NO ES LA EXCEPCIÓN, SINO LA REGLA, LO QUE AQUÍ SE DESCRIBE
Ecologistas y ambientalistas amenazados de prisión
LA SINRAZÓN PENITENCIARIA DE LA VIOLENCIA ESTATAL
El código penal, las leyes, los tribunales, la cárcel … como instrumentos para la criminalización y represión de la protesta pacífica
Este jueves, 21 de mayo, arrancó en el Juzgado de lo Penal nº 10 de Madrid el proceso judicial contra nueve personas para las que se piden penas de un año y nueve meses de cárcel por arrojar el 30 de marzo de 2023 pintura biodegradable a la fachada del Congreso. Además la Fiscalía pide el abono de una indemnización en conjunto de 5.863,98 euros al Estado en concepto de limpieza y restauración, a pesar de que el líquido utilizado era inocuo y eliminable con agua. Muchos euros parecen para una limpieza de tamaña envergadura, pero ya se sabe cómo se las gastan sus señorías en materia de dispendios. Por otro lado, los mismos colectivos, habían realizado una acción similar en el mismo lugar y día, 30 de marzo, del año anterior.
Apenas cinco días después, el 26 de mayo, tuvo lugar la vista oral contra tres personas que habían sido detenidas en la zona de Nuevos Ministerios de Madrid el 7 de octubre de 2019, por una acción de protesta ecologista en la que participaron unas 300 personas, convocadas por las plataformas 2020 Rebelión por el Clima y Extinction Rebellion. A todos ellos se les acusa de un delito de resistencia grave a la autoridad, el cual puede suponer penas de prisión de tres meses a un año.
30 marzo 2023 – Hace ya más de tres años, el 30 de marzo de 2023, nueve manifestantes ecologistas, vinculados a los colectivos Rebelión Científica, Extinction Rebellion y Futuro Vegetal lanzaron agua diluida con témpera roja biodegradable, contra la fachada del Congreso de los Diputados. Según sus declaraciones -realizadas ya en el mismo momento de su actuación, detención e identificación policial- afirmaron: “estamos en nuestro derecho a la desobediencia civil en los términos reconocidos por la ONU” … “si nos acusan de un delito de daños” (a una piedra insensible, que vertiendo agua sobre ella no queda rastro alguno de la afrenta cometida) “el daño que estamos intentando evitar es muchísimo mayor”.
La acción de aquel día se enmarcó en una doble protesta. Por un lado, se trataba de manifestar la protesta necesaria y llamar la atención pública contra la inacción del Gobierno en materia de emergencia climática … las insuficientes medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo en contraste con las reclamadas por los informes de la comunidad científica mundial, representada en el Panel Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC). Por otro lado, se movilizaban contra lo que consideraron una “criminalización del movimiento científico”, patente en el encausamiento de quince científicos por una acción del todo similar, realizada el año anterior.
6 abril 2022 – Ese día de marzo de 2023 comenzaban a declarar ante el Juzgado 15 científicos y académicos por los hechos relativos a una acción similar realizada un año antes. En aquella ocasión, el 6 de abril de 2022 decenas de personas ataviadas con batas blancas arrojaron un líquido inocuo que simulaba pintura roja —en aquella ocasión agua con jugo de remolacha— sobre las escalinatas y las columnas del Congreso de los Diputados, alegando entonces que “el retraso en la acción climática significa muertes”. “Hartos de estar repitiendo lo mismo desde hace más de un decenio sin que los estados y responsables políticos hagan nada serio para solucionarlo” fue por lo que colectivos de la comunidad científica implicada, decidieron realizar aquél acto de acción directa y desobediencia civil pacífica, al objeto de alertar a la opinión pública mundial y “lanzar a los cuatro vientos” el incontrovertible vaticinio “de los drásticos cambios que se avecinaban si la humanidad no reducía las emisiones de gases de efecto invernadero”.
Se les acusa de presuntos delitos contra el patrimonio histórico y público, por más que ¿cómo puede ser pública y comunal la escalinata de un edificio? en el que se celebra la usurpación de la soberanía popular a manos de unos congresistas que sí se otorgan jerárquicamente el poder privativo de hacer la Ley y ejercer el monopolio de la violencia criminalizadora legítima, amparándose en haber sido electos en alguno de los episodios del ritual electoral amañado que usan las llamadas democracias representativas con las que el estado liberal capitalista camufla su real dictadura.
Al igual que pide para los encausados por la acción de 2023, la Fiscalía solicita para los 15 acusados de 2022 penas de 21 meses de prisión por un delito contra el patrimonio histórico, aunque redujo el coste de la limpieza de la fachada del Congreso 713,57 euros (8 veces menos, que ahora).
Se trata de lo de siempre. Es de nuevo la amenaza y la aplicación severa del Código penal para reprimir actos declaradamente no-violentos de desobediencia civil y de denuncia de los daños (estos sí agresivos y lesivos) que provocan las políticas gubernamentales en materia de contaminación, cambio climático, degradación de los ecosistemas terrestres y acuáticos, etc, etc. Contra todo ello, debe el sindicalismo enfrentarse y movilizarse, pues sólo la movilización colectiva podrá poner fin a semejante estado de cosas.