CGT y los sistemas nacionales de pensiones, educación, sanidad …

El pasado viernes, tuvo lugar una reunión telemática de la Coordinadora de Pensionistas de la CGT, a la que nos habíamos conectado varios compañeros de Pontevedra. Cuando faltaba poco para terminar el coloquio, una compañera realizó una intervención que, a nuestro juicio, adelanta una iniciativa cuando menos inquietante, si es que llega a materializarse.

En síntesis -no podemos reproducir la literalidad de lo manifestado- la compañera vino a sugerir la necesidad de que la CGT acometiese la elaboración y definición de un Sistema nacional de Pensiones alternativo al actualmente vigente, basado en el principio económico de financiación mixta, esto es de recaudación doble, en base, por un lado, a las cotizaciones entregadas a la Seguridad Social y, por el otro, con cargo a los Presupuestos generales del Estado.

Independientemente del debate necesario sobre el concepto mismo de “financiación mixta” y de la confianza que merezcan los gobiernos y mayorías parlamentarias presentes y futuras respecto de su ‘histórica voluntad altruista’ (valga la ironía) a la hora de atender las necesidades de los pensionistas, en la iniciativa de la compañera subyace una cuestión mucho más grave y decisiva para la acción sindical y social de la CGT.

Y esto es lo que nos preocupó. El que llegue a producirse un deslizamiento apenas sutil de los planteamientos hasta ahora congresuales de la CGT, hacia posicionamientos abiertamente estatalistas e institucionales, en el marco del actual régimen de desigualdad imperativa, esto es, capitalista en lo económico y jerárquico en lo organizativo-político, ambos en simbiosis perfecta.

Esto es lo que, a nuestro juicio, subyace bajo la propuesta de que la CGT fije como uno de los imperativos de su acción sindical, la definición de un Sistema de Pensiones alternativo desde el que se pueda presionar, negociar, influir y, finalmente, pactar la complicidad con el gobierno en el edificio institucional que regirá en los próximos años. Este es el paso que ya han dado las corporaciones sindicales de CC OO y UGT, con el resultado de todos conocido: Pasaron de ser organizaciones de la clase trabajadora a postularse como meras Corporaciones sindicales, cuyas burocracias negocian y chalanean a espaldas de los trabajadores Acuerdos Marco, Reformas Laborales, Modulaciones legislativas, ERE’s, Pacto de las Pensiones …

No podemos aceptar que ese sea el camino que vaya a recorrer la CGT. La concepción que los trabajadores y la CGT tenemos de la legitimidad de nuestras reivindicaciones en cada ocasión nada tiene que ver con aquellas minucias que el Estado o las Empresas están dispuestos a ofrecer para garantizarse que reine la ‘paz social’ en aquellos que somete.

Nuestras reivindicaciones son hijas de la necesidad. O, dicho de otro modo más preciso, aún cuando tienen su origen en las necesidades colectivas percibidas en cada momento, adquieren su verdadero sentido, sindical e histórico, en la lucha imperecedera hacia la igualdad social, política y económica de todos los seres humanos.

La movilización de los sindicatos de la CGT en defensa y exigencia de reivindicaciones concretas, socialmente definidas y sindicalmente compartidas, al trabajo, a la salud, a la enseñanza, a la vivienda, a las pensiones, etc., representa un permanente llamamiento a la movilización social para conquistarlas, pues es la movilización y la lucha consciente la que las logrará. Sin embargo, el Estado y el capitalismo están dedicados de modo preciso a legitimar y garantizar la desigualdad económica, la opresión política y la fractura social.

Mientras aguante el régimen capitalista y el Estado disponga del violento aparato coactivo que le es propio (penal o seductor, de castigo o de adoctrinamiento, carcelario o de pan y circo), no habrá ni podrá haber Sistema justo alguno, parcial o general, que atienda las necesidades del conjunto de la clase trabajadora y ponga fin a la desigualdad. Crear la ilusión entre los trabajadores de que el régimen económico capitalista, ‘reformándolo’ adecuadamente y ‘humanizando’ sus actitudes más agresivas, pueda renunciar sin más a sus desastrosos principios constitutivos, es, sencillamente, reformismo de la peor especie, cuando no complicidad interesada.

Lo mismo cabe decir, respecto del Estado. Que una central sindical como la CGT llegase a proclamar ante sí misma y ante la clase trabajadora que la actual organización política Estatal (aún aquella que se viste formalmente como democracia representativa) pueda cambiar su función histórica y alianza indisoluble con el poder económico, según qué partido ocupe su cúspide administrativa es, sencillamente, una renuncia a su responsabilidad sindical: la de la lucha colectiva por mejorar día a día las condiciones económicas, laborales y sociales del presente y por lograr, más pronto que tarde, una sociedad más justa que la actual, sin desigualdades ni explotación ni amargura colectiva posibles, lo que es incompatible con la persistencia del régimen económico capitalista y el régimen político estatal.