LA XUNTA DE GALICIA PRIVATIZA Y ENTREGA A LA PATRONAL PRIVADA LO QUE PARTICULARES DONAN Y DESTINAN A LA SOCIEDAD GALLEGA
Nuevo fraude y nueva agresión del gobierno de la Xunta de Galicia contra el patrimonio público y la gestión de un servicio público esencial: la atención a las personas mayores en las residencias de titularidad pública pero de gestión privada.
La Xunta ha entregado a la patronal privada las tres primeras residencias de mayores recibidas de la fundación del dueño de Inditex, en Santiago, Lugo y A Coruña. Además, anuncia que hará lo mismo con las otras cuatro que están en ejecución en Ferrol, Pontevedra, Ourense y Vigo. Las siete residencias, que suman un total de 900 plazas y fueron donadas por la fundación Ortega completamente equipadas, por lo que la Xunta, para ponerlas en funcionamiento como es su obligación, no tendría más que contratar a la plantilla y responsabilizarse de la gestión directa, eficaz y de calidad, de la atención requerida por las personas mayores.
Las residencias de Lugo y Santiago, dotadas con 120 plazas cada una, fueron ya adjudicadas por la Xunta a la Fundación de Estudos e Análises (Fesan), mientras que la de A Coruña se la disputan todavía 14 empresas, entre ellas la propia Fesan y grandes empresas del sector en España como Clece, Eulen, Ballesol o Ilunion.
En Galicia, siendo una de las comunidades más envejecidas de España, la inmensa mayoría de los cerca de 21.000 mayores que viven en una residencia, unos 19.000, son alojados en centros regentados por empresas privadas, algunos de su propiedad (conseguida con generosas ‘ayudas’ financieras y de suelo públicos) pero, cada vez en mayor número, obtenidos graciosamente en régimen de concesión privatizadora, cedida por la autoridad competente, titular de una propiedad que, en todo caso, debiera ser reconocidamente pública.
A las condiciones deficientes (sanitarias, de cuidados, de atención …) que sufren gran número de los 19.000 residentes, hay que añadir las condiciones precarias (económicas, salariales, seguridad e higiene laboral, jornadas abusivas, profesionales, formación, etc) que sufren las plantillas, lo cual agrava extraordinariamente la deficiente atención que reciben los mayores.
Así, por ejemplo, los sueldos del personal, integrado en un 97% por mujeres, los marca en Galicia un convenio colectivo caducado y bloqueado desde 2023, por la patronal mayoritaria del sector, Agarte, que se niega a negociar un nuevo acuerdo. Con un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que alcanza en 2025 los 1.184 euros brutos, el actual convenio colectivo otorga a las gerocultoras sueldos base de 1.109 euros y a recepcionistas, limpiadoras o auxiliares administrativas 1.090 euros. Por lo que sólo sumando los complementos salariales circunstanciales puede llegar a superarse el SMI en apenas unas decenas de euros, pero solo en el caso de que la trabajadora esté contratada a jornada completa.
Son frecuentes las denuncias realizadas por las plantillas de incumplimiento de las ratios de personal social-sanitario (algunas categorías ni siquiera tienen reconocida esa condición) por enfermo, previstas en la normativa aprobada hace ya 30 años, en 1996. En este aspecto, el uso de prácticas fraudulentas es frecuente, como por ejemplo, mantener el grado de dependencia de un usuario certificado en el momento que ingresó, sin tener oficialmente en cuenta que con los años el nivel de dependencia se agrava, y por tanto la necesidad de mayores cuidados.