Acuden a la Audiencia Nacional para reclamar de este tribunal nada menos que la desvinculación del SFF-CGT de la Confederación General del Trabajo. Y, aún más, al no conseguirlo pretenden que el XX Congreso acuerde que el SP confederal tome “todas las medidas jurídicas necesarias para proteger las siglas de CGT y evitar que puedan ser utilizadas por el SFF-CGT”.
Para firmar esta “advertencia a toda la CGT” lo que se necesita es una ausencia total de vergüenza y de dignidad ética.
Para continuar con las mismas artimañas, recurren al truco leguleyo de pedir aclaración de sentencia con la pretensión (confesa pero ilusa) de detener la firmeza de la sentencia, para poder celebrar la próxima Plenaria del Comité Confederal con la participación, en representación de la Confederación de Andalucía, Ceuta y Melilla, de la servidumbre surgida de un Congreso extraordinario que ha sido anulado. (¡Y tener que admitir a los dos demonios!).
Compañeras y compañeros ya podéis comprobar, con toda la pesadumbre que eso nos trae, el acierto pleno en el artículo del compañero Miguel Ángel Cuña titulado “De nuevo, la confrontación en CGT está servida, y será cada vez más dura y agria”, publicado en la página 9 del pasado número 118 de La Campana (02.11.2026).