A CINCO AÑOS DEL CONFINAMIENTOPOR LA COVID-19

Prohibida la investigación (y acercamiento a la verdad) sobre lo sucedido y decidido, bajo pena generalizada de exclusión social y marginación

Para evitar malentendidos, adelanto que mi conocimiento sobre la directora general de Salud Pública de Castilla y León y la furiosa campaña político-mediática que le exigió presentar su dimisión, se limita al contenido del artículo publicado por Juan Navarro, en El País del 6 de marzo. Por supuesto, nada comparto con la posición ideológica o adscripción política de este alto cargo administrativo, ni tampoco con la redacción de El País.

Reseño los hechos tal como se describen en el artículo mencionado. La directora general, en el curso de una entrevista, dijo (entrecomillo): [la covid-19] “no fue una pandemia de gran gravedad” … [el virus] “afectó en unas etapas muy tempranas a la población joven, pero rápidamente evolucionó para convertirse en grave solo en los extremos de la vida, fundamentalmente en las personas mayores” … [concluyó] “La afectación y la disrupción social que produce una enfermedad grave en personas jóvenes es muy superior a la que hemos sufrido”. Estas declaraciones provocaron “gran alarma” e “indignación” extremas en la clase política, del PP al PSOE o Podemos, pero también en “fuentes del sector de la epidemiología en Castilla y León” (no identificadas) que expresaron su “estupor cuando no desolación y rabia contenida con estas declaraciones. Sensaciones compartidas con muchos otros profesionales sanitarios”.

¿Qué revelan estos hechos? A mi juicio el que hayan sido o no un error para la carrera política de esta mujer resulta indiferente, pero en absoluto lo es, que se impida, pública y autoritariamente, la necesaria investigación sobre el virus y su malignidad y, más aún sobre lo vivido en nuestro país en 2020-2021: confinamientos, vacunaciones masivas, toques de queda, abandono forzoso y cruel por sus familiares de ancianos, incluso en trance de muerte, etc, etc. En definitiva, un enérgico y efectivo control social-represivo sobre una población que se mantenía artificiosamente asustada,

¿Pues, que ha dicho esta señora, que tanto y a tanto señorío político-corporativo desasosiega? Según lo que recoge El País, nada que no sea verdad, ni siquiera nada que fuese concebido como mentira en el mismo momento que se extendía la pandemia. Pues verdad es (y era ya conocida con anterioridad a marzo de 2020 y meses siguientes) que la letalidad del virus oscilaba entre el 0,14% y el 0,23% de los infectados (por tanto, no fue pandemia de gran gravedad, ni siquiera en relación a otras pandemias víricas y gripes habituales) y que esa letalidad descendía abruptamente por debajo de los 75 años (por tanto, “grave solo en los extremos de la vida, fundamentalmente en las personas mayores”).

¿Qué motiva entonces “la desolación” y la “rabia” incontenidas de la clase política gobernante y de los grupos corporativos directamente implicados en la gestión de la “salud”, citados en el artículo?

A mi entender, el verdadero quid de la cuestión -la mujer no es más que una víctima colateral en la farsa montada- es que se trata de pasar página y eludir responsabilidades sobre lo sucedido, cuando la población española y de otros países -no en todos, ni muchísimo menos- fue sometida a una coacción autoritaria a gran escala, con suspensión de derechos fundamentales y necesarios para una vida digna. Es el paso de la sumisión acrítica y obediencia paralizante de los años 20 y 21 al olvido decretado. Un “olvido” que garantice la impunidad de los procedimientos y medios utilizados para el acatamiento general a lo indebido. Unos procedimientos e instrumentos de control y seducción narcotizante que, las mismas instituciones y personajes, utilizan hoy para que el mundo asista claudicante a la exhibición de un genocidio sobre un pueblo indefenso. Una vez más, se trata de impedir que cunda entre la población del mundo, también de la española, la conciencia cabal de haber sido sometida a un experimento exitoso de control social, en favor de unos intereses -estructural y necesariamente espurios-, ayer ligados a las grandes corporaciones industriales y financieras del sector biosanitario y farmacéutico y la corrupción comercial, pero, sobre todo, a intereses propios al ejercicio del poder político, internacional y nacional. Y, ahora, dirigidos a las grandes corporaciones capitalistas y canallas políticos vinculados a la industria militar y sectores tecnológicos informáticos.