Cuando los gobiernos cumplen con lo que les está mandado hacer: Legisladores y ejecutivos nacionales como bandas sicarias.

El gobierno de coalición español, progresista en su autodefinición, pretende reactivar los CIE y retomar las deportaciones, en frio y en caliente.

La decisión expresa del gobierno nacional de reactivar los CIE y retomar las deportaciones, apenas paralizadas por exigencias internacionales de lucha contra la pandemia, despierta todos los temores entre quienes apostamos por el respeto a la dignidad, al pan y al trabajo de todas las personas, sin importar su origen, etnia, lengua, sexo o nacionalidad, que exigimos una regularización extraordinaria de las personas sin papeles actualmente residentes en nuestro país y la acogida de los solicitantes de asilo y refugio, según las normas de la legislación internacional de Derechos Humanos.

“Al llegar a este país, que pensabas que era de derechos y democracia, que te van a abrir los brazos, encuentras primero a la tele y la Cruz Roja, luego en seguida viene la Policía Nacional. Te mete en un calabozo, te dan unas galletas y un bocadillo por toda la pesadilla que has pasado. No te tratan bien y te meten en un CIE, solo por cruzar la frontera … Lo llaman CIE, no lo llaman cárcel, pero es peor que la cárcel porque te quitan todos los derechos humanos”, dijo el emigrante senegalés, Lamine Sarr, del sindicato de manteros de Barcelona, durante una rueda de prensa, realizada el pasado 22 de septiembre a las puertas del Congreso de los diputados.

Mientras Sarr decía estas palabras, una orden del Ministerio de Interior, anunciaba la reactivación de los Centros de Internamiento a partir del 24 de septiembre. La “medida de reactivación de los CIE” se publicó el mismo día de la presentación del Nuevo Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, acudiendo a las devoluciones y a las expulsiones como símbolo desvergonzado de que ‘controla las fronteras’ y de que va a ser capaz de negociar la readmisión con países vecinos, no importa en que condiciones ni lo que harán en esos países con los deportados. Todo ello, dos días después del rechazo por el gobierno ‘progresista’ a la Proposición No de Ley para la Regularización de todas las personas migrantes en situación irregular en el Estado Español. Como señala la organización no gubernamental SOS-Racismo, “el rechazo a la #PNLRegularizacion es otro proceso en el ciclo de odio, explotación y expulsión que sufren las personas migrantes y refugiadas que ponen en peligro su vida en las fronteras buscando un futuro mejor. Es el Capitalismo racial en acción, que se beneficia del trabajo de las cerca de 600 mil personas en situación irregular en España ,para posteriormente encerrarlas y expulsarlas.”

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), antesala carcelaria de expulsiones realizadas en no pocos casos con inhumanidad, cruel alevosía y opacidad en flagrante violación de la legislación internacional de Derechos Humanos, se habían ido vaciando desde la primavera, en parte por exigencias de la emergencia sanitaria y estado de alarma. La mayoría de los jueces competentes en estos asuntos habían alertado “de que no se pueden mantener las medidas de prevención en estos espacios” … “que por sus propias características penitenciarias y de espacio cerrado con poca ventilación donde al final, por muy duro que sea decirlo, almacenan a personas durante un tiempo relativamente largo, son muy propicios a que si hay algún mínimo contagio eso se expanda rápidamente”.

Sin embargo, tal y como ahora se comprueba, si se vaciaron los CIE en la primavera fue porque el Ministerio del Interior no podía materializar la expulsión en aquellas circunstancias. No fue por el temor a que los internos -verdaderos reclusos- se contagiasen, sino porque no podían trasladarnos a ningún sitio, tal como demuestra el hecho de que en el CETI de Melilla, por ejemplo, se mantuviese a cientos de emigrantes en condiciones de hacinamiento, desprecio, crueldad en el trato, desatención médica y constante violación de su dignidad y derechos.

En materia de inmigración y extranjería, el gobierno español hace piña criminal racista con el resto de los gobernantes europeos, dispuestos a reforzar el eje de las expulsiones y a internar en cárceles ad hoc -los CIE, en España, campos de concentración en Grecia, ‘espacios de confinamiento’ en el Magreb y Libia….- a quienes, entre otras posibilidades, lleguen en patera o, si es el caso, incluso a quienes ya residiendo en España no tengan ‘papeles’. Quedarán de este modo afectadas “personas que llevan mucho tiempo residiendo y ya con una vida hecha aquí, que van a tener una orden de expulsión y van a ser deportadas, si esto ya venía pasando antes, pasará en un gran número con el drama que eso supone”.

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