SI ESTO CONTINÚA ASÍ, SERÁ PORQUE NOS MERECEMOS ESTE DESASTRE
La ha vuelto a montar. Miguel Fadrique, el presunto secretario general de la CGT, ha vuelto a tomar decisiones en contra de los intereses de la organización, profundizando aún más en la zanja en la que la ha metido en el último año y medio de su mandato. Y decimos presunto secretario general no porque no hubiera sido elegido en el último Congreso, sino porque sus actuaciones más parecen el diario de bitácora de un enemigo de la CGT que la de un militante con sentido de la organización a la que debe respetar.
El pasado 29 de octubre, el compañero presunto secretario general Fadrique convoca un Congreso Extraordinario de la CGT de Andalucía para el 30 de noviembre, atendiendo a la petición de un tercio de los sindicatos de dicha territorial y en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de los Estatutos confederales y en la tercera de los Estatutos de la territorial andaluza, que trasladan al órgano superior la capacidad de convocar en aquellos casos en los que quien tuviera la obligación de hacerlo no lo hiciese.
¿Puede hacerlo Fadrique?
Según los Estatutos, si Andalucía se niega a convocar un Congreso, el secretario general puede hacerlo en lugar de la territorial. Es, evidentemente, una disposición que garantiza que los secretariados permanentes no puedan bloquear la vida orgánica. Sin embargo hay una cuestión importante que no se puede dejar de considerar. Ya el 30 de septiembre, el Secretariado Permanente de la CGT de Andalucía, mediante una circular relativa a la cuestión, había informado a los sindicatos andaluces de lo siguiente, además de su disposición a convocar el Congreso: “El SP convocará congreso extraordinario de CGT-A en cuanto se reciban las convocatorias de las asambleas y actas de acuerdos de estas, de cada uno de los sindicatos que cumplan con los requisitos estatutarios.” Es decir, la CGT de Andalucía no se negaba a convocar el Congreso, sino que instaba a los sindicatos que su firma solicitando la convocatoria fuese avalada por la Asamblea de cada sindicato, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos de la territorial, que dicen: “El máximo órgano de decisión del Sindicato es la Asamblea General de afiliados al mismo, que determinará la periodicidad de su celebración. […] será preceptiva su celebración para asistir con plenos derechos a Plenos Confederales, Conferencias y Congresos, sean estos ordinarios o extraordinarios, de carácter territorial o sectorial, así como para la elección de cargos de gestión, …”. Es decir, el SP de Andalucía, que es quien aplica los Estatutos en la convocatoria de los Congresos consideró que la convocatoria de uno extraordinario debería estar avalada por la Asamblea de cada sindicato, al ser esta su máximo órgano de decisión.
Y a la espera de la llegada de las actas de las Asambleas estaban cuando el presunto secretario general Fadrique se arrancó y convocó por su cuenta. A pesar de todo lo que pueda argumentar -ya sabemos que suele ser estrambótico en sus argumentaciones- los Estatutos de Andalucía solo los puede interpretar Andalucía -en cuanto a pedir certificaciones de actas me refiero- y no él, pero le da igual.
La cuestión de las votaciones
La comisión organizadora -por cierto, no se sabe ni quienes la componen ni en base a qué criterios se ha nombrado- elaboró un calendario para el Congreso que establecía que la tabla provisional de votos estaría un mes antes del inicio del Congreso y la definitiva cinco días antes. Es práctica habitual que los sindicatos convocados puedan regularizar cuotas antes de la tabla definitiva, con mucha más razón si la tabla provisional es prácticamente de la misma fecha que la propia convocatoria. El no hacerlo así podría provocar que los sindicatos “amigos” y que hubiesen sido conocedores de la convocatoria pudiesen regularizar anticipadamente sus cuotas, mientras los que apoyasen al actual SP de Andalucía, hubiesen quedado fuera de la regularización y tener muchos menos votos de los que les hubiera correspondido.
Pues bien, en una circular del 21 de noviembre -casualmente después de que la comisión organizadora y el compañero presunto secretario general Fadrique conociesen los resultados de las votaciones de los sindicatos para la mesa y comisiones del Congreso- la comisión organizadora, a menos de de diez días de inicio del Comicio informa de que “… en ningún caso se admitirá la regularización de las cotizaciones de sindicatos posteriores al día 29 de octubre, ya que las reclamaciones entendemos son para solucionar errores o pagos que se hicieron en su día correctamente y no estuvieran contabilizados.” Con esta decisión se elimina la posibilidad de regularizar cotizaciones y se deja a los sindicatos no regularizados, todos ellos favorables al SP actual, con 41 votos menos de los que les corresponde. Es importante fijarse en que no se permiten regularizar cuotas desde la propia convocatoria del Congreso, fecha presumiblemente conocida de antemano por los sindicatos “amigos”, que pudieron así regularizar su situación.
