Editorial
La confianza ciega -resistente a toda experiencia, evidencia histórica y uso de la razón – que muchas personas y entidades sociales reivindicativas depositan en la utilidad de los partidos políticos y las instituciones del poder estatal (gobiernos, parlamentos o aparatos de justicia) para resolver los problemas sociales que estallan por todas partes, acaba de recibir en nuestro país un nuevo y monumental varapalo, que debiera, al menos, hacernos reflexionar.
Nos referimos al humillante portazo con el que la Mesa del Congreso respondió este mismo mes a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida bajo el título ‘Recuperación y desprivatización del Sistema Nacional de Salud (SNS)’ y registrada el pasado 24 de septiembre por la Coordinadora Antiprivatizadora de la Sanidad Pública (CAS). La Mesa del Congreso -en la que están representados todos los grupos políticos parlamentarios- se negó a aceptar a trámite la ILP, bloqueando toda posibilidad de debate sobre la misma. Todo ello pese a estar avalada por más de 500.000 firmas, que reivindicaban, entre otras cuestiones, la derogación de las Leyes privatizadoras, 15/1997 y el art. 90 de la Ley general de Sanidad, así como la universalización de la asistencia sanitaria.
En los últimos tres años CGT-Pontevedra, ha convocado y participado en diferentes manifestaciones y concentraciones que han tenido lugar en nuestra ciudad en defensa de la Sanidad Pública. Entre ellas, en las movilizaciones promovidas por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) en todo el territorio español, en las que destacaban como reivindicaciones centrales la derogación de la Ley 15/97 y eliminación de los artículos de la Ley General de Sanidad (en particular el art. 90) que permiten los conciertos privados y el trasvase de fondos públicos a empresas privadas mientras los centros de gestión directa agonizan por falta de medios.
En un intento de extender la movilización social en aras de aquellas reivindicaciones y confiando en la ‘buena’ disposición que, según algunos -todavía ilusos-, debería caracterizar a los partidos políticos integrantes del gobierno “más progresista, feminista y social de la historia”, las asambleas de CAS decidieron acometer el ingente esfuerzo de reunir las más de 500.000 firmas necesarias para llevar al registro del Congreso su Iniciativa.
Desde CGT de Pontevedra se le comunicó a CAS que no participaríamos en ese esfuerzo pues, a nuestro juicio, resultaría, en primer lugar baldío y frustrante y, en segundo lugar, suponía poner en manos de la clase política y de las fuerzas partidarias gobernantes la respuesta necesaria a un problema social que no podrá conseguirse nunca en términos de justicia y solidaridad si no es a través de la movilización social y la acción directa.
Paro, precariedad, explotación laboral, fronteras de sangre y muerte por centenares, destrucción del hábitat planetario, desigualdad, devastación global, fabricación de hambrunas y miseria extrema para más de la mitad de la población mundial al sólo objetivo de sostener la obscena ‘riqueza’ dineraria de unos pocos cientos de miles, saqueo del patrimonio público, mercantilización en favor de intereses privados de los servicios públicos, como enseñanza, pensiones, sanidad, etc., etc., son otros tantos ejemplos de aquellos males sociales que las instituciones actuales del poder político no pueden, ni en el fondo quieren, ni tampoco están dispuestos a resolver.
Según la jerga jurídica y política institucional de nuestro país los ciudadanos pueden participar de forma directa en la elaboración de las leyes a través de las iniciativas legislativas populares (ILP). Baste para señalar la falsedad de esta declaración, el hecho de que es el propio parlamento -los partidos políticos que ostentan ocasionalmente la mayoría- quien decide si acepta debatir la ILP o no y, en todo caso, será éste el que finalmente redactará la norma que saldrá de sus deliberaciones. Se quiebran así los principios fundamentales y definitorios de la “democracia directa’ y ‘acción directa’, conforme las decisiones de la asamblea son ejecutivas y su puesta en práctica no puede estar mediatizada por otros representantes que los que emanan de esa asamblea.
El resultado fáctico de la vulneración -institucional, estructural y sistémica- de la voluntad popular que significa la normativa de las ILP, queda expuesta en los siguientes datos: En los últimos 40 años (1987-2019) se han presentado 107 ILP. De ellas 94 no fueron admitidas por la Mesa del Congreso (44 por no alcanzar las 500.000 firmas en el plazo previsto por la ley y otras 50 decayeron o fueron inadmitidas a trámite (45) con diversas excusas). De las 13 ILP que llegaron a ser ‘consideradas’ por el Congreso, 10 fueron ‘rechazadas por sus señorías’ y ‘sólo tres fueron asumidas parcialmente y con modificaciones y ninguna fue aceptada en sus justos términos’.
La excusa utilizada en esta ocasión por la Mesa del Congreso para bloquear la tramitación de la ILP de CAS, fue escueta: “No procede la admisión a trámite de su iniciativa en la medida en que afecta a materia presupuestaria”.
CGT de Pontevedra continuará luchando en defensa de la Sanidad Pública y contra la destrucción programada del Sistema Nacional de Salud, usando -como hasta ahora y desde su nacimiento viene haciendo- de los procedimientos y modos de lucha que le caracterizan: sociales y no políticos, de acción directa y no delegada, libertarios y no jerárquicos, sindicales y no corporativos.