VI Época - 53

INOCULTABLE TRASPIÉ DE LA CONVOCATORIA, QUE A TODOS DEBERÍA HACERNOS REFLEXIONAR

Convocada por COESPE y multitud de otras organizaciones en todo el estado español al objeto de confluir en Madrid el 16 de octubre, la manifestación en defensa de las pensiones públicas apenas logró reunir a unas 8.000 o 10.000 personas.

Pese a la identidad de la plataforma convocante, Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), y la multiplicidad y elevado número de organizaciones (sindicales, sociales e incluso partidos políticos), asociaciones y colectivos que habían hecho público el apoyo de sus respectivas siglas, las cifras de participación en la Manifestación por las pensiones públicas, celebrada en Madrid este sábado, 16 de octubre, son elocuentes de su debilidad, sino fracaso.

No más de 15.000 personas (cifra ofrecida por los organizadores, frente a las 5.000 u 8.000 que señalan otros indicadores oficiales) siguieron esta manifestación, pese a la amplia difusión de la convocatoria en todo el país, incluso con el apoyo de una parte significativa del espectro mediático ‘más de izquierda’ y de grupos afines en las redes sociales, y al hecho de que un número indeterminado de autobuses, fletados por  las organizaciones convocantes, habían confluido en la capital con ese motivo desde las distintas Comunidades del estado español.

Un fiasco semejante se había producido el pasado 2 de octubre, cuando otra convocatoria bajo el mismo lema de “Defensa del Sistema Público de Pensiones”, en este caso convocada también por una plataforma de pensionista, Unidad-COESPE, se saldó con una escasa asistencia, cuando no nula presencia en múltiples ciudades y localidades, en las que hasta hace poco venían celebrándose periódicamente movilizaciones, más o menos numerosas.

Estos tropiezos en la movilización social necesaria en favor del Sistema Público de Pensiones, por más que los hubiéramos previsto y anunciado por CGT-Pontevedra, no pueden satisfacernos ni tampoco, por supuesto, que nos recreemos en la tristeza y en la nostalgia de otros tiempos, en que la movilización social reivindicativa era más contundente y precisa en sus objetivos. Al contrario. Debemos aprender de ellos, corregir aquello en que nos hayamos podido equivocar y enmendar lo que sea necesario.

Tanto COESPE como Unidad-COESPE son agrupaciones de pensionistas y, en este sentido, nuestra organización sindical, CGT, debe reafirmarse en que el Sistema Público de Pensiones ha de ser una reivindicación del conjunto de la clase trabajadora, incluidas por supuesto, las personas ya jubiladas. En cualquier caso, hemos de ser los trabajadores asalariados (en activo o en paro, precarios o no), organizados unitaria y sindicalmente, quienes exijamos el cumplimiento de esta reivindicación en los términos que nosotros mismos definamos y con las herramientas y principios de acción social que nos son propios: la acción directa, las jornadas de lucha, formación y movilización, la huelga, el boicot a las entidades financieras y corporaciones co-partícipes en la privatización, etc, etc.

Por otro lado, el movimiento social reivindicativo en favor de un Sistema Público de Pensiones, debe reconocer a quien tiene enfrente. Cosa que ahora no se está haciendo o se está haciendo ambiguamente, lo que genera una confusión social insostenible.

No es aceptable que la consigna más reiterada por los portavoces de COESPE, el 16 de octubre, y Unidad-COESPE, el 2 de octubre, sea la dimisión del ministro Escrivá, como si lograrlo allanase el camino para un comportamiento menos agresivo con los pensionistas por parte del sustituto. Este ministro no es otra cosa que un elemento más de un órgano colegiado -el Consejo de ministros del gobierno-, que adopta sus decisiones en libre comandita. La institución -que no individuo alguno- que está ahora mismo librando en nuestro país un obsceno ataque al Sistema público de pensiones, a la Sanidad pública (acaban de tumbar, una propuesta de derogación de las leyes privatizadoras de la Sanidad), a la Educación pública (La nueva Ley Celaá, entre otras cuestiones, consolida el control privado de la educación de millones de estudiantes en todos los niveles educativos), a la Comunicación y Transporte públicos, etc., etc., y a quien, por tanto, tiene enfrente la clase trabajadora, no es sólo el ministro Escriba, sino al gobierno entero y en su conjunto, a los partidos políticos que lo gestaron, PSOE-Unidas Podemos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *