ENTRA EN VIGOR LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE EXTRANJERÍA
TODOS LOS AVISOS FUERON VANOS:
El gobierno condena a cientos o miles de solicitantes de asilo,
a sobrevivir en la clandestinidad y sin trabajo durante dos o más años, si antes no los persiguen y expulsan
El 20 de mayo entraba en vigor la última reforma del reglamento de la Ley de Extranjería. Sin embargo, hasta hoy, el gobierno español, pese a sus reiteradas promesas, no ha aprobado ninguna solución para los miles de solicitantes de protección internacional que, desde ahora, quedarán en un limbo jurídico y administrativo ante una respuesta negativa a su petición. Lo que empujará a la clandestinidad durante dos años a todos aquellos que reciban una respuesta negativa de su petición.
¿Negligencia gubernamental? ¿Desidia institucional, xenófoba y/o racista? En cualquier caso, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización extraordinaria, avalada por más de 700.000 firmas, permanece estancada y sin tramitarse desde hace meses en el Congreso.
El Gobierno aprobó el nuevo reglamento de extranjería en noviembre, con seis meses de plazo hasta su entrada en vigor. En estos seis meses el gobierno debía haber corregido el Reglamento para resolver las graves acusaciones de ‘vulneración de derechos’ que formulaban todo tipo de ONG’s y asociaciones de derechos humanos. No lo hizo, por más que siga prometiendo que ‘pronto’ lo hará, aún fuera del plazo que se había otorgado. De momento, a 21 de mayo, decenas de solicitantes de asilo han caído ya en la irregularidad administrativa como consecuencia de los nuevos requisitos impuestos por la futura normativa en caso de que su petición de protección sea rechazada, por lo que tendrán que sobrevivir sin papeles durante al menos dos años hasta poder solicitar un permiso de residencia.
ENTRE TANTO ….
Siete mujeres afganas expulsadas del sistema de acogida en España. En las últimas tres semanas, el gobierno español ha dejado fuera del sistema de acogida a siete mujeres afganas a las que, previamente, se les había concedido un visado humanitario, para llegar a España, cuando se encontraban refugiadas y exiliadas en Paquistán.
Las mujeres, huyendo de las amenazas de muerte y de la muerte misma que sobre ellas había decretado el gobierno de su país, Afganistán, habían logrado llegar al aeropuerto de Barajas con un visado humanitario expedido por la Embajada de España en Pakistán. En principio, el visado les permitiría la inclusión inmediata como beneficiarias en el sistema de acogida español y, con ello, acceder a alojamiento y manutención mientras se resuelve su solicitud de asilo. Sin embargo, utilizando excusas burocráticas varias, en cualquier caso reveladoras del racismo y la xenofobia institucional cada vez más presente en nuestro país, estas mujeres fueron retenidas en el aeropuerto, situándolas en un “limbo jurídico”, sin poder acceder a un puesto de trabajo ni vivienda ni a sistema de acogimiento.
De las siete mujeres afganas, a fecha de hoy, 25 de mayo, solo se ha resuelto uno. Las seis mujeres restantes que no han sido incluidas en el sistema de acogida, dos se han marchado indocumentadas a Francia —donde no pueden solicitar asilo pues deben hacerlo en el país de llegada, España— y las otras cuatro siguen sin cita para solicitar asilo.
17 mayo, en Gran Canaria, abatido a balazos por agentes de la Policía Nacional el joven Abdoulie Bah – El 17 de mayo, el joven gambiano, Abdoulie Bah, se encontraba en una zona del aeropuerto isleño, portando un cuchillo. Mostraba un estado de angustia mental aguda, presuntamente afectado por esquizofrenia. Agentes de la Policía Nacional lo abatieron con cinco disparos, prácticamente a quemarropa.
La Asociación de Mujeres Africanarias y Afrodescendientes en Canarias y la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias (FAAC) sostienen que “lo de Abdoulie fue un asesinato en toda regla.”. El desvarío del muchacho y el estado de angustia mental que mostraba, de ningún modo pueden justificar que al enfermo se le disparen cinco tiros, cuando el protocolo de estos casos (exhibición de un arma blanca, por un individuo gesticulante y fuera de si) señala con claridad que el uso de armas de fuego letales solo podría ser considerado ante en situación extrema de ponerse en peligro otras vidas, lo que de ningún modo era el caso, y no disponerse de otros medios para reducirlo, lo que tampoco era el caso.
“Si fuera blanco, no lo habrían matado”. Las asociaciones antes citadas, convocaron el 22 de mayo una concentración frente a la Delegación del Gobierno. El manifiesto de los organizadores, destacó que según lo que se ha podido ver en los vídeos, hay “serias dudas sobre el respeto del derecho humano a la vida y al principio de proporcionalidad en la actuación policial”.