LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR: ENGAÑIFA, ENTRETENIMIENTO O AMBOS

De tarde en tarde, este que suscribe se encuentra con que hay compañeros y compañeras que dedican sus esfuerzos a recoger firmas para la promoción de una determinada Iniciativa Legislativa Popular. Incluso, en ocasiones, esta ILP está apoyada por la CGT, aunque en realidad no sepamos qué organismo confederal lo aprobó, en qué consiste concretamente el contenido preciso de la iniciativa que se apoya y, ni siquiera, si ha habido alguna reunión orgánica en la que se haya debatido y aprobado que la organización manifiesta su defensa a la presentación de esa proposición de ley concreta. Antes de seguir, quiero hacer constar que esto no es una novedad achacable al Secetariado Permanente actual, sino que viene siendo así desde casi la adopción de las siglas CGT.

Quizás deberíamos plantearnos -el próximo congreso ordinario orgánico sería un buen escenario- qué significan las ILP, qué coherencia mantienen con los principios de la organización y qué puede haber de bueno en que la utilicemos en nuestra estrategia sindical. Vayamos a ello, adelantándonos al comicio orgánico:

a) La participación en una ILP muestra el reconocimiento explícito del papel de las Cortes como centro del tinglado político-económico del régimen, la renuncia explícita a la acción directa al aceptar interlocutores ajenos a la organización con el tinglado estatal y el espaldarazo a los partidos políticos como únicos con derecho a regular nuestras vidas. Hay que tener en cuenta que, una vez admitida a trámite una ILP, esta se separa definitivamente de los promotores y pasa a ser propiedad de los grupos parlamentarios, que podrán aceptarla, rechazarla o incluso enmendarla sin límites, hasta el punto de que su contenido puede acabar siendo contrario a los deseos de quienes la presentaron en primera instancia.

b) En el aspecto meramente práctico, una ILP significa conseguir el respaldo de al menos 500,000 firmas debidamente reconocidas legalmente, por si solo un trabajo nada despreciable. Hasta el momento, se han presentado 143 iniciativas de este tipo y, de ellas, solo cuatro han terminado teniendo algún resultado concreto en la legislación, dos de ellas parciales. El resto (139) o no han alcanzado el número mínimo de firmas, o no cumplían los requisitos en cuanto al contenido u obligaciones formales de otro tipo, o caducaron o fueron retiradas por los propios promotores o fueron rechazadas por el Congreso. Como se puede ver, se trata de un mecanismo erizado de obstáculos que solo ha sido pensado para evitar precisamente lo que se dice promocionar: la participación ciudadana en la labor legislativa. En definitiva, la ILP supone una contradicción radical con el concepto de democracia directa que defendemos. Si esto nos obliga además a peregrinar y mendigar por los grupos parlamentarios los apoyos necesarios para sacar adelante estas iniciativas, tenemos el cuadro completo: un mecanismo en las antípodas de la sociedad libertaria y de la acción sindical que pregonan nuestros estatutos y nuestros acuerdos congresuales.

c) Según lo expuesto anteriormente, ¿vale la pena este ímprobo trabajo de presentar una ILP cuándo el resultado está prácticamente cantado desde el primer minuto, es decir, cuando el rechazo, la caducidad o la modificación de sus aspectos más positivos es lo más probable que suceda? ¿Podemos dejar, aunque sea un segundo, de hacer nuestra labor sindical y social para dedicarnos a una labor que nos robará energías, tiempo y medios de nuestros objetivos primordiales?

Evidentemente, tengo una posición clara con respecto a las ILP y su significado como parapeto del tinglado político vigente. Otros la tendrán como un mecanismo válido para remover conciencias, visibilizar problemas e, incluso, algún incauto pensará que con él se podrán mejorar las cosas. Sin embargo, la participación de la CGT en una ILP es una cuestión que atañe a toda la afiliación y, por ello mismo, no puede dejarse a la decisión de una minoría, sea esta un sindicato, una territorial, una sectorial o un secretariado con aparentes buenas intenciones. La decisión es competencia de toda la organización y, por lo tanto, toda la organización debe tener ocasión de debatirlo y aprobarla o rechazarla con los mecanismos que solemos utilizar, de abajo arriba y con toda la información de la que se disponga para adoptar una decisión solvente. Por ello, a falta de un acuerdo congresual, lo menos que podemos reclamar es que la participación de la CGT en cada una de las ILP debe ser acordada, al menos, por el Comité Confederal en Plenaria y con el punto de cada una de ellas concreto en el Orden del Día. Así, toda la organización participará del acuerdo, sea cual sea. Y esto no es por que sí, sino porque nuestros principios de funcionamiento y nuestros Estatutos nos obligan a ello. Esperamos que, de ahora en adelante, así se haga.