Editorial

Te han sitiado corazón
y esperan tu renuncia.
Los únicos vencidos, corazón,
son los que no luchan.
No te entregues, corazón libre.
No te entregues.

Rafael Amor

De nuevo el engaño, cuando no la traición, a la clase trabajadora por parte de quienes la representan ‘mayoritariamente”, según el cómputo de las elecciones sindicales. De nuevo el ataque a la Sanidad pública, a mayor gloria del enfermizo contubernio (gobierno-patronal-sindicatos del régimen) defensor de un llamado “Sistema Nacional de Salud de colaboración estatal-privada”, no universal, no público, de deficiente calidad, no equitativo y regido por criterios mercantilistas y no sanitarios.

CCOO, UGT, ANPE, Adide, USIE, UFP, SUP, Acaip y SIAT han convocado concentraciones en las capitales de provincia para el 11 de diciembre (CSIF, para el día 14) para exigir al Gobierno una nueva licitación de Muface y se celebre “lo antes posible” un nuevo acuerdo que garantice y amplíe la financiación con cargo a los presupuestos generales del estado de los beneficios mil millonarios de las grandes corporaciones sanitarias.

Las mutualidades [MUFACE, la mutua de la Administración, con 1,49 millones de beneficiarios; MUGEJU, de la Judicatura, con 559.000 e ISFAS, del ejército y la policía, con 92.000] son una de las herencias de la dictadura que, voluntaria y decididamente, ha sido asumida y sostenida por los sucesivos gobiernos democráticos habidos en los últimos cuarenta y nueve años, fuesen de UCD, PSOE, PP o, el actual, de coalición PSOE-SUMAR.

Desde la Ley 19/1975 en que se articuló el sistema institucional mutualista iniciado doce años antes, todos los gobiernos y partidos parlamentarios (de izquierdas o derechas, centralistas o multicéntricos), han venido poniéndose de acuerdo en no incluir al colectivo mutualista en el Sistema Nacional de Salud y, de este modo, dinamitar el principio -para los anarcosindicalistas inexcusable- de universalidad y equidad de la asistencia sanitaria pública, sin privilegios ni discriminaciones.

Así fue como, los gobiernos franquistas y después Adolfo Suárez, Felipe González, Aznar, Rajoy y Sánchez, han impuesto y legalizado que cientos de miles de funcionarios puedan acceder a la sanidad privada sin limitación y, en consecuencia, encaminado el país hacia la situación actual, en la que prima la inyección de ingentes cantidades de dinero público a las corporaciones empresariales de la sanidad privada.

En los últimos meses el gobierno y las aseguradoras sanitarias venían negociando y regateando sobre la cuantía y precio de los ‘servicios’ sanitarios que estas ‘prestan’ y el Estado debe abonarles. La primera propuesta del Gobierno cifraba su oferta de subida de las primas anuales en un 14% respecto de las actuales, pero ante la presión de las entidades financieras, la incrementó hasta un 17,12%, lo que fue inmediatamente rechazado por las aseguradoras de la mutualidad, al considerarla “totalmente insuficiente” y muy distante de la reclamada: un 40%. En esas están, ahora mismo. En el tira y afloja propio de estos casos.

Por si acaso el gobierno tuviese ‘tentaciones’ de afrontar mínimamente su responsabilidad en defensa de la sanidad pública -¡que de ninguna manera las tiene, pues una y otra vez, insiste, no solo en no derogar las leyes que garantizan e imponen la sanidad privada: Ley 15/97 y artículo 90 de la Ley General de Sanidad, sino en incrementar paso a paso, servicio a servicio, el desmantelamiento de la sanidad pública- la patronal de las aseguradoras ya ha contratado a las centrales sindicales del régimen para que ‘anuncien’ movilizaciones sicarias, que ofrezcan la cobertura propagandística y legitimadora pertinente a sus intereses. Esto es lo que CSIF, CC OO, UGT y otros (no, claro está, la CGT) están haciendo, tras convocar las manifestaciones del día 11.

Sin embargo, esta ‘movilización’ no es más que pura apariencia, un hacer que se hace, un simulacro, pues ya que, tanto unos como otros actores, son plenamente conscientes de que el teatrillo ‘negociador’ culminará del modo previsto. Esto es, reanudando el pacto global del poder político (estructurado autoritaria y jerárquicamente como Estado) con el poder económico privado (capitalismo) que, en esta materia de la salud, garantice los intereses y beneficios desmesurados de las grandes empresas financieras y sanitarias, en detrimento de la Sanidad pública. Esto es, garantizar que “nuestra salud es su negocio” y que “nuestra necesidad es su beneficio”.

Sin embargo, como ya expresamos en otras páginas de La Campana, para la CGT, la respuesta a este desafío empresarial, no puede ser otra que:

+ La incorporación sin demora de los funcionarios afectados a la atención sanitaria pública, en común con el resto de la ciudadanía.

+ La anulación urgente del acuerdo logrado entre las aseguradoras y los organismos públicos Isfas y Mugeju, para que todos los afectados se incorporen igualmente a la asistencia sanitaria pública.

+ Ejecutar de inmediato la defensa de un Sistema de Salud en todo el territorio español como enteramente público y universal que garantice no sólo la asistencia sanitaria y atención médica de calidad para todas las personas sino también el control social de la gestión sanitaria, centrada, no en criterios de mercado, sino en los determinantes sociales, económicos y ambientales de la enfermedad y de su prevención. Para ello: ¡Derogación de las leyes privatizadoras que nos han traído a la situación actual: la Ley 15/97 y del art. 90 de la Ley General de Sanidad! y ¡Revisión de la RDL 4/2000, y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, anulando todo lo referente a la posibilidad de la Sanidad privada concertada, con fondos públicos.

¡No sometamos nuestra salud a sus intereses privados!