Editorial

El 23 de junio se produjo el fallo de un magistrado del Juzgado nº 1 de lo Penal de Gijón, por el que se condena a tres años y medio de prisión a cada uno de los siete sindicalistas de la CNT, por el hecho de manifestarse pacífica y reiteradamente en el exterior de la Pastelería Suiza de Gijón, pancarta en mano, megáfono en boca y reparto de textos informativos, con el objetivo de exponer la denuncia por acoso a una ex trabajadora contra la empresa. Denuncia que fue archivada por falta de pruebas, pero a la que el dueño respondió con una demanda por denuncia falsa, que también fue archivada. A un octavo encausado, un activista sintecho catalán que se encontraba en Gijón uno de los días de las concentraciones, se le impone una pena de ocho meses de cárcel por grabar un vídeo de la concentración y publicarlo en su página.

La excusa alegada por el juez para mandar a la cárcel a estas siete personas no es otra que el uso continuado, durante las concentraciones ante la pastelería, de expresiones a través del megáfono, pasquines, carteles y pintadas callejeras, consideradas insultantes y gravemente ofensivas para el empresario, que además afectaron negativamente a su prestigio profesional y a la economía de la empresa. Según el juez, estas expresiones “no están amparadas por la libertad de expresión ni de la libertad sindical”, por lo que sus autores merecen sufrir prisión y así defender a la sociedad de semejantes ‘criminales’.

La descarnada brutalidad e iniquidad de la sentencia se reitera en el hecho de que,  a pesar de que el propio fallo reconoce que el 3 de mayo de 2016 la Pastelería Suiza se publicitó en un portal de venta para el traspaso del negocio y la adquisición del local y de que las concentraciones tuvieron lugar en mayo del año siguiente, en 2017, el auto condenatorio establece que el cierre del negocio se relaciona con la actividad sindical, en vez de con la intención de traspaso de los propios dueños. Y debido a ello establece una indemnización de 35.428 euros en concepto de perjuicios económicos al dueño de la pastelería, así como 50.000 euros por daños morales.

¿Cómo se ha podido llegar hasta aquí?

Con esta sentencia, la clase trabajadora española y, con ella, las organizaciones sindicales, no están enfrentándose ante un caso aislado o ante una mera sentencia recurrible y reparable sin otro daño que el agravio escrito que pudiéramos tirar a la papelera y hacer añicos. No. Ocho personas trabajadoras, en el ejercicio de su acción sindical, solidaria y reivindicativa, han sido perseguidas, criminalizadas y amenazadas durante cuatro largos años. Y, ahora, siete de ellas ya ingresaron en prisión. Así pues, de ningún modo, estamos ante el delirio punitivo y privado de un juez concreto, ignorante en su ofuscación y odio a la clase trabajadora de la propia normativa jurídica que los legisladores aprobaron en su momento, ley mordaza incluida. Dada la impunidad del juez, toda la cadena de mando estatal -jurídica, legislativa y gubernativa- está implicada, siendo copartícipe y co-responsable voluntaria de la represión ejercida.

Sabemos que desde hace demasiados años, tanto los sucesivos gobiernos, de derechas y de izquierdas (que, en esta cuestión, tanto monta, monta tanto Juan que Perillán), pretenden aumentar la represión penal y administrativa de las acciones que arbitrariamente tildan de delictivas, con la indisimulada finalidad de acallar la protesta ciudadana o, al menos, lograr amedrentarla dotando a los tribunales y a la policía de nuevos o agravados instrumentos represivos. Todo ello en aras de garantizar que resulte impune para sus autores la explotación de la clase obrera, la opresión de la ciudadanía, el saqueo del patrimonio público hacia bolsillos privados o el empobrecimiento general de la sociedad española. La ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, todavía vigente, es la prueba más contundente de esta realidad.

Los trabajadores y organizaciones sindicales, estamos obligados a contestar adecuadamente a estas sentencias en cada ocasión que se tercie:

+ Hemos de hacer comprender a la sociedad que, por poderosos que parezcan los que carecen de razón y justicia para hacer lo que hacen, de nada les valdrán Mordazas ni amenazas para evitar que, al final, venzan las reivindicaciones justas, contra el paro y la miseria, por la libertad y la dignidad.

+ Hemos de anunciar públicamente que amenazas del Estado y su aparato judicial como la que se está sufriendo en Gijón, no surtirán ningún efecto sobre la clase trabajadora, más allá del sufrimiento que logren imponer a sus víctimas. Ni detendrán nuestra denuncia de las injusticias que sufrimos.

+ Dado que esta brutal sentencia va a ser recurrida ante instancias judiciales superiores, desde la CGT de Pontevedra, hacemos un llamamiento para manifestarnos y hacer expresa la solidaridad y el apoyo mutuo para conseguir la absolución de todos los condenados en este vergonzoso caso.