SOLIDARIDAD CON JOAN COGOLLOS LA LEY MORDAZA CONTINÚA SU ANDADURA CRIMINAL
La Ley mordaza continúa su andadura criminal, alentado por la voluntad y decisión de los sucesivos gobiernos. Primero el del PP que la engendró, ahora del PSOE-Unidas Podemos, que la mantiene vigente y hace un uso de ella no menos represivo y brutal que el de su predecedor.
El pasado 1 de diciembre tuvo lugar en Gandía el juicio contra Juan Cogollos, activista de la antidesahucios (PAH) de La Safor (València) y militante de la CGT desde hace más de 20 años, para el cual el fiscal pide un año y medio de cárcel por atentado contra la autoridad, cuando intentaba evitar un desahucio. En la puerta del juzgado se reunieron amigos, otros activistas y miembros de diferentes colectivos y organizaciones sociales, así como de la CGT, para mostrar solidaridad y apoyo al veterano activista y para exigir la derogación de las leyes que sirven para enmordazar a los activistas en defensa de los derechos sociales”.
Joan Cogollos, de 75 años, está acusado de atentado contra la autoridad en una convocatoria para detener un desahucio, el 14 de septiembre de 2018 en Oliva. Le achacan haber agredido, herido e insultado a un agente de la policía local, hecho que desde los movimientos sociales niegan totalmente y como demuestran, sin espacio para la duda, las grabaciones del día del desahucio que prueban que tanto el activista, como las otras dos personas acusadas, no agredieron a ningún agente de las fuerzas de seguridad.
Durante el juicio los asistentes y también juez, fiscal, abogados y los propios agentes implicados, pudieron ver el vídeo que había grabado la guardia civil y cómo los policías, tras verlo, cambiaban su primera versión en el atestado.
“Me acusan de haber empujado e insultado a un policía local -declaró Juan Cogollos a los colectivos de apoyo-, pero en el vídeo no se ve porque no ocurrió. Yo no insulté ni pegué a nadie. Ni tampoco arengaba a la gente para que atacara a la policía, como han dicho. En el vídeo se me escucha pidiendo a la gente que hicieran fotografías, para que se viera la violencia policial. Como era el primer desahucio en el que participábamos, y lo vimos muy fácil de paralizar, no convocamos a los medios de comunicación y no había otra manera de demostrar aquella violencia, sino haciendo fotos”.
Pese a la contundencia con que el video grabado por la Guardia Civil y visionado en el juicio, demuestra la actitud pacífica de por la víctima de la falsa acusación, el fiscal no ha cambiado la acusación y sigue pidiendo para Joan un año y medio de prisión. El juicio ha quedado visto para sentencia. Un juicio que nunca debió haber sido, pues su mera realización representó un acto de violencia y amenaza intolerable, a cargo de un sistema judicial indigno y de una legislación despreciable.