Editorial

Te han sitiado corazón
y esperan tu renuncia.
Los únicos vencidos, corazón,
son los que no luchan.
No te entregues, corazón libre.
No te entregues.

Rafael Amor

Tras la clausura en este mes de febrero del circense espectáculo con el que la clase política y los medios de comunicación trataron -y en gran medida lograron- escenificar la negociación entre el gobierno-Muface y las aseguradoras sanitarias, simulándola como un real enfrentamiento allí donde no había más que un obsceno regateo entre compinches, sale a la luz de modo descarnado el engaño a la clase trabajadora y sociedad española y el verdadero carácter de quienes la representan, según el cómputo de las elecciones políticas.

De nuevo, estamos ante un ataque global de la clase política gobernante a la Sanidad pública. Una vez más sacrificada en aras del fatídico contubernio (gobierno-patronal o, mejor dicho, Estado-Capital) defensor de un llamado “Sistema Nacional de Salud de colaboración estatal-privada”, no universal, no público, de deficiente calidad, no equitativo y regido por criterios mercantilistas y no sanitarios.

Los hechos son contundentes.

Destaca en primer lugar el hecho indubitable de que los gobiernos de coalición presididos por el PSOE más progresistas de la historia, se vienen comportando en relación al Sistema Nacional de Salud [definido como un sistema de colaboración estatal-privado], de un modo prácticamente igual que los gobiernos anteriores (de UCD, PSOE o PP) pues también ellos se ofrecían al cuerpo electoral como democráticos adalides del progreso, claro está que en los términos asumidos, definidos y, finalmente, diseñados por el régimen capitalista de modo acorde a sus intereses.

En los siete años que llevan gobernando, antes PSOE-Unidas Podemos y ahora PSOE-Sumar, no solo no hicieron nada por derogar las leyes que nutren la sanidad privada: Ley 15/97 y el art. 90 de la Ley General de Sanidad, sino que lo hicieron todo por provocar el desmantelamiento de la sanidad pública. Lo que, inevitablemente, les llevó a implementar la participación en el ‘negocio de la salud’ de las más poderosas empresas sanitarias y financieras y a la necesidad de derivar hacia sus bolsillos cada vez mayores y más ingentes cantidades de dinero público.

En segundo lugar, destaca otro hecho incuestionable: Desde la Ley 19/1975 en que se articuló el sistema institucional mutualista iniciado doce años antes, bajo el franquismo, todos los gobiernos (fuesen del signo político que fuesen), han venido poniéndose de acuerdo en no incluir al colectivo mutualista en el Sistema Nacional de Salud. De este modo, todos ellos son igualmente responsables de dinamitar el principio de universalidad y equidad de la asistencia sanitaria pública, sin privilegios ni discriminaciones.

En tercer lugar, en correspondencia con los hechos anteriores, en los últimos meses el gobierno y las aseguradoras sanitarias venían negociando y regateando sobre la cuantía y precio de los ‘servicios’ sanitarios que estas ‘prestan’ y el Estado debe abonarles.

La primera propuesta del Gobierno cifraba su oferta de subida de las primas anuales en un 14% respecto de las actuales, pero ante la presión de las entidades financieras y sus compinches necesarios (entre ellos, las corporaciones burocrático sindicales CSIF, UGT y CC OO), la incrementó hasta un 41%, con destino a las empresas aseguradoras: ADESLAS, ASISA, Nueva Mutua Sanitaria y otras. Extraordinario incremento que contrasta con el parco aumento en los presupuestos del 4% para el gasto sanitario público, a todas luces insuficiente para resolver los graves problemas de la sanidad pública, gestionada por el estado.

Tras esta decisión política, la regalía de millones de dinero público que irá a parar a las compañías de seguros, abruma, por su colosal magnitud. Crece el presupuesto para MUFACE en un 80%, hasta alcanzar los 4.808,5 millones de euros anuales, que se derivarán hacia las compañías de seguros que, al calor de tan generosas políticas de estado, han incrementado un 30% sus clientes en los últimos 10 años, hasta alcanzar los 12,4 millones de usuarios que suponen el 25% de la población. Lo que les representó unas ganancias en ese periodo de más de 11.000 millones (11.098) de euros.

Como ya expresamos en otro editorial de La Campana, la respuesta a este desafío por el Estado a la Sanidad Pública, no puede ser otra que:

+ Disolver el obsoleto sistema de MUFACE y la incorporación sin demora de los funcionarios afectados a la atención sanitaria pública, en común con el resto de la ciudadanía.

+ Ejecutar de inmediato la defensa de un Sistema de Salud como enteramente público y universal que garantice no sólo la asistencia sanitaria y atención médica de calidad para todas las personas sino también el control social de la gestión sanitaria, centrada, no en criterios de mercado, sino en los determinantes sociales, económicos y ambientales de la enfermedad y de su prevención. Para ello: Derogación de las leyes privatizadoras que nos han traído a la situación actual: la Ley 15/97 y el art. 90 de la Ley General de Sanidad y Revisión del RDL 4/2000, y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, anulando todo lo referente a la posibilidad de la Sanidad privada concertada, con fondos públicos.

¡No sometamos nuestra salud a sus intereses privados!