Editorial

Te han sitiado corazón
y esperan tu renuncia.
Los únicos vencidos, corazón,
son los que no luchan.
No te entregues, corazón libre.
No te entregues.

Rafael Amor

La población de etnia gitana española apenas representa el 1,5% de la población, pero en las cárceles una de cada cuatro mujeres presas (25%) es gitana. Este escalofriante dato figura en el informe anual 2023 (hecho público en marzo de 2024) del Defensor del Pueblo.

Han pasado más de 20 años desde la publicación del Informe Barañí -así llamado en referencia al vocablo con el que en caló se denomina a las cárceles de mujeres-, cuando se dió a conocer que la representación de las mujeres gitanas en las cárceles españolas era ya 20 veces mayor que su presencia en la sociedad. Nada ha cambiado desde entonces, en esta historia de racismo, exclusión y violencia de Estado, organizada y protagonizada por los autores y ejecutores del Sistema penal español: parlamento, jueces y tribunales, comisarías, instituciones penitenciarias …

¿Cómo es posible que suceda tan brutal atropello de la dignidad humana, sin que la sociedad se inquiete en la medida necesaria?

Sencillamente, porque se trata de una muestra más -ni única, ni exclusiva, ni ocasional, ni anecdótica- de la realidad inherente al consentido Sistema Penal español y al eslabón final de su cadena: la institución carcelaria. Ese lodoso pozo al que se entregan cada año miles de personas, cuya injusta y dolorosa realidad apenas nadie quiere ver.

No es necesario mucho más que este Informe para caer en la cuenta del ensañamiento con que el estado (a través de la Justicia, la Policía y la Prisión) actúa contra las personas que, en este caso, presentan el estigma de gitanas, pobres y mujeres.

Es de sobra conocido que el racismo y la hostilidad criminal contra el humilde y el excluido cimientan los aparatos de justicia y castigo, concretamente los Ministerios de Interior y de Justicia. A ese conocimiento popular y certero, añade ahora el Informe del Defensor del Pueblo cifras incuestionables, datos fehacientes y descripciones puntuales.

Lo más grave y revelador del carácter perverso de los aparatos de Justicia y punición estatales, lo apunta el hecho de que casi las gitanas que están en la cárcel lo están por delitos menores contra la propiedad (robo y hurto) y el trapicheo al por menor de drogas y aunque lo mismo ocurre con el resto de la población reclusa paya (no gitana) se da la ‘extraña’ particularidad de que las mujeres gitanas sufren condenas inusualmente largas, entre 6 y 7 años de media, para el tipo de delito cometido.

Aunque estas condenas expresen por si mismas con absoluta crudeza la inadmisible violencia de los tribunales para con el pueblo caló, la cadena racista y hostil viene golpeando a la mujer gitana ya desde el mismo instante de su detención. Una vez singularizadas como gitanas y como gitanas pobres, tanto el policía que las detiene, como el juez que las juzga y condena o el guardián que les ciega la libertad, ya no tendrán más que cumplir con su tarea de funcionarios de la injusticia y el orden de Estado y seguir el procedimiento discriminador.

Más del 50% de las gitanas vienen denunciando, tan repetida como infructuosamente, haber sido acosadas por la policía y maltratadas física y psíquicamente en las comisarías. Desde la comisaría son llevadas en el furgón ante el juez que ha de procesarlas, sucediendo lo que el Informe Barañí denunció literalmente: “Además de sufrir condenas inusualmente largas, las procesadas gitanas casi nunca gozan del beneficio de la libertad provisional, sufriendo también un uso desproporcionado de la prisión preventiva; el 82% de las encausadas gitanas pasan del juzgado de guardia a la prisión, lo que no ocurre con ninguna otra clase de reclusos”.

De este modo, el estado y sus personajes van tejiendo una criminal tela de araña alrededor de estas pobres mujeres cuyo delito mayor -por el que reciben las condenas- no es otro que el de pertenecer a una comunidad que no acaba de integrarse definitivamente en el mundo payo.

Por último, el ciclo de la ignominia se intensifica todavía en el sombrío ambiente de la cárcel. Ya no sólo la falta de libertad, que comparten con todas las demás reclusas, sino la vejación y el atropello serán el largo pan cotidiano de las presas gitanas durante todos los años a que han sido condenadas, ya que, a ella, a la gitana, se le negarán todos los beneficios de salidas y revisiones de grado, pero acentuarán los castigos.

Así, mediante estos procedimientos y artimañas, el estado español construye la realidad doliente de las cárceles e incardina en ellas la monstruosidad del racismo institucional, la exclusión autoritaria y la humillación inhumana de la no-libertad, a gitanas y a payas, a presos y presas de cualquier índole y condición.

Queda pues en pie la tarea solidaria de derribar tales muros y desbaratar tales procedimientos y, con ella restaurar en libertad la dignidad humana.