IMPUTACIÓN AL GRUPO ECOLOGISTA FUTURO VEGETAL POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Un Estado y un Gobierno que imponen Mordazas y Criminalizaciones
Ocho miembros del grupo ecologista Futuro Vegetal –la acusación incluye a 25– deben declarar como investigados el próximo 8 de octubre por un presunto delito de organización criminal para el que el Código Penal prevé hasta ocho años de prisión. La denuncia de que los ecologistas son miembros y se han asociado en una presunta “organización criminal” con el objetivo de cometer delitos, partió de la Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía Nacional, siendo admitida por una jueza. Las imputaciones han llegado tras los arrestos llevados a cabo entre diciembre y enero pasados por la estructura antiterrorista de la Policía, en lo que instancias del Ministerio de Interior llamaron Operación Spora.
El atestado policial remitido al juzgado en el que se basa la acusación incluye una retahíla de acciones de protesta medioambientalistas en distintos puntos de España. Entre ellas, el lanzamiento de agua coloreada a la fachada del Ministerio de Agricultura en enero de 2022 … la entrada en el matadero más grande de Europa, en Binéfar (Huesca), donde se cortó la electricidad de las cámaras frigoríficas … el acceso a las pistas del aeropuerto de Madrid y de Ibiza … protestar desnudas y bañadas en líquido rojo en Carrefour de Barcelona … bañarse desnudas en la fuente de los jardines del Palacio Real … protesta de ocho activistas a las puertas del Ministerio de Transición Ecológica escenificando su muerte … la irrupción en un evento de boxeo, La Velada del Año 2 … la entrada en una conferencia en el Fondo de Emprendedores de Repsol en Madrid … interrumpir el discurso del ministro de Agricultura Luis Planas … la colocación de lápidas en los jardines del Ministerio de Transición Ecológica.
Muchas de estas acciones ya tienen su propio proceso judicial, por lo que el hecho de abrir procedimiento penal por “organización criminal” supone un endurecimiento de la represión que se avecina sobre los grupos del movimiento social reivindicativo y, en particular, sobre Futuro Vegetal, por más que este colectivo defienda y muestre que sus protestas son “pacíficas”.
Este proceso llega mientras los 15 activistas climáticos que arrojaron agua coloreada a la fachada del Congreso de los Diputados esperan su juicio por la protesta llevada a cabo el 6 de abril de 2022, para los que la Fiscalía ha pedido una pena de 21 meses de prisión por un delito contra el patrimonio histórico.
Fuente: Futuro Vegetal