RACISMO INSTITUCIONAL EN PONTEVEDRA

Racismo judicial, en la Audiencia Nacional

Racismo gubernamental, en Instituciones Penitenciarias y cárcel de A Lama

Hace poco más de un año, dos autoras, Ainhoa Nadia Douhaibi y Salma Amazian, publicaban el libro “La radicalización del racismo. Islamofobia de Estado y prevención antiterrorista” (Cambalache, 2019) con la intención de denunciar el racismo islamófobo del Estado español. En el libro se presenta el caso del ciudadano Mohamed Achraf, actualmente preso en la cárcel de A Lama (Pontevedra), como una muestra paradigmática de la maquinaria que el Estado pone a disposición del racismo institucionalizado.

Tras la publicación del libro, las autoras enviaron un ejemplar a Mohamed a la prisión pontevedresa para que pudiera conocer por si mismo cómo habían relatado su caso. Sin embargo, Instituciones penitenciarias se negó a entregárselo en la penitenciaría. Tras reclamar el prisionero el libro, hace apenas unas semanas, la Audiencia Nacional ratificó aquella decisión “por motivos de seguridad”, con la excusa de “que en las páginas 113 a 115 se reproducen los indicadores que se pueden encontrar en el Instrumento de evaluación de riesgo de radicalismo violento”, pese a que son de libre acceso para quien los busque en internet tanto el “Protocolo Marco de prevención de la radicalización en cárceles” como el “Instrumento de trabajo”. El auto judicial también dice que el conocimiento de dichos indicadores por parte del preso supondría la posibilidad de que el “propio interno adaptase artificialmente su conducta a los diferentes parámetros generales de estudio y seguimiento, evadiendo las actividades de observación, intervención y/o tratamiento penitenciario en su caso”. Así, según el ‘razonamiento’ judicial, al tener acceso a dichos indicadores, “personas que Instituciones Penitenciarias considera en posible proceso de radicalización”, podrían “burlar o distorsionar la valoración por los profesionales sobre el grado de radicalización y de la evolución penitenciaria del interno, así como perjudicar la eficacia del tratamiento penitenciario”.

Contra toda esta patraña en jerga jurídica, tal y como señalan las autoras del ensayo, Mohamed Achraf “no necesita leer la lista de indicadores para saber qué actitudes suyas se consideran ‘signos de radicalización’. Entre otras razones, porque se encuentra encarcelado bajo la ley antiterrorista y, por tanto, desde el primer día que entró en prisión fue considerado “radical” por parte de Instituciones Penitenciarias, la Audiencia Nacional, la policía y todos los agentes del orden de este país”. Mohamed había sido condenado a catorce años de prisión en base a pruebas que él afirma fueron manufacturadas y declaraciones de testigos protegidos (que finalmente confesaron haber sido manipulados por la policía) en el marco de un montaje que se llamó “Operación Nova”.

Tanto la intervención de Instituciones penitenciarias en la cárcel de A Lama, como la resolución de la Audiencia, ponen de manifiesto el racismo -islamófobo en este caso, antigitano en otros, agaráfobo casi siempre-, que corroe todo el sistema judicial y penitenciario español, prevaliéndose de cualquier excusa falaz, en busca de una coartada que tape su injusta e inhumana arbitrariedad

A finales de 2018, tras haber cumplido la condena impuesta, Mohamed confiaba quedar en libertad, como prescribe la legislación general. Sin embargo, no fue así. La maquinaria política, judicial y mediática -también la prensa interviene en esta cuestión, criminalizando siempre a quien el poder haya menester- se puso inmediatamente en marcha para evitar que el ‘sospechoso de radicalización’ pusiese el pie en la calle, acusándolo ahora del delito de “captación de adeptos”. Desde entonces, sigue encerrado en prisión preventiva, de nuevo bajo el régimen de aislamiento en que se le mantiene desde que entró en la cárcel en el año 2004, hace ya 16 años, y toda su comunicación, tanto escrita como oral, está sujeta a vigilancia. Es decir, “Mohamed está solo en la celda, sale al patio cuatro horas al día, con dos personas como máximo, y no puede comunicarse con nadie sin que Instituciones Penitenciarias lea o escuche lo que se diga en esas comunicaciones”, sin que eso impida a los responsables de tamaña crueldad -legisladores penitenciarios, ministerios de justicia e interior, todos a una- mantenerlo en prisión, bajo la sospecha de “captar adeptos” a los que no puede ver, oír ni hablar si no es en presencia de sus vigilantes..

Según las autoras “los indicadores que la Audiencia Nacional quiere ocultar no son más que la sistematización de una serie de construcciones islamófobas que circulan en el imaginario social dominante … La razón de la existencia de los protocolos de prevención no se encuentra en la voluntad del Estado de hacer frente a ‘la amenaza terrorista’; por el contrario, se trata de ‘dar sentido’ a una política interior que se viene sirviendo de la retórica de la migración, el islam y el terrorismo para conseguir rédito político, desviando la atención de los problemas socioeconómicos latentes; entre otros, el acceso a la vivienda, el trabajo, la salud o la educación. Mientras la extrema derecha lo hace de forma descarada y abiertamente racista, el resto de facciones políticas se caracterizan por su silencio o su ambigüedad en relación con las cuestiones que atañen al racismo en general y, en particular, a la política antiterrorista como una de las formas en que dicho racismo se institucionaliza”.

Estas son las verdades de las que se nos hace ignorantes, por más que nos rodeen por todas partes.

Fuente: Artículo “La Audiencia Nacional y los derechos de los presos musulmanes en las cárceles españolas”, por Ainhoa Nadia Douhaibi y Salma Amazian, publicado en el diario digital elsaltodiario.com (2.02.2021)

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