DESALOJADAS 200 PERSONAS QUE VIVÍAN EN LA ANTIGUA CÁRCEL DE PALMA ENTRE BASURA, SIN AGUA NI LUZ

De este modo titulaba un conocido periódico digital español la noticia de que decenas de familias, habitantes en Palma de Mallorca, fueron desalojadas por la fuerza del edificio que habían ‘ocupado’ para poder alojarse: las ruinas de la antigua cárcel, situada a unos tres kilómetros de la capital balear. El colectivo “Justo Fierro”, hubiéramos preferido otro titular, por ejemplo:

DE CÓMO LA ALIANZA DEMOCRÁTICA DEL DERECHO Y EL DINERO INTERESA A LAS RATAS

Unas doscientas personas en el trance de vivir en la pobreza extrema, sin otros recursos que los que les brinda la miseria, la precariedad, la temporalidad jornalera, el paro o, incluso, la caridad pedigüeña, encontraron entre las ruinas de la antigua prisión de Palma un lugar en el que malvivir hacinadas, expuestos al frío o la lluvia, sin agua y sin electricidad, apenas guareciéndose entre montones de basura, escombros de obra, paredes y techos derruidos, y en algunas zonas bajo amenazas de derrumbe. De este lugar van a ser literalmente arrojadas por las autoridades del Ayuntamiento a “cualquier parte”, echándoles de su precaria vivienda “a quemarropa y sin tener adonde ir”.

Esta pequeña y lamentable historia -una más entre las otras muchas que ocurren en este solar que las autoridades y especuladores consideran ‘patrio’- comenzó en 1999.

Ya en 1968, se había cerrado la antigua prisión provincial ubicada en un convento, para alojar a sus víctimas en la nueva cárcel de Palma, que permaneció en funcionamiento poco más de veinte años, hasta su cierre en 1999. Desde esa fecha a hoy las paredes, techos y estructuras del edificio abandonado fueron desmoronándose, ya sólo útiles para la vida de líquenes, musgos, flora silvestre y animales oportunistas que, como las ratas, paseaban con absoluta tranquilidad por en medio de los tabiques, suelos desconchados y restos de tuberías. Entre tanto, en estos últimos 25 años, se ha acentuado la especulación de la vivienda en toda la isla balear. Los alquileres se han disparado, ha dejado de ofertarse vivienda social y, con ello, decenas de familias y cientos de personas, fuesen nacionales o migrantes, con o sin papeles, quedaron atrapadas por la necesidad de ocupar lugares baldíos y edificios ruinosos y abandonados. Así, por ejemplo, en el aeropuerto de Palma pasan la noche a diario 41 personas, en situación similar a los ‘ocupas’ de la antigua cárcel.

En julio de 2013, el Ayuntamiento de Palma adquirió el edificio a través de una permuta con Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. Tras la adquisición, el Concello conminó a la iniciativa privada a que presentase proyectos con los que proporcionar un nuevo uso a la antigua cárcel, lo que en ningún momento llegó a plasmarse. Lo que propició que, cada vez más personas, pudiesen acercarse e instalarse entre los escombros. Las antiguas galerías y bloques de la prisión se adornaron de trapos con los que simular puertas, planchas de cartón y restos de tableros para levantar paredes, cacharrería desvencijada como utillaje, electrodomésticos, muebles rotos recogidos entre la basura capitalina y periférica.

El 12 de marzo, a apenas una semana de que se cumpla el plazo impuesto por el Ayuntamiento para el desalojo ‘voluntario’ ya se desplegó amenazante en la zona un amplio operativo de la Policía Local. Enseguida todos los moradores comprendieron lo que eso significaba. Ser arrojados como “perros a la calle”, aunque también de las ‘calles’ de la ciudad los expulsarían de inmediato.

Y esto fue exactamente lo que ocurrió ese día. La Policía municipal fue entregando a los vecinos un documento en el que constaba la identificación de las personas que, según el Ayuntamiento y la Ley, “están ocupando de manera ilegítima un bien de titularidad municipal” y “por lo que se les insta al cese en la ocupación de forma voluntaria”, como si la necesidad de ocupar aquella ruina, en competencia con las ratas y a la intemperie, fuese ‘voluntaria’, fruto de una intención libre. El documento añadía: “En caso de que en diez días no lo abandonen, se iniciará un procedimiento administrativo bajo multas coercitivas de hasta un 5% del valor de los bienes ocupados”. Y “en caso de desobediencia o resistencia a la autoridad” se adoptarán “cuantas medidas sean conducentes a la recuperación de la posesión del bien” y se impondrán “sanciones entre los 601 y los 30.000 euros, de acuerdo a las notificaciones”.

Es la ley, es la autoridad, es el estado -ayuntamiento, comunidad o reino- y, como siempre, enfrente, la necesidad, la reivindicación y la determinación que despunta, por más que, en este caso, todavía no se organiza y rebela.

NOTA: Al cierre de esta Campana -ya cumplido el plazo dado por el Ayuntamiento para el desalojo ‘voluntario’-, todavía no se ha confirmado el desalojo efectivo, negándose los moradores a firmar la notificación municipal y, algunos de ellos, disponiéndose a resistir.