Editorial

Te han sitiado corazón
y esperan tu renuncia.
Los únicos vencidos, corazón,
son los que no luchan.
No te entregues, corazón libre.
No te entregues.

Rafael Amor

Hay tanto una Unión Europea (UE) del Capital y la Guerra, de la explotación social y laboral y de la frontera homicida como hay una Europa de la impostura del ‘estado de derecho’ y del simulacro representativo y electoral, para nada respetuosos con la dignidad de las personas.

Tan cierto es esto como lo es el que la necesaria recluta de mano de obra extranjera en países expoliados por el capitalismo y asociado colonialismo occidental se compagina con el hecho de que en la UE más del 20% de su población, es decir, casi 100 millones de europeos, se mantengan en situación de pobreza y grave riesgo personal y familiar de exclusión social. Son decenas de millones de familias malviviendo en estado de necesidad (no de derecho, ni de bienestar, ni de cualquiera otra de las mentiras usadas en la propaganda oficial del régimen) médica, habitacional o alimenticia, permanentemente desatendidas e insuficientes. Entre tanto se gastan ingentes cantidades de dinero público en gastos militares cada vez más abultados -hasta el 4% del PIB de media, llegando a la escalofriante cifra de cerca de 400.000 millones de euros en 2025-, que han de detraerse del gasto en servicios públicos de sanidad, educación, vivienda, transporte, etc.

El 27 de marzo pasado, el parlamento europeo había votado mayoritariamente en favor de un texto político en el que se establecía que el borrador de la nueva ‘normativa de retorno de migrantes’ (eufemismo de ‘deportación’, ‘expulsión’, ‘rechazo’ …) continuase su marcha por las instituciones europeas, hasta lograr su aprobación final con el visto bueno de la gobernanza de la UE y de sus estados miembros.

Se trataba de un documento que, de aprobarse (cosa que ya se ha producido de hecho en esta primera semana de junio 2026), hará realidad los peores augurios sobre la deriva consciente de las instituciones de la UE hacia la más deplorable conducta política en materia de respeto a la dignidad humana. Como lo es el hecho de configurar jurídicamente un horizonte de brutalidad y violencia inhumanas con el objetivo de normalizar aún más el abuso administrativo, policial y judicial frente a los inmigrantes no-comunitarios, con el añadido de arbitrar el modo de encarcelar a los emigrantes expulsados en centros de deportación en terceros países, con los que los condenados no tienen ningún vínculo.

El Estado de derecho, devenido en derecho de los Estados -de sus gobernantes, poderes y autoridades- a contratar sicarios que ejecuten todo tipo de violencias sobre los migrantes apresados -sin inoportunas exhibiciones que puedan influir en el cuerpo electoral europeo- al objeto de contribuir al control del flujo de migrantes hacia Europa, valiéndose del miedo y la amenaza frente a los que huyen de los infiernos creados en sus países respectivos por el capitalismo y colonialismo occidental.

A aquella infame decisión del parlamento europeo, se añade ahora el acuerdo alcanzado en Bruselas por la Eurocámara, los Estados miembros y la Comisión, estableciendo la posibilidad de que las autoridades políticas de cada estado puedan denegar arbitrariamente a determinados migrantes -elegidos al azar, en función de la demanda de mano obra de las empresas locales- su solicitud de asilo y refugio y que, una vez rechazada, enviar al solicitante a centros fuera del territorio de la UE. Se establece así el procedimiento legal -pero cruel, cínico e injusto, propiciador de delitos y crímenes de estado impunes- para condenar a personas inocentes a sufrir toda clase de agresiones y violencias, en países y frente a autoridades que les despojarán, primero de los escasos bienes que puedan llevar encima y, enseguida, de todo respeto y dignidad.

La historia de esta ‘iniciativa’ ilustra a la perfección los modos habituales del régimen político europeo, humanista en lo retórico, pero siniestro y cruel en su realidad jurídica, normativa y de acción efectiva y tangible. Todo comenzó el 1 de octubre de 2004. El gobierno de entonces de la UE aprobó el establecimiento de campos de concentración pilotos en los países del norte de África -Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia-, en los que confinar a los peticionarios de asilo y refugio primero y, después, si la “experiencia ofrece resultados positivos, para el control de la inmigración”

Esta decisión, que vulneraba la Declaración Universal de Derechos Humanos y atentaba criminalmente contra cualquier idea de justicia y solidaridad humanas, creó la “externalización” en estados sicarios para que llevasen a cabo la ejecutoria de los miles de asesinatos decididos.

En aquellos momentos los Informes de, por ejemplo, Amnistía Internacional fueron exhaustivos al detallar el horror que supuso aquella decisión. En esos Informes, de Argelia, Marruecos, Túnez, Libia y Mauritanías se informa respectivamente “… La tortura, en especial durante periodos de detención o reconocida en lugares secretos, siguió siendo práctica generalizada …”, “ …decenas de estos condenados fueron torturados, sometidos a malos tratos” y “violaciones generalizadas de derechos humanos … cuando los detenidos permanecía bajo la custodia” del Estado.

Con estos mimbres, la valoración de los gobernantes europeos respecto de la eficacia de estos países-sicarios así como de la virtud de este procedimiento auxiliar para el control de la migración, fue considerarlo a lo largo de estos años lo suficientemente idóneo, barato y opaco como para ampliarlo a otros países. Entre ellos, Albania, Turquía, Afganistán … Valoración que ahora se ha materializado en la aprobación por la UE en esta misma semana del acuerdo antes citado.

Este es y no otro, el ser de la Europa del capital, la explotación y la frontera que hemos decidido, en primer lugar denunciar y, enseguida, combatir.