DENUNCIAN LA PERSECUCIÓN A HUSSEIN AMAADOUR
Estudiante saharaui, entregado por las autoridades españolas a Marruecos
Hussein Amaadour, estudiante universitario saharaui en la Universidad de Agadir, llegó en patera a la isla de Lanzarote en enero de 2019 huyendo de la policía marroquí por su activismo en defensa de la autodeterminación del pueblo saharaui. Cuando confiaba haber logrado su libertad -si cabe llamar libertad a un exilio forzoso, huyendo de la represión y la tortura, ambas seguras, y quizá de la muerte- el joven insumiso fue entregado a Marruecos por las autoridades españolas, a cargo del Ministerio del Interior que dirige el juez Fernando Grande-Marlaska, a pesar de que, desde el primer momento, había pedido asilo en España. De hecho, la detención por las autoridades españolas de Hussein ya fue declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (expediente nº 63/2024) que pidió su liberación inmediata y reparación.
[A no olvidar: entregado a Marruecos por el gobierno español de coalición más progresista y feminista de la historia, PSOE-SUMAR, al tiempo que ejecutor de la traición más miserable y ruin al pueblo saharaui, en aras de una presunta “razón de estado”]
En relación a Hussein Amaadour, pero también a otras personas saharauis, cuatro Relatoras Especiales de las Naciones Unidas han enviado recientemente una comunicación a Marruecos, expresando su “profunda preocupación por la continua persecución de los defensores de los derechos humanos saharauis”, entre ellos contra “Hussein Amaadour y su hermana, Soukaina”. Firman la comunicación dirigida a Marruecos, Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos, Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados.
Según el Informe, Hussein había llegado a España en patera el 11 de enero de 2019. Tres días después compareció ante el juez de instrucción número 4 de Arrecife, que ordenó su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Hoya Fría (Tenerife), pero el 17 de enero fue entregado a la policía marroquí por funcionarios del Ministerio del Interior. En ese mismo año, en noviembre, fue juzgado por algún tribunal sicario (todos lo son, de la Ley corrupta que el poder correspondiente dicta) y condenado a 12 años de cárcel, acusado de formar parte del grupo de estudiantes saharauis “El Luali” y participar en el asesinato de un joven marroquí. Respecto de este último cargo, la única prueba que se presentó (y fue considerado válida y suficiente) fue un atestado policial sin firma con declaraciones auto inculpatorias, que Hussein siempre negó haber hecho y jamás firmado, por más que fue sometido a un trato violento y humillante, acoso físico, insultos racistas y denegación de atención médica esencial.
El Informe también señala el grave deterioro de la salud de Hussein y recuerdan que su detención ya fue declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, que pidió su liberación inmediata y reparación.
A pesar de ello, las autoridades marroquíes (en todos sus estamentos: gendarmería, policías, jueces, legisladores … monarca), violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado incluso por Marruecos en 1979, e incumpliendo las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), que exigen el acceso a la atención médica, la detención cerca de familiares y que los registros de las visitas se realicen con dignidad, han mantenido en estos años a Hussein encarcelado en condiciones deterioradas, lejos de su hogar familiar que apenas pueden visitarlo, en celdas superpobladas y antihigiénicas, sin acceso adecuado a atención médica, aun cuando los informes describen que sufre de problemas renales crónicos, desnutrición y debilidad extrema después de una huelga de hambre a principios de 2023.
Esta no es la primera vez que los mecanismos de la ONU intervienen contra la represión de Marruecos contra los saharauis y de las inadmisibles actuaciones del gobierno en materia de Asilo y Refugio. En junio de 2023, ocho Procedimientos Especiales de la ONU, incluidos relatores sobre vivienda, minorías, derechos culturales y detenciones arbitrarias, instaron conjuntamente a Marruecos a detener la demolición de viviendas y patrimonio cultural saharauis y a poner fin a los patrones de discriminación y despojo en los territorios ocupados. Se trata de “reiteradas intervenciones que ponen de relieve una política sistemática de persecución llevada a cabo por Marruecos contra defensores saharauis, periodistas, estudiantes y civiles comunes que se niegan a renunciar a su derecho a la autodeterminación, incluso en los términos reconocidos por la ONU.
Desde el Colectivo Justo Fierro, de CGT Pontevedra, reiteramos nuestro compromiso solidario con la larga lucha del pueblo saharaui. Hacemos un llamamiento a la afiliación para que, una vez más, en la medida de nuestras fuerzas y un poco más, exijamos al gobierno español que desande el camino de la traición y la indignidad que viene protagonizando desde 2022, tras haberse convertido en socio político del monarca marroquí y agresor del pueblo saharaui.