AGUSTÍN RUEDA
Compadreo entre la Ley, los tribunales y el crimen / y 3
En anteriores números de La Campana (VII Época, nos 102 y 103) recordábamos que el 14 de este mes de marzo se cumplieron 48 años del asesinato del sindicalista libertario y anarquista, Agustín Rueda. Dejábamos la historia en el momento en que el preso en la cárcel madrileña de Carabanchel, Agustín Rueda, tras horas de tortura, es asesinado a golpes por funcionarios de prisiones, con la complicidad activa del director de la prisión y encubrimiento consciente del equipo médico.
Tras la paliza, ya el prisionero en los estertores de la agonía, es trasladado al hospital de la propia prisión, donde morirá esa misma tarde. El informe de la autopsia, realizado en el propio hospital penitenciario, pondrá de manifiesto que “las lesiones fueron producidas por un grupo de agresores, que usaron un objeto contundente alargado, de tipo blando, como puede ser una porra, y un objeto duro, de menos tamaño … causando la muerte un shock traumático”. En un intento desesperado de ocultar lo sucedido, las autoridades penitenciarias decidieron llevarse el cadáver clandestinamente desde Madrid, sin que nadie pudiese verlo, y trasladarlo a Sallent, donde fue enterrado sin permiso alguno, incluso sin el del Ministerio de Sanidad.
En respuesta al asesinato de Agustín y a las torturas sufridas por sus compañeros de infortunio, se produjeron manifestaciones en Madrid que culminaron en graves disturbios y fuertes enfrentamientos con la policía. En Sallent se convocó una huelga general, ampliamente secundada.
Tres días después, el 17 de marzo, el juez dictaba orden de procesamiento por delito de homicidio contra el equipo directivo de la prisión, el director, Eduardo Cantos, el subdirector, Antonio Tubio y el jefe de servicios y contra nueve funcionarios más. Con todo, la corrupción institucional y judicial se puso inmediatamente en marcha.
Primero, trasladando a los siete prisioneros que habían sido torturados y apalizados en aquél aciago día juntamente con Agustín Rueda, a diversos recintos penitenciarios. Dos de ellos, Pedro García Peña y Alfredo Casal Ortega, destacados miembros de la COPEL y principales testigos de los hechos, fueron trasladados a la temible cárcel de máxima seguridad de Herrera de la Mancha. En segundo lugar, poniendo en libertad condicional en 1979 a todos los acusados, pese a la gravedad del delito cometido en el ejercicio de ‘sus funciones’.
Durante el juicio, los presos Pedro García y Alfredo Casal, quienes tras las palizas y torturas recibidas aquél 14 de marzo habían sido castigados con el encierro en Herrera de la Mancha, comunicaron repentinamente a sus abogados que deseaban retirar las denuncias que habían hecho contra los carceleros de Carabanchel. Preguntados por el juez, la razón de tal cambio, el diario El País recogió la conversación entre Pedro García y el juez: “Si yo he hecho -dijo Pedro al juez- cuatro declaraciones en un sentido y ahora escribo otra diciendo todo lo contrario, al poco tiempo de ingresar en Herrera de la Mancha saque usted sus propias conclusiones, señor juez”. “Bueno, pero ¿son ciertas o no?, quiero que tú me lo digas”, dijo el juez, tuteándolo. “Si, claro -respondió el preso- usted quiere que yo se lo diga, pero después el que vuelve a Herrera soy yo”, por orden suya. Finalmente, ambos prisioneros, Pedro y Alfredo, declararían que las torturas sufridas en Herrera les habían determinado a desdecirse en un momento de debilidad, pero ratificándose enseguida en todo lo explicado en el momento de los hechos y en las primeras declaraciones ante el juez instructor.
En 1988, diez años después del crimen, la Audiencia provincial de Madrid consideró que la paliza mortal al preso era “un delito de imprudencia temeraria” y no un caso de homicidio o asesinato cruel, por lo que la pena inicialmente solicitada de 30 años de prisión, se redujo en el caso del director, el subdirector y cinco funcionarios más a 10 años y, en el caso de los médicos José Luis Casas y José María Barigow, que ocultaron el grave estado de Agustín Rueda tras la paliza, eludieron su responsabilidad de atender a un herido torturado y aún se burlaron de su sufrimiento, recibieron una condena de dos años de prisión. Otros tres funcionarios, presentes durante la paliza, fueron sentenciados a ocho, siete y seis años de prisión respectivamente. Una vez cumplida la farsa judicial, de todos los encausados y sentenciados, ninguno llegó a permanecer encarcelado siquiera 8 meses de prisión.