Editorial
El gasto militar y la colaboración del gobierno español en crímenes de guerra se camufla en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por la coalición PSOE – Unidas Podemos. El gobierno actual ha decidido volver a incrementar la factura del gasto militar total, que ya superará la cifra record de 21.000 millones de euros a finales de este año.
Desde los gabinetes de prensa respectivos, se defiende y magnifica la inclusión en el presupuesto anual de determinadas partidas del “gasto social” (se supone que gratas en la mercadotécnica electoral e ideológica) al tiempo que se maquillan, silencian y retiran del conocimiento público y del debate social, otras cuantiosas partidas, de las que la clase trabajadora y toda la ciudadanía debiera avergonzarse y rechazar. Pero unas y otras son caras de la misma moneda falsa, aquella que simula que los Presupuestos generales del Estado responden al interés general de la sociedad y no a los intereses privados de quienes ostentan el poder político y económico, que es lo que en verdad ocurre.
Ese ingente presupuesto -21.000 millones de euros- está dirigido en gran medida no sólo a la financiación directa de los ejércitos (prevista como gastos del Ministerio de Defensa), sino también a la investigación en el ‘arte’ de matar en masa (investigación en I+D Militar, en favor de la industria bélica), promoción de la industria armamentística (pública y privada), impulso a la ‘Inteligencia militar’ e intervención destacada en el comercio internacional de armas, que incluye, por un lado, ventas de armas y munición con destino principal a otros gobiernos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad y, por el otro, compra de armamento a países productores, no menos responsables de agresiones sangrientas contra su propia población o contra países vecinos. El caso de Israel y su política de apartheid, saqueo y ocupación en Palestina, es el más notable.
De entre todas las exportaciones de armamento que realiza el Gobierno, hay un destino especialmente cruel: Arabia Saudí, país responsable de la atroz carnicería en Yemen. España ha exportado a la dictadura saudí armas como munición y morteros por 48,3 millones en 2020 y ha autorizado 26 licencias por 215 millones en aeronaves y buques de guerra.
¿Cómo se logra maquillar en los Presupuestos, el hecho indubitable de que el gasto militar real y efectivo a finales de 2021 superará los 21.000 millones de euros, mientras se aparenta que el Ministerio de Defensa gastará ‘tan sólo’ 9.411 millones de euros, lo que representa de por sí un incremento del 7,7% respecto del año anterior? Sencillamente, adjudicando partidas propiamente militares a otros departamentos y ministerios distintos al Ministerio de Defensa. En este aspecto, el gobierno actual repite el mismo comportamiento que han tenido todos los gobiernos habidos desde 1982, fuesen de ‘derechas’ (Aznar, Rajoy) o de ‘izquierdas’ (Felipe González, Rodríguez Zapatero). A saber: No reflejar en las partidas asignadas al Ministerio de Defensa, el gasto e inversión militar que realmente tendrá lugar, pues existen otras partidas “escondidas” (es bien conocido que el arte del camuflaje es asignatura obligatoria en los ‘estudios’ para matar) que disparan el gasto real.
Estas partidas ‘ocultadas’ incluyen los gastos correspondientes a los organismos autónomos de carácter militar y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), las pensiones militares (clases pasivas militares), las pensiones de guerra, las aportaciones a la mutua militar del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), los fondos destinados a la Guardia Civil (Ministerio del Interior) y, sobre todo, los créditos a interés cero en I+D militar (Ministerio de Industria), los organismos militares internacionales (Ministerio de Exteriores), la diferencia entre el presupuesto inicial aprobado en el Congreso de los Diputados y el presupuesto liquidado al finalizar el año, así como la participación del hecho militar en los intereses de la deuda pública. Contando con estas partidas el gasto militar total se sitúa en la cifra record de 21.623 millones —un 1,8% del PIB— en 2021 respecto a los 19.762 millones —un 1,76% del PIB— que se gastaron en 2020, lo que supone un aumento del 9,4%.
Esta manera de maquillar las cuentas públicas no tienen otro objetivo que ocultar a la ciudadanía que el gasto militar total ha pasado, en cinco años, de 16.861 en 2016 a 21.623 millones en 2021, es decir, casi 5.000 millones más, frente a los, por ejemplo, 3.000 millones anuales presupuestados (ni siquiera ejecutados) para el Ingreso Mínimo Vital, los 5.201 millones destinados a los servicios sociales, los 2.253 de la inversión en política de vivienda o la inversión en Cultura y Deporte, 1.148 millones.
Descorrer el velo que esconde la siniestra catadura de los gobiernos nacionales en ejercicio, como ocurre en este caso, es la primera obligación de la clase trabajadora para consigo misma, en aras de lograr una sociedad más justa y libre, en la que no quepan, ni siquiera disfrazados, jinetes apocalípticos que cabalguen en beneficio propio los caballos de las guerras actuales.