Funcionarios y Sanidad Pública
EFICAZ CONSTRUCCIÓN DE UNA VOLUNTAD SOCIAL PRO PRIVATIZACIÓN
El Gobierno y las aseguradoras sanitarias que participan en el llamado modelo MUFACE (Adeslas, Asisa, DKV y demás) andan negociando y regateando -¡como siempre han hecho!- sobre la cuantía y precio de los ‘servicios’ sanitarios que estas ‘prestan’ y el Estado debe abonarles.
La primera propuesta del Gobierno (MUFACE es un organismo público dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, encargado de prestar asistencia sanitaria a los funcionarios públicos) cifraba su oferta de subida de las primas anuales en un 14% respecto de las actuales, pero ante la presión de las entidades financieras, la incrementó hasta un 17,12%, lo que fue inmediatamente rechazado por las aseguradoras de la mutualidad, al considerarla “totalmente insuficiente” y muy distante de la reclamada: un 40%.
Por ello, ‘amenazan’ con no presentar colectivamente oferta alguna al Convenio y descolgarse de la ‘negociación’ por su renovación, lo que provocaría de inmediato en este ámbito, el colapso del Sistema Nacional de Salud, definido como un “sistema de colaboración público-privado”. Fórmula retórica que encubre la realidad de un sistema en el que los grandes grupos empresariales de la sanidad privada se apropian de ingentes cantidades de dinero público, que habría de estar destinado a resolver las evidentes carencias del Sistema sanitario público.
Dado que los dos bandos en la ‘mesa de negociación’, Gobierno y empresas, comparten absolutamente esta definición ‘colaborativa’ del Sistema Nacional de Salud, por más que discrepen ocasionalmente en la porción del pastel de los presupuestos públicos que corresponde a cada uno, cabe preguntarse, ¿Qué papel corresponde en este tinglado y chalaneo a los cientos de miles de funcionarios, en la defensa de su salud y la salud pública? ¿Quizá defender -como hacemos desde la CGT- que su asistencia debe ser cubierta enteramente por la sanidad pública o, por el contrario, lamentarse por el hecho de que la salud pública pudiera dejar de ser un negocio privado rentable, sujeto a los intereses del sector financiero-asegurador y las empresas sanitarias?
La realidad ofrece una respuesta lamentable a esta pregunta.
La gran mayoría de los funcionarios están cubiertos por MUFACE (1,49 millones de beneficiarios), ISFAS (559.000) o MUGEJU (92.000). Todos y cada uno de ellos, escogen anualmente si quieren ser atendidos por la sanidad pública o la privada. Tres de cada cuatro, un 76%, escogen la sanidad privada, en su abrumadora mayoría, a través de Adeslas, Asisa y DKV.
Resultado: el chantaje del sector financiero-asegurador es aparentemente ‘insalvable’, ya que si Adeslas, Asisa y DKV no se presentan a la renovación del Convenio, la Sanidad Pública tendría que incorporar de inmediato la atención a 1.627.160 nuevos usuarios, lo que, al decir de las aseguradoras, el estado y la sanidad pública no están en condiciones de garantizar.
Por si acaso el gobierno tuviese ‘tentaciones’ de afrontar mínimamente su responsabilidad en defensa de la sanidad pública -¡que de ninguna manera las tiene, pues una y otra vez, insiste, no solo en no derogar las leyes que garantizan e imponen la sanidad privada: Ley 15/97 y artículo 90 de la Ley General de Sanidad, sino en incrementar paso a paso, servicio a servicio, el desmantelamiento de la sanidad pública!- la patronal de las aseguradoras ya ha contratado a la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) para que ‘anuncie’ movilizaciones sindicales ‘en caso de no llegar a un acuerdo”, en los términos interesados por las aseguradoras.
¿Chantaje ‘insalvable? Para nada. Al contrario. Es el momento de actuar con coherencia y del mismo modo que en algún momento habrá que acabar con la dualidad del sistema educativo (estatal / concertado, financiado con fondos públicos), es una ocasión de oro para redefinir el Sistema Nacional de Salud como un Sistema enteramente público.
Hasta el momento, la fecha límite fijada por el gobierno para que las aseguradoras sanitarias -particularmente las de referencia: Asisa, Adeslas y DKV-, se sientan en la mesa de negociación y respondan a su oferta de renovar el concierto y, con ello, reafirmar la privatización de un sector fundamental de la atención sanitaria incrementando las primas en un 17,12%, es hasta el 5 de noviembre. No obstante, el concierto firmado por el gobierno y las aseguradoras hoy vigente no caduca hasta el 1 de enero de 2025.
Uno de Muface, que opta cada año por la Sanidad Pública