EL HACHA HOMICIDA QUE NO CESA
En los ocho primeros meses de 2025 fallecieron 489 personas en su trabajo
En lo que llevamos de 2025, en cada día laboral, han muerto entre 2 y 3 trabajadoras en accidente durante su jornada de trabajo. Según los datos publicados en el último informe del Ministerio de Trabajo, los accidentes laborales se han cobrado 489 fallecidos hasta agosto, sin que los sindicatos -incluida CGT- estemos haciendo todo lo necesario y exigible para frenar esta brutal mortandad, de todo punto evitable.
La estadística refleja que la siniestralidad laboral non sólo sigue en las cifras desoladoras de los años anteriores, sino que mantiene una mayor incidencia en los sucedidos durante la jornada de trabajo (398) que en los ‘in itinere’, es decir, en el camino de ida o vuelta del trabajo (91).
Por sectores, siguiendo la tónica ya habitual, el índice de incidencia de los accidentes mortales es superior en la construcción, con un índice del 0,98, por encima del 0,24 del total, lo que supone que es en este sector donde mayor peso tiene esta siniestralidad sobre el total de trabajadores. De hecho, en la construcción, en este periodo, han muerto 113 personas durante su jornada, con un aumento del índice de mortalidad del 18% respecto del año anterior. En el sector industrial, han fallecido 71 trabajadores durante su jornada, lo que representa un aumento del 6% respecto al año pasado.
Entre los accidentes durante la jornada laboral la principal causa de fallecimiento fue, como es habitual, los infartos, derrames cerebrales u otras causas naturales (169), seguido de golpes resultado de una caída (64), los atrapamientos, aplastamientos o amputaciones (54) y los accidentes de tráfico (52).
¿Qué cabe hacer desde los sindicatos como CGT para detener esta sangría?
Primero, señalar que lo que no cabe hacer es silenciarla y/o, acatar, que tales hechos y semejantes cifras puedan ser despachados cómo ‘accidentes fortuitos’ [sin causa ni responsables], ‘desgracias personales’ [singulares y no sufridas por la colectividad trabajadora] o ‘sucesos ocasionales’ [no reiterados ni endémicos], sobre los que poder pasar página al día siguiente de producidos. Al contrario, aquí no hay azar, ni fatalidad, ni mera mala fortuna. Semejante tributo en muertes y graves lesiones, como señalaba un editorial de La Campana (nº 69, de 5 de mayo 2025), es “la consecuencia inexorable de un orden político-económico y sistema de producción, basados en el lucro privado y la supremacía jerárquica del empresariado en la organización del trabajo”.
Hemos de señalar que tanto la patronal como el gobierno y los legisladores son los primeros y más directos responsables de la abrumadora mayoría de los accidentes laborales que se producen en nuestro país, hasta alcanzar la temible cifra alcanzada en estos ocho meses precedentes, con casi medio millar de muertos y millares de mutilados o con graves secuelas por meses y años, sino por vida.
A nuestro entender, las organizaciones sindicales, ante cada nuevo suceso letal o con graves lesiones graves en nuestro entorno, además de condolernos y solidarizarnos con la víctima y ayudar en lo necesario al compañera/o y sus familiares, debemos exigir de inmediato y con la publicidad movilizadora necesaria, tanto a la patronal afectada como a la Inspección de Trabajo y al gobierno, el cumplimiento, ampliación y mejora de las medidas de salud y seguridad laboral concretas, cuyo quebrantamiento sistemático está detrás de un elevado número de los accidentes letales.
Y ello, por más que, según señalan todos los informes científicos socio-laborales, los principales factores que están en la base de la alta siniestralidad laboral no son exclusivamente técnicos, sino que apuntan a las condiciones laborales: precariedad, bajos salarios, jornadas abusivas, retrasos en la edad de la jubilación, ritmos inadecuados, cansancio y, sobre todo, a la primacía que se otorga en la legislación al interés económico de las empresas sobre la salud y vida de los trabajadores. Una legislación que, en esta materia, lleva más de 30 años sin actualizarse, ignorando los cambios que se están produciendo en el entorno laboral.
Baste, a modo de ejemplo, apuntar lo que sucede en el ramo de la construcción, en el que, según hemos citado, han muerto en estos meses en accidente laboral, 113 personas. Hablamos de un sector que emplea en España a más de un millón y medio de personas trabajadoras y donde 126.000 de ellas superan ya los 60 años (la edad en la que hasta hace pocos años, se mantenía la edad de jubilación) y más de 17.000 personas son mayores de 65 años. Pese a estos datos, el sector de la construcción se “quedó fuera” del Real Decreto que, desde 27 de mayo, regula el procedimiento para anticipar la jubilación en los trabajos “de especial dureza” y las “actividades con mayor siniestralidad y con más enfermedades laborales asociadas”. Así es. El gobierno, deliberadamente y, a nuestro juicio, criminalmente, excluyó de los nuevos coeficientes reductores al sector de la construcción, pese a que un elevado número de los muertos en el andamio, superaban los 60 años de edad.