RECLAMAN MEDIDAS CONTRA LA TORTURA Y LOS MALOS TRATOS EN PRISIÓN

14 organizaciones sociales han presentado dos escritos dirigidos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) y al Congreso, en los que reclaman «un decálogo de medidas contra las torturas y malos tratos en prisión». La iniciativa está motivada por la paliza propinada por parte de tres funcionarios a una persona presa en la prisión de Villena y la agresión sufrida por la subdirectora de seguridad de la prisión, depositaria del vídeo con imágenes de la paliza, el día antes de declarar en juicio.

Las entidades, entre otras medidas, solicitan «la creación de una circular por parte de la Fiscalía General del Estado que recoja los criterios de actuación del Ministerio Fiscal ante una denuncia de torturas» y la puesta en marcha de «un teléfono de emergencia gratuito y anónimo para denunciar torturas y reclamar ir a un hospital por agresión». Del mismo modo, consideran que «es esencial acabar con los puntos ciegos dentro de prisión y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de videovigilancia».

Al mismo tiempo, señalan que «los chalecos de los funcionarios deben incorporar un número identificativo claramente visible» y la SGIP debe «asegurar la formación y evaluación continuas de los funcionarios de prisiones». Además, advierten que, en caso de producirse una denuncia por torturas, se debe garantizar «la visita de personal médico forense en un plazo máximo de 48 horas para constatar lesiones de acuerdo con el Protocolo de Estambul». De la misma manera, se debe acabar con «las represalias y sanciones encubiertas, como son los cambios de módulo, traslado de prisión o los tratos vejatorios, tanto a personas presas que denuncian malos tratos dentro de prisión, como a quienes los presencian».

También solicitan «más personal sanitario en los centros penitenciarios con el propósito de asegurar una atención sanitaria digna y un mayor control sobre la dispensación de la medicación». En este sentido, apuntan que se deben realizar «investigaciones exhaustivas de las muertes en prisión que son calificadas como sobredosis o suicidios». Por último, instan a que «se ponga fin a las sujeciones mecánicas y al aislamiento penitenciario».

Consideran que los hechos ocurridos en la cárcel de Villena muestran «hasta qué punto las torturas no son un fenómeno aislado y ni pertenecen al pasado, y lo difícil que es denunciar este tipo de delitos», por lo que se requiere «habilitar mecanismos de denuncia, garantía y sanción cuando se tenga conocimiento de hechos similares».

 

Organizaciones adheridas: Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía // Oteando. Observatorio para la Defensa de los Derechos y las Libertades // Irídia. Centro de Defensa de Derechos Humanos // Salhaketa Nafarroa // Federación Andaluza Enlace // Grupo Derechos Civiles 15M Zaragoza // Federación Provincial Liberación // Salhaketa Araba // Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza // La Red Jurídica // Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas de Aragón // IACTA Cooperativa d’ Advocades // Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos // Asociación Libre de Abogadas y Abogados.

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