LA TRAMA PRO-PRIVATIZACIÓN A TODO TRAPO
Predican trigo, pero ofrecen cizaña
Comentábamos en el anterior número de La Campana como desde el 8 de octubre, el gobierno por un lado y las aseguradoras sanitarias que participan en el llamado modelo MUFACE (Adeslas, Asisa, DKW, sobre todo) por el otro, andaban a la gresca entre compinches discutiendo sobre la cuantía y precio de los ‘servicios’ sanitarios que estas ‘prestan’ y el Estado debe abonarles.
Marco legal privatizador y oferta gubernamental a las empresas
En el marco legal privatizador de la Sanidad previamente pactado por los diferentes grupos políticos en la Ley 15/97 y art. 90 de la Ley General de Sanidad (nunca puestas en cuestión por ningún partido político de izquierda o derecha), en la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado (RDL 4/2000, de 23 de junio) y en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el gobierno de coalición ‘progresista’ actual ofrecía renovar el Convenio, incrementando su aportación a las empresas del sector asegurador sanitario en las primas por valor de un 17,12%. En términos globales, la cuantía total de la contratación anunciada ascendería a 1.337 millones de euros en 2025 y 1.344 millones en 2026, un incremento final del nuevo concierto bianual de 304 millones respecto al último año de vigencia del concierto anterior.
Un teatrillo sin final de partida
La respuesta de las tres grandes empresas del sector actualmente concesionarias de la privatización del servicio sanitario a esta oferta gubernamental fue la de considerar el incremento como ‘insuficiente”, por lo que, finalmente, se concertaron a no presentar oferta alguna al concurso, provocando que -si el gobierno no cede, siendo esta la mano que se juega- la mutualidad de los funcionarios (MUFACE) tendría que derivar a sus 1.490.000 titulares y beneficiarios a la sanidad pública, garantizándoles la atención médica y sanitaria debidas.
Ante este pulso empresarial el gobierno actuará, una vez más, como aquello que lo define: tratando de salvar y de no romper el pacto global del poder político (estructurado autoritaria y jerárquicamente como Estado) con el poder económico privado (capitalismo), propio del régimen actual. Pues, no es circunstancial ni coyuntural, sino estructural y nuclear, que este gobierno de coalición ‘progresista’, al igual que los anteriores de cualquier signo, termine siendo siempre garante de los intereses y beneficios desmesurados de las grandes empresas financieras y sanitarias privadas, en detrimento de la Sanidad pública.
De momento, según Europa Press, el Gobierno ya se ha comprometido a plantear una nueva licitación exprés, que incluya por su parte una nueva oferta económica -incrementada en una cuantía que está por definir- que finalmente contente a las corporaciones empresariales.
Acción sindical de CGT. Defensa de un Sistema público de Sanidad universal
Sin embargo, para la CGT, la respuesta a este desafío empresarial, no puede ser otra que ejecutar de inmediato la defensa de un Sistema Nacional de Salud como enteramente público, universal y de calidad, que incorpore a los funcionarios afectados a la atención sanitaria pública, con la garantía de recibir la mejor asistencia posible en común con el resto de la ciudadanía.
Defendemos un modelo sanitario, que garantice no sólo la asistencia sanitaria y atención médica de calidad para todas las personas sino también el control social de la gestión sanitaria, centrada, no en criterios de mercado, sino en los determinantes sociales, económicos y ambientales de la enfermedad y de su prevención.
Exijamos al gobierno, mediante la movilización social, que no debe demorarse sino plantearse en el más breve plazo posible, llamando a la acción colectiva y organizada a todos los entes y grupos sociales de defensa sincera de la Sanidad Pública, marcadamente y en lo que ahora toca, en el ámbito de las administraciones públicas, que asuman, al menos:
+ Por un Sistema Sanitario público, universal, para todas las personas independientemente de su situación administrativa, que afronte sin tardanza la incorporación inexcusable del millón y medio de nuevos usuarios a la sanidad pública, con todas las garantías de continuidad inmediata y de calidad exigible, compartida con el conjunto de la clase trabajadora. Y, a continuación, que se anule el acuerdo logrado entre las aseguradoras y los organismos públicos Isfas (que cubre a 559.000 beneficiarios) y Mugeju (que da servicio a 92.000 empleados de la Justicia), para que todos los afectados se incorporen igualmente a la asistencia sanitaria pública.
