¿UNA LEY DE SALUD MENTAL?

Es bien conocida por la afiliación de CGT-Pontevedra la permanente posición de nuestro sindicato en defensa de un Sistema Público de Sanidad. “Nuestras exigencias son claras” -decíamos en el manifiesto editorial de convocatoria el 17 de octubre del año pasado de una concentración en la Plaza de la Peregrina- “En primer lugar, derogación inmediata de las leyes privatizadoras del sistema sanitario, e, inmediatamente, gestión de la sanidad actualmente bajo titularidad del estado con criterios sanitarios de atención a los pacientes y prevención, de investigación médica y farmacológica, de calidad de los servicios socio-sanitarios, de respeto laboral y de salud pública universal de calidad, a cuyas necesidades deben subordinarse otros aspectos, como los económicos y mercantiles. Todo ello, en defensa de un Sistema Sanitario verdaderamente Público y Social, que ahora no existe.”

En este contexto de vigencia legislativa y plenamente efectiva de un Sistema Nacional de Salud basado en la ‘colaboración’ público-privada (léase, estatal-privada), conocimos el pasado 29 de septiembre que el partido del gobierno, Unidas Podemos, registró en el Congreso una “Proposición de Ley General de Salud Mental”, publicitada por sus autores como un “avance” que, entre otras medidas, propone “fijar una ratio mínima de 28 especialistas en psicología y psiquiatría y 23 enfermeras por cada 100.000 habitantes para este campo”, “crear una formación especializada en prevención del suicidio” y “un Centro Estatal de Salud Mental”.

Sin embargo, a mi juicio, la verdadera dimensión y perversa naturaleza de esta “Proposición” trasciende con mucho a la exhibición de uno o dos titulares de importancia menor en el conjunto del articulado propuesto.

Es bien conocido el interés histórico de los Estados Modernos y el de las corporaciones, profesionales e ideológicas, que ejecutan sus políticas de vigilancia y control, por diseñar la definición jurídica de la “salud mental” aplicable a los ciudadanos sometidos a su poder.

También es conocida, la brutalidad inhumana con que las mayores corporaciones industriales farmacológicas y de la salud intervienen en el enorme ‘mercado’ productor de ‘felicidad’ ad hoc, socialmente aceptable. Hace ya muchos años, que las más poderosas Corporaciones industriales (farmacéuticas, sanitarias, bioquímicas, etc.), financieras (Banca, Fondos buitre, etc.) y políticas (Banco Mundial, multinacionales de asesoría tecnológica, etc. …) han desembarcado y se han hecho con este “mercado”, por ellos mismos calificado como ‘insaciable’ y que les ofrece cuantiosos beneficios. De hecho, tras el éxito de sus negocios privados en el manejo de la COVID, tampoco es desconocido el impúdico esfuerzo de estos gigantes del capitalismo mundial por situar e imponer en la agenda política de los gobiernos un concepto de la ‘salud’ y ‘salud pública’ reducible a términos mercantiles que, en todo caso, ellos controlarán.

Vaya por delante una pregunta elemental. Independientemente del valor que se otorgue a la Ley del estado como un instrumento de gobernanza social (para unos adecuado y necesario, para nosotros inservible y, siempre, fraudulento) ¿es razonable parcelar en leyes particulares, lo que, en principio, es un reto global y, en función de ello, deslindar una Ley para la Salud corporal de una Ley para la Salud mental?

Nel González, presidente de la Confederación de Salud Mental, por más que partidario de incrementar los esfuerzos económicos y organizativos en una Estrategia de Salud Mental con recursos suficientes, señala: “Nos da miedo que una legislación específica estigmatice aún más la salud mental porque ésta forma parte de la sanidad pública y hay que tratarla en esta legislación. Nadie piensa en hacer una ley para el tratamiento oncológico u otras patologías ¿por qué entonces para la salud mental?”. Para otros profesionales, particularmente psiquiatras, neurólogos y bio-sanitarios, los problemas de salud mental se pueden abordar y atender con mayor eficacia, “haciendo cumplir las leyes que ya existen o mejorando las leyes generales … la mejor Ley de Salud Mental sería la Ley de Presupuestos”.

Por otro lado, la Proposición registrada en el Congreso contiene la posibilidad de atribuir a los empresarios “la protección de la salud mental” de su plantilla. Resulta inquietante, lo que pueda resultar del uso por la patronal de esta responsabilidad y competencia, pues no se oculta que el catálogo e identificación de las enfermedades mentales no solamente no está cerrado, ni científica ni médica, ni jurídica, ni socialmente, sino que, además, en demasiadas ocasiones fue utilizado por las autoridades de turno (familiares, religiosas, políticas o clasistas) para criminalizar, perseguir y castigar simples conductas que le disgustaban.