Editorial
Las noticias que se filtran públicamente respecto del trámite parlamentario de la nueva Ley de Educación, LOMLOE, resultan cada vez más inquietantes. En primer lugar, por el amparo que en su articulado otorga a la privatización cada vez más intensa en todos los sectores educativos y formativos, desde las universidades a las guarderías. En segundo lugar, por su definición de una enseñanza adoctrinadora y ‘formadora’ de conciencias y conductas, sometidas a un presunto canon ‘democrático’ (de democracia representativa, parlamentaria) o a un moralismo constitucional, propio de los llamados ‘estados de derecho’.
En ambos casos, se trata del modelo de enseñanza contrario al que aspiramos todos aquellos que, como nuestro sindicato CGT, defendemos una enseñanza pública, abierta, igualitaria y libre de dogmatismos y coerciones ideológicas, autoritarismos religiosos o de burocracias de estado. Pues nada hay más falso que la filantropía y afán ‘protector’ de las autoridades políticas y estatales, como nunca hubo nada más falso que el “amor al prójimo” en boca de la jerarquía eclesiástica.
Inquietud que se acrecienta, al legitimarse en dicha Ley, el desembarco en la Educación de medianos y grandes ‘inversores’ de capital-riesgo internacionales, que están llevando a cabo multimillonarias operaciones de compra directa de colegios, universidades y centros de formación en todos los niveles y sectores educativos. Con la agravante de que dichas operaciones no afectan tan solo a aquella demanda social de formación y educación desatendida por la oferta pública, sino también a sectores cuya titularidad ostenta el Estado, pero cuya ‘gestión’ se deja en manos privadas.
Basten dos ejemplos para ilustrar el desgraciado camino elegido por las autoridades políticas y educativas de nuestro país. El primero, más modesto en su dimensión económica pero no menos revelador de la prevaricación de la clase política en esta materia, se produjo estos días en el ámbito de Galicia. El segundo, en el ámbito de todo el estado. Aunque, claro está, en ambos casos, respetando y/o desarrollando la ‘legalidad’ establecida en la anunciada Ley general de Educación.
Primer ejemplo – Financiados con el presupuesto público de la Xunta de Galicia (31 millones de euros), empresarios privados controlarán en toda Galicia el acceso a 10.000 plazas en las guarderías, de cero a tres años, al mismo tiempo que se proclama que “no hay ni se ha previsto ningún proyecto de guardería en construcción”.
Esta decisión del gobierno de la Xunta, fue anunciada como “una buena noticia” -sin que ninguno de los partenaires del PP en el parlamento de Galicia, PSOE y BNG dijese oste ni moste-, con el argumento de que todas las guarderías gallegas “pasarán a ser gratuitas a partir del curso 2021-2022” y que la Xunta “asumirá el coste de las matrículas, con independencia de si los centros son públicos o privados”. De este modo, se deja en manos de las empresas privadas el control de acceso a plaza para, de momento, uno de cada tres niños en Galicia (20.000 de un total de 50.000 niños de esa edad), por más que, según las previsiones del Plan, el porcentaje de centros privados, se ampliará año tras año, al calor de la ‘gratuidad total’, al contar con la garantía de la Xunta como ‘cliente’ principal. Por otro lado, según los términos de la decisión adoptada, la Xunta “no ejercerá ningún tipo de control sobre los criterios que marcan el acceso a la matrícula para las 10.000 plazas que se encuentran en manos de las empresas privadas. Tampoco está previsto que la administración autonómica ejerza ninguna indicación sobre los modelos educativos de los centros privados que atienden a niños en las etapas previas a la escolarización.
Segundo ejemplo – El ‘negocio’ de la educación privada mueve en todo el mundo unos 4,6 billones de euros al año, al tiempo que todos los indicadores económicos aseguran que en 2025 alcanzarán los 6,2 billones. El ámbito de este suculento negocio va bastante más allá de la pura gestión de los centros, institutos y campus universitarios o profesionales, pues incluye todo tipo de actividades e instrumental auxiliar. Así, el creciente y lucrativo desarrollo de las tecnologías informáticas aplicadas a este sector, para el que los Presupuestos generales del Estado español prevén movilizar 1.412 millones de euros.
En España, las cifras que en los últimos años maneja la enseñanza privada son escalofriantes, incluso en términos comparativos con otros países del entorno europeo. Pero no sólo es de la ‘cuantía del negocio’ de lo que debemos renegar, sino de la naturaleza de los grupos ‘inversores’, cuyo interés último es, evidentemente el beneficio económico, pero a éste acompaña, necesariamente, el compromiso ideológico con el capitalismo más abyecto que representan. Así: el fondo buitre estadounidense Permira compró en 2018 por 770 millones de euros la Universidad Europea de Madrid; en 2019, otro buitre gigante, CVC, compró por 1.100 millones la Alfonso X el Sabio; en 2020, el fondo estadounidense KKR compró el Instituto de Formación Profesional …en Deporte, Sanidad, Sociocultural, Comercio y Marketing e Informática (MEDAC), atento a atender las necesidades (que el gobierno, renunciando al control y gestión públicas, pone en sus manos) crecientes de cualificación y recualificación profesional en la sociedad ‘post-Covid’ …
Seguirán diciendo desde las alturas que gobiernan que ellos, el estado, representa el interés público. Sus hechos y decisiones, en educación, en sanidad, en pensiones, en justicia … indican lo contrario. Como anuncian las pancartas de CGT-Pontevedra: La lucha en defensa de lo público y por el reparto de la riqueza social, continúa.