+ Por un sistema sanitario centrado en los determinantes sociales de la salud y de la enfermedad, universal, gratuita y de calidad en el momento de la prestación. ¡Derogación de las leyes privatizadoras que nos han traído a la situación actual: la Ley 15/97 y el art. 90 de la Ley General de Sanidad! ¡Nunca más mercantilización de la salud! ¡Anulación de la financiación a la sanidad concertada!
+ Revisión del RDL 4/2000 y de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, anulando todo lo referente a la posibilidad de la Sanidad privada concertada con fondos públicos.
+ No a las privatizaciones aceleradas de las partes rentables de los sistemas sanitarios, a la concesión a empresas privadas de servicios públicos del ámbito sanitario o la implantación cada vez mayor de mecanismos de la empresa privada, basada en el ánimo de lucro, en los sistemas estatales, lo que genera deterioro de la calidad asistencial e incremento de los costes.
Sindicalismo institucional: Clientelismo al servicio de la Sanidad concertada
Resultará inevitable que en esta movilización la CGT chocará frontalmente con los sindicatos institucionales. Pues todos ellos, hace ya mucho tiempo que se han decantado por el sostén, amparo y legitimación del Sistema nacional de Salud de ‘colaboración público-privada”, definido en la Ley 15/97 y la Ley General de Sanidad, así como por el modelo mutualista aplicado a los funcionarios, en favor de la Sanidad concertada con financiación pública.
El pasado 7 de noviembre, las tres corporaciones, CSIF, UGT y CC OO, mantuvieron una reunión con los altos ejecutivos de la Dirección General de MUFACE, a los que ‘solicitaron’, “hacer todo lo necesario para garantizar la atención sanitaria a todas las personas mutualistas, tanto titulares como beneficiarias”, de modo que los titulares “mantengan la posibilidad actual de elección del servicio sanitario, público o privado”. Apuestan así, por la sanidad concertada, en detrimento de la sanidad pública, universal y de calidad. En el colmo del cinismo, afirmaron que “para evitar el chantaje de las aseguradoras, reclamaban un estudio de costes”, pues, “¡con la salud de las personas no se juega!”.
La primera corporación sindical en manifestar su descarnada simpatía por los planteamientos empresariales, fue CSIF. Esta organización corporativa -ajena al sindicalismo propio de la clase trabajadora- logró el mayor número de representantes en las últimas elecciones sindicales en las Administraciones Públicas. No en vano, los cientos de miles de funcionarios que están cubiertos por Muface y que cada año pueden decidir si quieren que la asistencia sanitaria se la ofrezca una de las aseguradoras privadas del concierto o la sanidad pública, en un 72% de los casos han escogido la sanidad privada. En concreto, un 34% optó por Adeslas, un 25% por Asisa (controlada por Lavinia, una cooperativa de médicos) y un 13,2% por DKV, propiedad del gigante alemán Munich Re. El restante 28% optó por la sanidad pública.
Ropaje retórico y el arte del camuflaje
El tandem oficialista CSIF, CC OO y UGT aseguran que comenzarán en esta próxima semana una campaña de movilizaciones, en demanda de un “plan claro de acción” por parte de Muface, que, en definitiva, garantice la “sanidad concertada”.
Por lo demás, las tres corporaciones -es difícil, considerarlas organizaciones sindicales- “apelan al esfuerzo del Gobierno y a la responsabilidad social (¿?) de las compañías aseguradoras”, a lo que los directivos de Muface responden que la cobertura del actual contrato de Adeslas, Asisa y DKV está vigente hasta el 31 de enero de 2025 y las actuales discrepancias habrán de resolverse antes de esa fecha, en el marco de la colaboración Estado ‘progresista’-Capitalismo ‘sanitario’. Por su parte, las empresas responden que ‘estudiarán’ los términos de la nueva oferta licitadora, que dan por hecho incrementará significativamente la oferta inicial de un 17,12 % en las primas.
En respuesta a este conchabeo y encubridora escenificación, defendamos desde la CGT la sanidad pública, universal y de calidad y exijamos la incorporación de los mutualistas a la asistencia sanitaria pública, sin exclusiones.
¡Derogación de la sanidad concertada con financiación pública!
¡No sometamos nuestra salud a sus intereses privados!
Uno de Muface, que opta cada año por la Sanidad Pública