Editorial

Te han sitiado corazón
y esperan tu renuncia.
Los únicos vencidos, corazón,
son los que no luchan.
No te entregues, corazón libre.
No te entregues.

Rafael Amor

El gobierno de coalición español, PSOE-SUMAR, se hunde cada día más en el descrédito. No parece serles suficiente con la traición al pueblo saharaui … ni con el sostén del comercio militar y/o civil con Israel y la colaboración con el genocidio y apartheid que se sigue cometiendo en Palestina, … ni con su alineamiento con la OTAN y el brutal militarismo estadounidense que ensangrienta cada día más países … ni con la organización, vía Ley de Extranjería, de la muerte impune de miles de personas asesinadas cada año ante sus costas atlánticas y mediterráneas.

No, nada de esto parece bastarles … De modo que, siguiendo en ese camino de degradación histórica, ética y política, el pasado 17 de octubre, el gobierno español escenificó la culminación de otro hiriente fingimiento más, con la aspiración de hacerse valer como actor secundario en el sostenimiento del indigno régimen económico y político global con el que está comprometido y alineado internacionalmente. Desde ese día, Mauritania dispone de dos nuevos centros de detención de migrantes, uno en Nouakchott, capital del país, y otro en Nouadhibou, en la frontera con el Sáhara Occidental bajo ocupación ilegal marroquí. Ambos centros fueron decididos, diseñados, ejecutados y financiados por el gobierno español con, al menos, 1.080.625 euros.

El comienzo de esta penosa historia podemos situarlo en el día 1 de octubre de 2004, cuando la Unión Europea, con el apoyo unánime de todos los estados miembros, incluido el español presidido por el socialista Rodríguez Zapatero, aprobó el establecimiento de campos de concentración pilotos en los países del norte de África -Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia-, en los que confinar a los peticionarios de asilo y refugio primero y, después, si la “experiencia ofrece resultados positivos para el control de la inmigración”, al conjunto de los inmigrantes que resulten atrapados por la dictadura militar mauritana en su intento de llegar a Europa.

Este fue el comienzo formal de una confabulación gubernamental europea y española -mantenida en nuestro ámbito por los sucesivos gobiernos socialistas, del PP y de coalición PSOE-Podemos y PSOE-Sumar-, con el propósito apenas disimulado de someter a miles de personas a un horrendo destino y, a los sobrevivientes, incorporarlos como mano de obra barata y precaria en concretos sectores económicos.

En aquél momento, todos los actores eran conocedores de que esta decisión, si por un lado vulneraba la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el otro, atentaba contra cualquier idea de justicia y solidaridad humanas. Sin embargo, todos ellos, considerándose eximidos, fuese por ‘razón de estado’ y/o por infamia propia, de cumplir en el ejercicio de sus funciones con ambas cuestiones, no dudaron en actuar en consonancia. Esto es, no titubearon en “externalizar” en estados sicarios -mediante generosos pagos a sus corruptos gobernantes y autoridades- la ejecutoria de los miles de homicidios que habrían de producirse necesariamente, al amparo y cálculo del modelo de “control del flujo migratorio” que se iba a aplicar desde entonces en la frontera atlántico-mediterránea del sur de Europa.

Ya en aquel momento, se aprobó abonar hasta con un millón de euros a los estados que acepten actuar como carceleros, aplicando, ¡por supuesto!, los métodos de la Ley y el Derecho propios y/o, como ahora se dice, Extra-judiciales, que les son habituales. Esta primera decisión de 2004, irá adquiriendo en los siguientes once años tintes cada vez más siniestros, tanto por parte mauritana como española. De modo que el régimen mauritano, con apoyo e información de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español, pudo realizar redadas para detener sin causa a multitud -¡nunca se llegará a saber el número, en todo caso miles!- de personas subsaharianas negras que, inmediatamente, eran privadas de todos sus enseres y documentos de identidad, conducidas secretamente a cárceles y sometidas a estancias de varios días en condiciones de higiene infrahumanas, sin alimentos ni agua.

Hace poco más de año y medio, en mayo de 2024, el gobierno español, reproduciendo el proyecto de la presidenta italiana, Giorgia Meloni, de recluir en cárceles de Albania a los inmigrantes ‘irregulares’ que alcanzasen territorio italiano adjudicó a la constructora CADG las obras para habilitar dos centros penitenciarios de migrantes en Mauritania. Tres meses después, Pedro Sánchez viajó a Mauritania con la promesa bajo el brazo de entregar más de 500 millones de euros al gobierno militar del general Mohamed Ould El Ghazouani, que habrían de sumarse a los ya transferidos para ‘inteligencia y equipamiento policial’, con destino a reducir y, si acaso, evitar -por el medio que fuese preciso, a juicio de la dictadura militar- la salida de cayucos con destino a las islas Canarias. Para lo cual, se ofrecía además el despliegue de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, de modo que España cuenta ya con más de 80 funcionarios y agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y CNI desplegados de manera permanente en Mauritania.

Y así, hasta este 17 de octubre en el que se entregaron las llaves de las dos nuevas cárceles al general mauritano, construidas para recluir en ellas a migrantes -personas sin otro delito que el de intentar escapar del infierno de miseria, violencia y guerra en que han convertido sus países- sobre los que se puede ejercer con garantía de impunidad todo tipo de violencias, violaciones, torturas e incluso asesinato, sea abandonándolos sin agua ni alimentos en el desierto, sea directamente a golpe de fusil o machete o pura agonía en absoluto desamparo. Al menos dos agentes de la policía española acuden semanalmente a estos dos centros, en la capital del país y en Nouadhibou, para tomar huellas y fotografías de los detenidos, con el resultado de que un número indeterminado de estos infelices identificados en las comisarías, procedentes de países como Mali o Niger sumidos en la miseria de una interminable guerra civil, ya fueron abandonados a su agónica suerte y más que probable muerte en zonas alejadas en la desértica frontera con Mali.

La Campana, órgano y portavoz en sus editoriales de la CGT de Pontevedra, se emplaza a sí misma y hace un llamamiento a toda la afiliación, a toda la clase trabajadora y al conjunto del movimiento social solidario a desafiar abiertamente la Ley de las fronteras y estas prácticas infames sobre personas indefensas, estigmatizadas por su pobreza y por violencia de la que son víctimas. Pues, en estos momentos, respetar esa política de extranjería, es hacernos cómplices de la caravana de la muerte urdida por los gobiernos español y mauritano. “¡No seamos cómplices de este interminable crimen!”