Editorial
UNA vez más, el desatino y la confabulación de Economía y Política contra la gente, la salud y el medio ambiente. En apenas diez días, dos alarmantes decisiones en torno a la actividad pacífica de la industria atómica (básicamente las centrales nucleares, productoras de electricidad) desvelan la funesta naturaleza de los sistemas político-económicos que rigen el mundo.
En la primera -ocurrida en la primera semana de julio-, están directamente implicados el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU, la Comisión Europea, así como cada uno de los gobiernos nacionales próximos a la Fosa Atlántica, situada a unos 600 km de la costa gallega. En la segunda, conocida el 16 de julio, es responsabilidad exclusiva del actual gobierno de coalición PSOE-SUMAR, tras anunciar su “visto bueno” a la solicitud de las compañías eléctricas copropietarias de la central atómica de Almaraz de revisar el aplazamiento previsto y comprometido de cerrar de la planta en 2027.
Sabemos que, en estos tiempos de imperio capitalista privado, la capacidad de decisión de los políticos sobre las cuestiones de “alto interés estratégico y económico” es puramente anecdótica, sin que les quede otra opción que cumplir con el precario ritual de escenificar decisiones ajenas, en este caso de las grandes compañías energéticas. Esto es lo que ejemplarizan los dos hechos ocurridos en esta primera quincena de julio:
1.- Basura atómica en la Fosa Atlántica, ahora expandiéndose en todo el entorno marino. A principios de julio, los investigadores científicos del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia, documentaron que gran parte de los 200.000 bidones radioactivos arrojados entre 1940 y 1982 en el lecho submarino de la Fosa Atlántica, presentan un estado de corrosión avanzando, con fracturas y grietas por las que se liberan a la columna de agua oceánica y al ecosistema marino residuos altamente radioactivos.
Que esta corrosión se iba producir era perfectamente conocido, no solo por la comunidad científica del momento sino por todos los gobiernos responsables de la decisión y, como no, por los magnates del sector energético. Por supuesto, en sus declaraciones públicas, todos ellos engañaban a sabiendas a sus gobernados y confiados creyentes, diciéndoles “que no había que preocuparse”, “que los contenedores garantizarían la seguridad del sistema”, “que ese era el mejor modo de deshacerse, sin peligro, de los residuos (basura) radioactivos, generados en la limpia y rentable industria atómica”, que “la bomba de relojería representada por aquellos residuos era pura invención del movimiento antinuclear, opuesto al progreso y la economía productiva”.
¿Qué hay, pues, de novedoso en la confirmación actual por el CNRS del persistente daño que se viene produciendo en el ecosistema marino, al incorpor elementos radioactivos en la cadena trófica, incluidos las algas y peces destinados al consumo humano? Sencillamente, confirmar que ya no se hará nada en absoluto para retirar esos bidones del abierto y expansivo basurero (ya en el momento de ser arrojados, se sabía que la vida media de los bidones no sobrepasaría los 50 años, mientras que la basura radiactiva tardaría en desaparecer miles de años) en que están, que no hay ‘responsables’, ni “juicio de la historia”, ni “procedimientos de radioprotección acordes a la situación” y, mucho menos, “abordar la eliminación de estos residuos”.
2.- Primer paso hacia el aplazamiento del cierre de la central atómica de Almaraz, más allá incluso de los plazos establecidos al inicio de su actividad– – En cumplimiento del pliego de condiciones estructurales y de seguridad que permitieron su inauguración y del calendario de desmantelamiento progresivo de las centrales nucleares españolas aprobado en 2019 por el Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, la central nuclear extremeña de Almaraz, la más antigua de España, cerraría en el año 2027, iniciándose en esa fecha los trabajos de demolición (2027-2028). Este anuncio gubernativo, escenificado y proclamado publicitaria y electoralmente, como ejemplo de responsabilidad histórica frente al lobby energético y pro-nuclear, con toda probabilidad, ya no ocurrirá.
El pasado jueves, 16 de julio, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el visto bueno al dictamen técnico sobre la solicitud de las eléctricas copropietarias de la central – Iberdrola, Naturgy y Endesa- para prolongar el funcionamiento de Almaraz hasta 2030. Así, en virtud del interés empresarial, de pronto, a traición del público electoral español, Almaraz ha dejado de ser para el CSN una central obsoleta que de ningún modo puede ofrecer garantías de seguridad suficientes, no solo para la basura radioactiva que produce, sino incluso en el propio funcionamiento y estructuras de los reactores.
En marzo de 2026, coincidiendo con el 15º aniversario del desastre de Fukushima, el manifiesto “Alargar las nucleares, no gracias” impulsado por más de 50 organizaciones sindicales, vecinales y ecologistas, entre ellas CGT extremeña, había advertido que prorrogar la actividad de la central, haría imposible la gestión segura y manejo de la propia central y de unos residuos que mantendrán su peligrosidad y amenaza -como está sucediendo con los contenedores atómicos de la Fosa Åtlántica- durante cientos de miles de años.
Como ya hemos señalado: solo la movilización sindical y social, organizada y lúcida frente al enemigo que tenemos delante -la institucionalidad estatal consorciada con el capitalismo más obsceno y codicioso, dispuesto a obtener beneficios a costa de arruinar la salud y la vida humana y desgraciar el hábitat planetario- logrará el necesario, urgente e inaplazable desmantelamiento definitivo de todas las centrales nucleares de nuestro país, empezando por Almaraz.