NORMAS Y VACUNACIÓN A NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA COVID / 1

¿Imperativo sanitario o fraudulenta excusa del autoritarismo?

Las investigaciones bio-médicas y epidemiológicas coinciden: 1) La abrumadora mayoría de los menores infectados de Covid-19 (más del 99%) la padecen como una enfermedad leve, resuelta con rapidez. Las situaciones excepcionales que contradicen esta levedad, coinciden siempre con otras afecciones subyacentes; 2) Los menores como transmisores del Covid-19, apenas la contagian y nunca han sido un peligro relevante en este aspecto.

Así pues, basándonos en estas precisas conclusiones del panel científico más acreditado ¿cabe aceptar sin más que el verdadero interés de las normas impuestas por la burocracia estatal en España a los menores -causando en muchos de ellos graves daños tanto físicos y psíquicos como educativos, afectivos, formativos, etc- sea atender a su cuidado o defender su salud? A nuestro juicio: De ningún modo.

Veamos los datos, en los que todos los informes médicos solventes coinciden. Según el estudio realizado en Reino Unido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 22 de febrero de 2021, publicado en la revista médica The Lancet Child & Adolescent Health, con datos de 250.000 niños, sólo un 4,4% de los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años infectados experimentan dos o tres síntomas de carácter leve más allá de las cuatro semanas y reflejan una recuperación mayoritaria total antes de las ocho semanas. Se trata, para ellos, de una enfermedad leve. Sólo en casos excepcionales, la infección deviene en grave.

En cuanto a los estudios que han puesto en el foco de su investigación la mortalidad en niños y jóvenes por Covid, como el realizado por el University College de Londres y las universidades de York, Bristol y Liverpool, con datos procedentes del servicio de salud pública de todo el Reino Unido, la conclusión es abrumadora: “el riesgo de fallecimiento por Covid-19 en menores de 18 años es extremadamente bajo”, pues se han producido 25 muertes en una población de aproximadamente 12 millones de menores, por más que 15 de estos menores presentaban afecciones subyacentes o que limitaban su vida. Sólo en 6 de los fallecidos no se encontraron condiciones subyacentes, aunque tampoco se descartan.

En lo que se refiere a la consideración de los menores como transmisores del Covid, tampoco los datos ofrecen duda: los niños apenas contagian la Covid-19 y nunca han sido un peligro relevante en este aspecto. Así lo confirma, por ejemplo, el estudio realizado por el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, según el cual, solo un 3,4% de los niños con infección confirmada en Catalunya entre el 1 de marzo y el 31 de mayo (en pleno confinamiento) fueron los transmisores del SARS-CoV-2 dentro de su núcleo familiar o, dicho a la inversa, el 96,6% de ellos no transmitieron la enfermedad a los familiares con los que convivían. La continuidad del estudio en periodo posterior (entre el 1 de julio y el 31 de octubre, en plena desescalada y vuelta a las aulas incluida), ha vuelto a dejar claro que los niños son menos transmisores Covid que los adultos, y que “la libre circulación y el retorno a las escuelas no han supuesto una mayor transmisión del SARS-CoV-2 por parte de ellos”.

Así pues, ¿conociéndose esta información -ciertamente deliberadamente ocultada a una gran mayoría de la población, perdida en el brutal muro de banalidad, superstición y descaro servil al que se han entregado a coro los medios de comunicación y espectáculo más influyentes-  cabe aceptar sin más que el objetivo de las normas impuestas por la burocracia estatal es atender a su cuidado o defender la salud de los menores? Todo ello, aún a costa de imponerles mascarillas, ‘células de convivencia’, aislamiento y confinamiento, desafecto colectivo, la educación en entornos virtuales (arrinconando la educación presencial, cada vez menos relevante a expensas del fetichismo tecnológico educativo y la mercantilización del acto educativo mismo), cierre de parques y lugares de vida compartida, supresión de actividades extra-escolares y compartidas, etc, etc

¿Cabe aceptar sin más que el factor responsable de fabricar e imponer esta desquiciada ‘normativa’ a semejante coste, no es otro que la presunta (y jamás demostrada) filantropía de la clase política gobernante?

A nuestro juicio, no cabe otra respuesta a esta inquietante pregunta que: Rotundamente NO. Los actores principales de este desgraciado teatro coercitivo no son ni lo fueron nunca el amor, el cuidado o el respeto al interés del menor, sino otros muy distintos, estos sí dispuestos a fabricar e imponer esta “normativa” a semejante coste. En una segunda parte de este artículo, expondremos cuáles puedan ser a nuestro entender los intereses, objetivos, motivos y causalidad verdadera de semejante delirio y trataremos de identificar a algunos de los personajes e instituciones que lo protagonizan.