Editorial

Te han sitiado corazón
y esperan tu renuncia.
Los únicos vencidos, corazón,
son los que no luchan.
No te entregues, corazón libre.
No te entregues.

Rafael Amor

En este mes de diciembre concurrieron al menos tres hechos cuya repetida frecuencia pone de manifiesto el brutal trato que ofrecen las instituciones del estado español -parlamentos, gobiernos, sistema judicial y administraciones central, autonómicas y locales- a gran parte de los migrantes que han logrado llegar a nuestro país. Se trata de otros tantos episodios, en los que afloran, con brutal crudeza, la xenofobia, el racismo y el desprecio a la clase trabajadora, propias de las instituciones nacionales estatales.

Las realidades puestas de manifiesto en estos días en Níjar (Andalucía), en Fuencarral-El Pardo (Madrid) y en Badalona (Cataluña), al igual que lo habían hecho las anteriores en Monterroso (Galicia), en las cárceles abiertas en Mauritania por el gobierno español o en el CIE Zapadores (Valencia), desvelan un hecho incontrovertible. Que las aciagas políticas gubernamental y de la patronal empresarial -ambas con intereses compartidos, siempre dirigidas contra la clase trabajadora- se ceban de un modo particularmente infame con las personas de origen migrante. Con total impunidad y, en su caso encubrimiento, a estas personas se las oprime, explota e imponen unas condiciones laborales, económicas y sociales, absolutamente intolerables. Personas trabajadoras a las que en lugar del trabajo que ansían y es su derecho, les ofrecen, miseria. En lugar de la atención que se les debe por su esfuerzo, reciben maltrato y desprecio. En lugar del entendimiento al que toda vecindad es acreedora, se generaliza la xenofobia, cuando no abierto racismo.

NIJAR. Inhumana situación que sufren más de 3.500 personas. Un informe, hecho público a principios de este mes, alerta de la intolerable situación que sufren más de 3.500 personas, trabajadoras del campo, en los más de 40 asentamientos chabolistas diseminados en el municipio de Níjar, algunos de ellos con una antigüedad de más de dos décadas. Se trata de agrupaciones locales de infraviviendas, organizadas sin otro urbanismo y diseño que el que dicta el imperio de la necesidad y pobreza extremas.  Sus toscas y precarias construcciones fueron levantadas a prisa por las propias familias allí establecidas, aprovechando materiales de desecho, cartón, plástico negro abandonado de los invernaderos y chapas de madera y hojalata. Sin agua corriente, electricidad en condiciones, ni mínimos servicios higiénicos, las enfermedades asociadas a la falta de higiene son frecuentes, afectando gravemente a la población infantil.

Muchos de los adultos carecen de ‘papeles’, por lo que han de brujulearse entre la clandestinidad y la irregularidad temerosa. Pero otros muchos, entre un 25 o un 30%, sí tienen permiso de residencia, por más que no tienen posibilidad alguna de acceder a una vivienda en los pueblos y localidades vecinas, sea que por racismo se lo niegan, sea que por el abusivo precio de los alquileres se lo impiden. Este grupo, suele estar catalogado en los papeles oficiales como “personas trabajadoras agrícolas”. Sin embargo, ni se las trata como a personas con la dignidad que, por serlo, merecen, ni tampoco encuentran otro trabajo que el ocasional y precario en condiciones de explotación física y económica, y de la agricultura solo reciben el castigo de la explotación laboral pero no la cosecha, siempre ajena y de otros. De hecho, en la última campaña, los invernaderos de la provincia de Almería produjeron. 3.500 millones de kilos de fruta y hortalizas, que, una vez exportadas mayormente a Alemania, Francia o Reino Unido, alcanzaron un valor económico de 2.478 millones de euros. Con salarios reales de 5 euros a la hora e incluso por debajo … jornadas esclavistas de 10 y más horas, sin siquiera descanso semanal … ritmos abusivos … faena ocasional … y condiciones laborales que minan la salud y la vida sólo una mínima parte de esos 2.500 millones de euros llegó a las miles de manos trabajadoras que habían logrado tamaña producción y riqueza.

FUENCARRAL. Nuevo incendio en un asentamiento chabolista. El 16 de diciembre, un nuevo incendio se desató en una campa de chabolas en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo. La reiteración de incendios no conmueve a la retórica oficial, que, una y otra vez, viene ‘certificando’ el carácter ‘fortuito’ de los siniestros, ajeno a cualquier voluntad interesada. Siguiendo el procedimiento habitual, los servicios informativos del ayuntamiento y la comunidad madrileña han señalado “que los agentes se encuentran investigando cuáles hayan podido ser las causas que originaron el incendio”. Sin que, hasta el momento, se haya hecho pública la conclusión. Se trata del mismo recurso informativo utilizado a finales de noviembre, cuando un incendio similar arrasó trece chabolas habitadas en el municipio próximo de Leganés, cerca del lugar en el que otro incendio, en marzo del pasado año, destruyó varias infraviviendas y chabolas ubicadas en el polígono de Polvoranca, y del que, también en 2024 y en el mismo municipio, arrasó otra chabola, con el resultado de tres personas heridas.

BADALONA. El 17 de diciembre, el ayuntamiento de Badalona, avalado por la jueza competente, llevó a cabo el desalojo de más de 400 personas, la mayoría migrantes de origen subsahariano, del edificio público abandonado en el que permanecían desde hace más de dos años. Arrojados a la calle sin ofrecerles techo y albergue en algún otro lugar -lo que debería estar previsto según el ‘protocolo de asistencia para personas sin techo’-, los desalojados han reafirmado la imperiosa necesidad y legitima voluntad de vivir bajo techo y al abrigo de la intemperie.

Tras el desalojo, un centenar de las personas agraviadas por el injustificado desahucio de un edificio público y abandonado, sobre el que no había otro interés que el del racismo y la xenofobia institucionales por expulsar a la población emigrante,  se concentró para dormir e instalar tiendas de campaña bajo un puente, a escasos metros del solar del que fueron expulsados por los agentes judiciales y municipales.