SOBRE LA “DIVERSIDAD” ENALTECIDA / 2

“Diversidad racial” y régimen carcelario

El periódico digital “El Salto Diario”, en su edición del 13 de mayo, acoge un artículo, Corporativismo racial penitenciario, del que es autora María G., en el que  básicamente se reproduce la ideología de la ‘diversidad racial’ y la ‘racialización’, ya expuesta en la misma publicación el 30 de abril por la colaboradora de la revista, Deva Mar Escobedo.

Comienza el artículo haciendo referencia a un estudio elaborado por la organización alemana Correctiv, según el cual en España hay cerca de 120 empresas que someten a la población reclusa a “unas condiciones que son más propias de un estado de esclavitud que de un estado democrático”. Entre esas empresas se cita a Merak, una filial española de la firma alemana Knorr-Bremse o el Corte Inglés, grupo empresarial que “en Catalunya vende a las cárceles sábanas, mesas, camas, bandejas de comida, mantas y colchas, entre otras y, por otro lado, tiene a presos produciendo mantas y colchas”

También se señala, que “ya en 2016, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) promovió una campaña para visibilizar a los miles de personas que trabajan en el sistema penitenciario español, quedando estas excluidas del Estatuto de los Trabajadores, sin poder negociar sus horarios o jornadas laborales, vacaciones y/o descansos, cobrando menos del salario mínimo interprofesional y sin representación sindical, entre otras”, siendo, además, que “las mismas cárceles las que ponen a disposición las instalaciones y asumen los gastos corrientes como electricidad y agua”, por más que “los convenios que se generan entre las empresas y la entidad pública que firma acuerdos de colaboración con las compañías (Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo: TPFE), no son de carácter público, ni hay transparencia al respecto.”.

Hasta aquí, la justificada denuncia de una dolorosa realidad que, según los informes aludidos, afectarían al conjunto de la población reclusa en las prisiones españolas. Realidad que, por supuesto, no nos sorprende a los militantes anarcosindicalistas, quienes desde siempre hemos cuestionado la función social del sistema penal y la prisión, considerando ambas instituciones como pilares esenciales de los Estados, por siempre garantes del sistema de explotación y opresión que rige actualmente las relaciones humanas.

Por supuesto, no es admisible para nuestra organización sindical, la CGT, que el ‘trabajo en el ámbito carcelario’ se realice en estas condiciones y que, en todo caso, lo que debiera ser -¡y nunca es!- un factor de “reeducación y reinserción” para los reclusos, llega a derivarse a un negocio lucrativo para más de un centenar de empresas, que hacen su particular agosto en base a la explotación laboral y el ahorro de costes que se cargan a los presupuesto públicos.

Ahora bien, partiendo del hecho de que “según el último Informe General de Instituciones Penitenciarias (2022), el número de personas reclusas en el Estado español fue de 46.687, de las cuales 11.677 fueron extranjeras” (25%), el artículo citado de María G. ofrece un giro inesperado a la información anterior. Insinúa (sin datos ni informaciones que lo corroboren) un distinto trato por el sistema carcelario a los presos, en esta materia, según se trate de “personas racializadas” o no, entendiendo la articulista por ‘racializadas’ aquellas “personas que llegan del Sur global y, concretamente, en situación administrativa irregular, que es lo más común.”. Entendemos “Sur global” como una metáfora de aquellos países de los que proceden los migrantes que actualmente llegan a España de modo ‘irregular’, del Magreb a las Áfricas negras, de Latinoamérica a Oriente Medio, de Asia a los Balcanes, que difícilmente (imposible) pueden ser agrupados por su aspecto y rasgos físicos. Y, añade, “las instituciones penitenciarias son el escondite perfecto del corporativismo penitenciario donde una media del 25 al 30 por ciento son personas racializadas”, estableciendo “un marco jurídico democrático racial frente al trabajo penitenciario … en el contexto del corporativismo racial penitenciario …”.

Sin embargo, el ‘trabajo’ penitenciario rechazable no se distribuye en las distintas galerías o el conjunto de la prisión, excluyendo de su práctica a grupos determinados, en función de su origen, sobre todo, cuando la mayor proporción de presos extranjeros, son, por este orden, de nacionalidad marroquí, colombianos, argelinos y rumanos, lo que por supuesto no guarda una relación inmediata con la proporción de migrantes ‘irregulares’ que habitan en España. Todas las estadísticas señalan que en España residen aproximadamente 700.000 extranjeros-migrantes en situación ‘irregular’ de los que unos 600.000 procederían de Latinoamérica y el Caribe, más de 50.000 de Europa no comunitaria y unos 35.000 de grupos africanos.

¿Quiere esto decir, que, en opinión de la autora, el 70-75% de las personas en prisión son, en este aspecto, privilegiadas respecto del otro 25-30% racializado, según la terminología usada que, por otra parte, en esta frase, equipara ‘racializado’ con ‘extranjero’ e, incluso, ‘inmigrante’? ¿Acaso no sufre aquél 70-75% no-racializado (o, quizá, sí racializado pero como privilegiado), en este aspecto, la misma violencia punitiva que el 25%, a manos del contubernio Estado (Instituciones Penitenciarias) – Empresas concesionarias?

¿Qué sentido, tiene crear esta fractura y clasificación fantasiosa entre personas encarceladas, cuya acción emancipadora ha de ser en todo caso colectiva y común, como lo es la humillación de que son víctimas? Dicho de otro modo ¿Crear ideológica y doctrinariamente semejante desafección entre iguales, es una propuesta de activismo social meramente gratuita y banal? O, por el contrario, responde al interés de dinamitar la acción colectiva, haciendo prevalecer agrupaciones identitarias, en todo caso falsas, siempre caldo de cultivo para autoritarismos de todo tipo, jamás honrosos.

No hay duda que en las cárceles, como en cualquier otra institución del Estado, hay un racismo institucional, incluso agravado, que, con frecuencia, se hace presente en formas repugnantes de discriminación, maltrato, agravio y violencia, provocadas o, más frecuentemente, estimuladas por los propios carceleros para su mejor control de la inhumana institución. Pocas cosas son más útiles al orden carcelario y sus agentes, que las banderías, enemistades, recelos entre la propia población reclusa.

Como señalaba en anterior artículo (La Campana, VII Época, nº 35), ante esta doctrina cada vez más exhibida y presente en medios de comunicación, considero que las organizaciones sindicales y sociales, tanto de este país como de cualquier otro lugar, han de renegar y combatir con rotundidad esos conceptos –raza, diversidad racial, personas racializadas, etc-, meros hijuelos de siniestras doctrinas del pasado.