RESPUESTA A UNA CARTA DE MODEPEN
El Movemento Galego pola Defensa das Pensións e os Servizos Públicos (Modepen) ha recién enviado (30 enero) un escrito dirigido a la atención de todos los sindicatos gallegos, entre ellos la CGT de Galicia, en el que expresa su “malestar e oposición ás Recomendacións do Pacto de Toledo e moi especialmente ao desenvolvemento das mesmas que pretende facer o Ministro de Seguridade Social, Sr. Escrivá”, al tiempo que les solicitan “que apoien que se cumpran os compromisos de defender as actuais pensións públicas que os partidos que constitúen o actual executivo estableceron nos seus Acordos do Pacto de Goberno”.
El resto del escrito, insiste en el mismo planteamiento: tratar de aprovechar presuntas disensiones entre los partidos coaligados en el gobierno o algunas de sus facciones para conseguir que la mayoría parlamentaria cambie su actual posición y, en consecuencia, rechace trasponer en la próxima Ley las recomendaciones del Pacto de Toledo. En particular la nº 16 que tiene como claro objetivo “a substitución paulatina do actual sistema de pensións públicas, de reparto e baseado na solidariedade entre xeracións, por un sistema mixto cun peso crecente dos plans de pensións privados de empresa.”.
Entiendo -y esto es una opinión particular que, por supuesto, defenderé en el seno de mi sindicato, CGT-Pontevedra, cuando se debata- que el presidente de Modepén, firmante de la carta, se equivoca de medio a medio, tanto en el análisis de los hechos, como en la naturaleza de la movilización que podrá, llegado el momento, dar al traste con la introducción e impulso de los ‘planes de pensiones de empleo’ que pretende llevar a cabo el gobierno a través de la negociación colectiva, contando con la complicidad, ya expresa, de las corporaciones sindicales de CC OO y UGT.
No es posible que los actuales directivos de Modepén ignoren:
+ Que la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, presidida por Magdalena Valerio (PSOE) y como vicepresidenta primera Martina Velarde (Unidas Podemos) y vicepresidente segundo, Miguel Ángel Pérez (PP), aprobó el 27 de octubre de 2020 sin objeción alguna las 22 Recomendaciones, entre ellas, por supuesto, la nº 16.
+ Que dichas Recomendaciones fueron posteriormente valoradas por el Pleno del Congreso de los Diputados del 19 de noviembre de 2020, ratificándolas por una amplísima mayoría (262 votos a favor, 2 votos en contra y 78 abstenciones) en la que, claro está, figuraban PSOE, Unidas-Podemos, PP, Ciudadanos … Por lo demás, Unidas-Podemos ni siquiera presentó ningún voto particular que matizase o discutiese alguna de las 22 recomendaciones.
+ Que los estados, los gobiernos y los partidos políticos partícipes del juego electoral democrático, en particular todos aquellos que tienen aspiraciones a sentarse en algún sillón ministerial, no pueden ser juzgados por su palabrería, promesas y juegos de tronío, sino por sus hechos y también por las consecuencias sociales que sus conductas generan, pues también la necedad y el delirio acompañan con grave frecuencia a quienes ejercen el poder y sirven a su mandato.
+ Que el Informe del Pacto de Toledo, con sus 22 recomendaciones, aprobado por el Pleno del Congreso, servirá de guía para que el Gobierno de coalición lleve a cabo la reforma del sistema público de pensiones y su plasmación en Ley orgánica, en los términos aprobados (y no, por supuesto en otros). Según se detalla en la norma: “una vez aprobadas las Recomendaciones, la Mesa del Congreso las remitirá al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y a los agentes sociales (CC OO y UGT, ya implicados y, directamente, sobornados) y económicos (la patronal, siempre dispuesta a la fechoría de combatir el Sistema Público de Pensiones). De hecho, la Mesa de Diálogo Social, que ya ha iniciado sus tareas, también emitirá sus recomendaciones pertinentes”.
+ Que por su propia naturaleza ‘de hecho y de derecho, legal y por necesidad” el gobierno de España -monocolor o de tintes variopintos- es constitucionalmente un órgano colegiado, unánime en sus resoluciones, siendo sus deliberaciones secretas.
+ Que el cumplimiento de los Pactos de gobierno, es asunto que compete única y exclusivamente a los propios firmantes de dicho pacto. El movimiento reivindicativo social o sindical no puede, sin pervertir su función y engañar a la propia militancia, ofrecerse como garante o árbitro de una coalición política gubernamental.
+ Que ningún partido político, en tanto permanezca en el gobierno, puede merecer ni merece en modo alguno, que el movimiento social y sindical le ofrezca la más mínima confianza y, mucho menos, que ponga en él la esperanza de resolver los problemas sociales que surjan, en gran medida provocados por la acción gubernamental y política de estado. Baste como ejemplo, la degradación del Sistema Público de Pensiones que conllevará la nueva ley de Reforma de las Pensiones que maquinan los actuales gobernantes, si no lo impedimos antes los trabajadores con nuestra movilización en la calle y en las empresas