LAS 6 DE LA SUIZA AMENAZADAS DE INMINENTE INGRESO EN LA CÁRCEL
El legislador, el juez, el gobernante y la patronal, todos a una, confabulados contra la clase trabajadora
Frente al acoso judicial y político que sufren seis trabajadoras de la pastelería ‘La Suiza’ de Gijón, amenazadas de inmediato ingreso en la cárcel, CGT de Pontevedra ha denunciado este martes, 24 de junio, ante la Audiencia Provincial, la indignidad de unas resoluciones judiciales que criminalizan el sindicalismo y pretenden convertir su libre ejercicio en delito.
Se trata de un nuevo acto de agresión injustificado e injustificable, contra la clase trabajadora y contra la actividad sindical, que se suma a otros muchos que se vienen sufriendo en los últimos meses. Como el recientemente denunciado en las páginas de La Campana (VII Época, nº 75 del 18 junio) de los “3 de Airbus, Puerto Real”, para los que el fiscal solicitaba para cada uno de ellos también tres años y medio de prisión, por supuestos daños (valorados en 53.000€) en la carretera el día de la manifestación por el cierre de la planta de Airbus en Puerto Real, que dejaba en la calle y arrojaba al paro a cientos de trabajadores.
Esta historia de persecución y violencia de estado -pues violencia brutal es condenar y secuestrar por más de tres años de prisión a una persona por el hecho de defender sus derechos y dignidad, situándose con una pancarta reivindicativa frente a un patrón que pretende transformar una relación laboral, asalariada, en un puro contrato de servidumbre e indignidad- comenzó hace ya ocho años. Durante todo este tiempo, se escenificó, sin pudor ni vergüenza alguna, la complicidad de empresarios, jueces, tribunales, legisladores de leyes Mordaza y la cohorte mediática oportuna, hasta lograr que la opinión pública, narcotizada, termine aceptando como ‘normal’ la barbarie de penar o amenazar con cárcel la acción sindical y social reivindicativa, tal y como viene sucediendo en este caso.
He aquí los hechos y la descripción de la infame cadena, hasta el momento impune para sus responsables:
En 2017 una trabajadora se dirigió al sindicato CNT, para asesorarse y denunciar las condiciones laborales y acoso que sufría en su empresa, que le habían llegado a provocar una amenaza de aborto. Ante la negativa del dueño incluso a dialogar, el sindicato organizó piquetes informativos ante el establecimiento, todos ellos absolutamente pacíficos, sin que en ningún caso se hubiera producido ninguna clase de incidente policial o de alteración de la convivencia social o pública.
Tras la denuncia presentada por el empresario de que los manifestantes ejercían sobre él una ‘coacción delictiva’, el Juzgado de lo penal de Gijón condenó a las cinco mujeres y un varón a tres años y medio de prisión, con la excusa de que “habían perjudicado económicamente (¿?) al empresario”.
Más tarde, la sentencia fue ratificada por la Audiencia Provincial de Asturias, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y, finalmente, por el Tribunal Supremo en 2024, por lo que el juez que había dictado la primera sentencia, ordenó el ingreso en prisión de los seis condenados, el 1 de junio de 2025.
Con su resolución, el Tribunal Supremo, declaró conformes a la ley vigente, los argumentos, y presupuestos, tanto ideológicos como jurídicos, de los que el juez y los tribunales inferiores habían hecho gala en sus inicuas sentencias. Declaró conforme a la ley vigente, la suspensión de la libertad de expresión, de manifestación y la libertad sindical para todas aquellas víctimas de una injusticia que se atrevan a escribir y hacer público en una pancarta ante su centro de trabajo… la denuncia del atropello y violencia que puedan estar sufriendo.
Como señala el informativo repartido por CGT en la concentración, “es el imperio de la Ley y de las normas MORDAZA, aprobadas por el parlamento en 2015 y sostenida desde aquella fecha por todos los gobiernos habidos, pese a las iniciales promesas de derogación que, de ganar las elecciones políticas, iban a llevar a cabo los gobiernos de coalición, presididos por el PSOE.” Y también, “No es el primer caso -ni tampoco será el último – en el que compañeras y compañeros de diferentes sindicatos son condenados por acciones en el ejercicio de su libertad sindical y llevados a la cárcel, por más que, al menos retóricamente, en este país “ejercer el sindicalismo no sea delito”, pero en el que, al mismo tiempo, los jueces y tribunales, conforme a la ley penal que les faculta, reprimen y castigan penalmente su ejercicio con cárcel y dirijen la violencia del estado contra la solidaridad de la clase trabajadora.”
Contra todo ello, la CGT de Pontevedra manifestó su solidaridad con las compañeras víctimas de la amenaza represiva de un Estado injusto, de una ley corrupta y de un sistema judicial y político infame. Denunció que combatir la injusticia, el acoso laboral y reivindicar mejores condiciones laborales y económicas no es delito, es dignidad. “Exigimos la libertad inmediata e incondicional de las 6 de La Suiza, pues ‘hacer sindicalismo no es delito’, pero impedir, bloquear o reprimir su ejercicio, si que lo es”, no ante la falsaria e inevitablemente degradada Justicia del Estado, sino ante nuestra conciencia solidaria, incompatible con cualquier forma de presión, explotación o humillación de unos seres humanos a manos de otros.
AL La Campana – Fuente: CGT Pontevedra