CHOQUE DE REALIDADES ¿O, QUIZÁ, “CHOQUE DE FICCIONES”?
Tras detectar la rápida expansión del virus de la Covid19 y comprobar su débil letalidad -hasta el punto que ni siquiera alcanza en todo el mundo a los fallecidos por la tuberculosis, ya no digamos por el hambre, la malnutrición o la miseria extrema- el aparato mundial de construcción de la realidad que se ha de vivir ha decidido que toda otra preocupación ajena al virus es muestra de una irresponsabilidad socialmente inadmisible, que ha de someterse a vigilancia y silenciarse.
De este modo, los jerifaltes de la ‘gobernanza mundial’ (grandes corporaciones financieras e industriales, en comandita con las autoridades políticas de los países más poderosos del planeta, EE UU, China y la UE por delante) han decretado: en cualquier lugar accesible a la Industria mundial de la Comunicación, Información y Espectáculo nada más existirá que esta fabricada ‘amenaza de muerte global’, contra la que no cabe otra respuesta que la distancia, esto es, alejar todo lo posible al próximo, evitar a quien se acerca y no compartir con cualquier otro humano aire o abrazo.
La orden es clara y ejecutada con prontitud y eficacia: ninguna otra realidad ocupará el más leve rinconcito de la escena que los técnicos, siempre fieles a quien les paga, preparan cuidadosamente cada día. Nada podrá ser objeto de preocupación, interés o compromiso, pues ese ‘libertinaje irresponsable’ antepondría futilidades tales como libertad, albedrío, ética, personalidad, compromiso, solidaridad, coraje, entrega a la vida … al miedo debido y la servidumbre voluntaria, verdaderos pilares de la “nueva normalidad”.
Sin embargo … Pese a todo … por más que aparenten …, de vez en cuando, como al azar, algo se cuela y llega al ojo nunca tan ciego como quisieran: un papelito, un pequeño desastre, una guerra, un naufragio, un muro, una deportación, una valla metálica, la agónica pobreza de un pueblo, el llanto de la madre a la que el fiscal de Canarias arrebata su niño, el frio del náufrago durmiendo a la intemperie…
Entonces ocurre que la “nueva normalidad” estalla y la aciaga realidad construida por el poder se disuelve como la apariencia que es. España ha deportado, en frio o en caliente pero siempre con injusticia y abuso, a más de 250.000 migrantes en los últimos 10 años. Muchos de ellos, antes de ser entregados a su supuesto país de origen (donde habían sido perseguidos, amenazados de tortura y muerte o, sencillamente, condenados al hambre y la miseria), hubieron de pasar el calvario de ser prisioneros por meses, incluso años, en algún Centro de Internamiento de Extranjeros (CIES), en los que el trato vejatorio, el hacinamiento y la falta de libertad son la ley que rige. Para esta labor, ‘España’ (el gobierno español, que ninguna persona decente ha recibido nada), entre 2014 y 2020 ha recibido 812,1 millones de euros de fondos europeos para que se destinen al control y ordenación de los flujos migratorios. Estos proyectos han contado con una destacable externalización que ha supuesto pingües ingresos para algunas empresas que suelen obtener contratos públicos para estos menesteres que vulneran los más elementales derechos humanos. En el mencionado periodo, ha habido 456 contratos públicos vinculados al sistema de deportación de España por un importe de 127 millones, en los que intervienen empresas tan conocidas y ‘respetables’ como Indra Sistemas S.A, Informática El Corte Inglés, Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España…
En este mes de octubre, el Ministerio del Interior ha terminado la construcción de cerca de 100 metros de uno de los tramos más altos de la nueva valla de Melilla, entre la frontera de Beni Enzar y el Dique Sur, una estructura metálica de diez metros de altura formada por barrotes, alambrada y placas metálicas, coronada por un cilindro que impide trepar. La fortaleza anti-inmigrante va ganando en altura y seguridad. ¿Seguridad? Nada de eso, en todo caso, más muertes y sufrimiento, más naufragios y más desamparo, pues la cada vez mayor presión antiinmigrante en el Mediterráneo (en este último mes, han muerto en distintos naufragios, al menos 61 personas entre las costas africanas e Italia), se salda con el desvío de las rutas migratorias de África hacia la costa atlántica y la ruta marítima -en patera, cayuco- rumbo a Canarias
El 17 de septiembre llegaba a Tenerife un enorme cayuco multicolor con 83 personas a bordo, el 9 de octubre llegaban cuatro más con 423 ocupantes en total y el 14 de octubre, otro con 72. En los últimos quince días las entradas de pateras se han incrementado notablemente, tras llegar más de 2.000 personas, mientras el Gobierno aún no ha creado la prometida red de acogida estable ni acelera los traslados a la península, hacinándolos a la intemperie, al sofocante calor del muelle, en el puerto de Arguineguín. “Bajo la hilera de carpas extendidas en el muelle, decenas de migrantes descansan en el mismo suelo irregular sobre el que duermen cada noche desde su llegada a la isla. Cientos de ellos se arremolinan tras las barreras de plástico que dividen las parcelas en las que permanecerán confinados, agrupados como ganado, después de un duro viaje por una de las rutas más peligrosas para llegar a Europa.”
En los cayucos y pateras llegan familias enteras, padres y madres con sus hijos. La Fiscalía Provincial de Las Palmas emitió una instrucción para separar a los niños de sus madres, una vez desembarcan de la patera. La excusa: hacerles el ADN, que debe demostrar su vínculo familiar. Este procedimiento se demora más allá de las dos semanas, que debería ser el plazo medio habitual, y está manteniendo separados a madres e hijos hasta tres meses.
Estos fragmentos de realidad -tan real como la vida misma, pero ‘sin importancia’- se me han colado en el ánimo, sin permiso de la autoridad competente. Pido excusas por ello, mañana volveré al miedo que ya no se a qué.