¿El resultado? Esta decisión provocó que a los sindicatos partidarios del actual SP se les adjudicasen 41 (¡cuarenta y un!) votos menos que si se hubiese estimado la reclamación de los votos evaporados. Lo que no se entiende es la motivación que lleva a semejantes maniobras. Advertidos de cómo se las gastan los de la “CGT de tod@s”, lo que habrán conseguido es que los sindicatos hoy agraviados intenten devolver el golpe lo antes posible y reviertan la situación, con lo que el único resultado real será el haber logrado una división orgánica de difícil reparación. Algún día sabremos los motivos de estas actuaciones del actual presunto secretario general, porque cada vez es más difícil de creer que solo se trata de un problema derivada de su personalidad autoritaria o de su incapacidad de gestión.
La candidata
El siete de noviembre próxi-mo pasado, se presentó una candidatura para la cobertura del nuevo secretariado de Andalucía, objeto de la convocatoria del Congreso Extraordinario. Para nueva secretaria general se presentaba una compañera de Transportes de Sevilla. El problema está en que la compañera se había presentado en mayo de 2023 en la candidatura de Adelante Andalucía para las elecciones municipales del momento y, en estos supuestos, el artículo 31 de los Estatutos de la CGT andaluza dicen: “f) En el caso de que la participación en candidaturas políticas afecte a cargos de la organización, deberán presentar la dimisión, no pudiendo desempeñar cargo en la CGT-A mientras dure el mandato al que se presentó. De no hacerlo, quedarán automáticamente dimitidos. La vulneración de este apartado será considerada como incumplimiento grave de los Estatutos, por lo que se procederá en consecuencia.”
Esta cláusula es una traslación de la misma norma de los Estatutos de la CGT y la interpretación -racional por otra parte- que se ha dado, en otras ocasiones, es que cualquiera que se presente en candidaturas políticas queda inhabilitado para cargos orgánicos durante el mandato político para el que se presentó. Así pues, la compañera, en función de lo dicho en los Estatutos, está automáticamente dimitida y debería esperar en esa situación mientra duren los actuales mandatos municipales, hasta el año 2027. No importa que se la elija o no en las elecciones políticas y no importa que, con posterioridad a su presentación electoral política, se hubiera dado de baja del partido.
Lo especialmente lamentable es que la decisión de validar la candidatura de esta compañera la haya adoptado la comisión organizadora -¿desde cuándo esta comisión es la encargada de interpretar Estatutos?- y que dicha decisión y facultades sea defendida por el presunto secretario general, el compañero Fadrique, sin que le tiemble el pulso. Una muestra más del hacer autoritario de Fadrique, de su falta de argumentos y de su capacidad para seguir destrozando la CGT.
El resultado (por ahora)
Con todas estas vergonzosas marrullerías, el resultado estaba cantado: ha sido elegida en el fraudulento Congreso la candidatura presentada, al haber invalidado los votos de los sindicatos contrarios a la renovación del SP y se ha nombrado como nueva secretaria general de Andalucía a una compañera que no podía presentarse. ¿Y ahora qué?
Desconocemos cómo van a actuar de ahora en adelante los sindicatos agredidos y si van a consentir esta situación durante mucho tiempo. Lo que está claro es que todo esto ha provocado una división interna que no solo afectará a Andalucía, sino que sus consecuencias llegarán a toda la organización, dada la imposible estanqueidad de nuestras organizaciones y las relaciones multidireccionales internas establecidas. Por otro lado, está por saber cómo reaccionarán las territoriales cuando se les quiera obligar a sentarse a una mesa de una Plenaria con una compañera que, según los Estatutos, está “automáticamente dimitida” y, por lo tanto, inhabilitada a ocupar cargos orgánicos durante otros tres años. No tenemos demasiada confianza, dados los antecedentes, en la capacidad del Comité Confederal para oponerse a esta situación -recordemos que el presunto secretario general ha inhabilitado a uno de sus miembros sin que hubiese pasado nada y le quita sistemáticamente la voz a una territoral-, pero alguna vez deberá llegar su reacción y comenzar a realizar una de sus principales funciones: la fiscalización de las actuaciones del presunto secretario general y del SP, fiscalización cada vez más necesaria y urgente.