Editorial

Te han sitiado corazón
y esperan tu renuncia.
Los únicos vencidos, corazón,
son los que no luchan.
No te entregues, corazón libre.
No te entregues.

Rafael Amor

Las despreciables declaraciones del consejero delegado de Ribera Salud –grupo empresarial que gestiona entre otros el hospital público de Torrejón de Ardoz- han provocado un hipócrita terremoto político-mediático, en el que los verdaderos responsables del deterioro y privatización de la sanidad pública aparentan estar escandalizados. “¡Esto es intolerable, aquí se juega!”, dijo el comisario de policía al ordenar el cierre ocasional del garito en que todas las noches recaudaba la mordida pactada. “Esto es intolerable, aquí se negocia”, ha dicho anteayer la ministra del ramo.

El ejecutivo de Ribera Salud, disponiéndose a ‘maximizar’ los beneficios obtenidos por su empresa aún a costa de alargar listas de espera y reducir intervenciones no rentables, no dudó en reclamar a sus subalternos que tuviesen en cuenta lo que es obvio en todos los ámbitos del Sistema Nacional de Salud y servicios socio-sanitarios, reconocidos o no. A saber: que la calidad, grado, nivel, técnicas y criterios para la asistencia de los pacientes en los centros sociosanitarios gestionados por empresas concesionarias privadas están determinados y, en todo caso, subordinados a criterios de rentabilidad económica y al lucro de sus ejecutivos y accionistas respectivos. Sea la gestión de un Hospital Público, de un Servicio municipal de Atención en Domicilio, de una Residencia de ancianos, de un Centro de investigación farmacológico y biosanitario … o de cualquier otra unidad socio-sanitaria de un servicio público externalizada.

Nuestro sindicato, CGT, unas veces en solitario y en otras conjuntamente con otras organizaciones y colectivos, viene convocando desde años atrás frecuentes movilizaciones en Defensa de la Sanidad Pública bajo los lemas “Nuestras vidas valen más que vuestras carteras”, “¡Nunca más negocio con la sanidad!”, “Derogación de la Ley 15/1997 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad!”, etc, etc.

En todo este tiempo, estas exigencias fueron claras y contundentes, resumidas en las tres actuales: 1) Derogación inmediata de las leyes privatizadoras del sistema sanitario e integración de los centros, unidades y plantillas (excluida la dirección) de los centros hoy externalizados en una única red sanitaria pública, 2) Gestión de la sanidad actualmente bajo titularidad del estado con criterios sanitarios y 3) Avanzar hacia la autogestión social de los servicios públicos.

+ Derogación de toda las normas, decretos y leyes que impiden y obstaculizan la consecución de un sistema sanitario verdaderamente público, universal, gratuito y de calidad acorde con los avances científicos y médicos, en primer lugar la Ley 15/97, así como el Art. 90 de la Ley General de Sanidad de 1986, que establece la posibilidad del concierto con fondos públicos de empresas privadas.

La Ley 15/97, que fue aprobada en comandita por el PSOE, PP, PNV, Colación Canaria y CiU (hoy, Junts), redefinía el Sistema Nacional de Salud español como un sistema de colaboración estatal-privado. A partir de ese momento, se sucedieron las aperturas de centros sanitarios gestionados por empresas privadas. Paralelamente se fueron desmontando centros públicos de “gestión directa” para favorecer la instalación de empresas privadas, a las que pagar con fondos públicos el canon correspondiente. Añadido a ello, la proliferación de empresas privadas para prestar servicios dentro de los Centros sanitarios y socio-sanitarios estatales (ya no públicos), como limpieza, transporte sanitario, mantenimiento, investigación, gestión clínica, etc. Igualmente, se fue provocando por las propias autoridades estatales el deterioro de la atención primaria.

En estos últimos años, pese a que la movilización social por la derogación de aquella Ley fue multitudinaria, se viene imponiendo la voluntad de los partidos políticos en favor de mantener abiertas de par en par las puertas del ‘negocio sanitario’ y otorgar partidas cada vez mayores del presupuesto público a las multinacionales del sector y fondos de inversión privados. Así, el gobierno de coalición PSOE-Podemos, se negó en 2021 a aceptar a trámite, con la excusa más peregrina, la ILP que, presentada por CAS y avalada por más de 500.000 firmas, reivindicaba entre otras cuestiones la derogación de la Ley 15/1997.

+ Gestión de la sanidad actualmente bajo titularidad del estado con criterios sanitarios de atención a los pacientes y prevención, de investigación médica y farmacológica, de calidad de los servicios socio-sanitarios, de respeto laboral y de salud pública universal, de calidad, a cuyas necesidades deben subordinarse otros aspectos, como los económicos, mercantiles y/o lucrativos.

+ Avanzar hacia la autogestión social de los servicios públicos. Que se habiliten los mecanismos auditores necesarios e impulse la participación de organizaciones públicas y sociales en la gestión económica y control del Sistema nacional de salud, al objeto de impedir “la mercantilización global de los sistemas sanitarios”, “las privatizaciones aceleradas de las partes rentables de los sistemas sanitarios”, la “implantación cada vez mayor de mecanismos propios de la empresa privada capitalista en los sistemas estatales, lo que genera deterioro de la calidad asistencial e incremento de los costes”.

Sin producirse estos cambios exigidos por la movilización social, la sanidad seguirá siendo, cada vez en mayor proporción, un suculento negocio privado a costa de la salud y los pacientes. Un asunto de ‘lucro dinerario’ en el que regirá la ley de los múltiples RiberaSalud, siempre dispuestos a ‘maximizar beneficios’, valiéndose de la “corrupción estructural” que necesariamente le acompaña.

Es un hecho palmario que los últimos gobiernos de coalición PSOE-Sumar no han hecho en estos años más que seguir y defender la política sanitaria legislada en 1997, por más que el resultado de semejante contubernio político-empresarial sea, precisamente, el actual deterioro global del Sistema Sanitario: infrafinanciación; deterioro de la Atención Primaria; disminución acelerada y generalizada de las infraestructuras sanitarias, servicios y camas en relación a las necesidades de atención de la población; insuficiencia de plantillas; precariedad laboral; mercantilización global de los sistemas sanitarios y de la investigación; desvío de pacientes y servicios propiamente sanitarios a entidades privadas; concesión a empresas privadas de servicios públicos del ámbito sanitario, infamia de la atención a los mayores y ancianos, etc, etc.

Frente a ello, la movilización sindical en defensa de un Sistema sanitario público, universal, de calidad y al margen del ánimo de lucro ha de continuar … y continuará.