ENCE en la Ría de Pontevedra

La salud y la vida de trabajadores y vecinos sometidos a chantaje

El Presidente y Consejero delegado de ENCE, Ignacio de Colmenares, ha celebrado una reunión con trabajadores y directivos de la factoría de Celulosa en la ría de Pontevedra que ha transcendido a través de un vídeo. En ella advirtió a los reunidos de la existencia de riesgos ambientales y para la salud de las personas, así como de la posibilidad de producirse “un susto medioambiental mayúsculo” que podría “afectar a las personas”, en caso de que no hubiese inversiones.

En la misma reunión, el presidente explica que esas inversiones -garantes de la seguridad en la fábrica- podrían estar en peligro de no materializarse, si el gobierno no accede a modificar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, actualmente en tramitación en el Congreso.

ENCE propone la modificación del art. 18.4 de la citada Ley, que contempla el límite de 75 años para las concesiones industriales en terrenos situados en el dominio público marítimo-terrestre, de competencia estatal, como es el caso de los terrenos de la ensenada de Lourizán, donde está instalada ENCE. La empresa exige que el texto de la ley se modifique para garantizar que el citado artículo no podrá aplicarse de modo retroactivo a empresas con concesiones anteriores prorrogadas, como es el caso de ENCE. Para lograrlo el presidente de ENCE ya mantuvo siete reuniones con el secretario del Ministerio de Transición Ecológica que, al parecer, no ofrecieron el resultado apetecido.

Es en este contexto que la empresa celebra la reunión, la registra en el video y amenaza ostensiblemente con la paralización de sus inversiones, entre ellas, las necesarias e imperativas legalmente para mantener la fábrica en condiciones adecuadas y seguras, tanto para los trabajadores como para la población vecina de Pontevedra-Marín.

Como era de prever, el video provocó de inmediato la reacción de la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) de Pontevedra, el Concello de Pontevedra y la Fiscalía de Pontevedra, tras recibir un escrito del grupo municipal del PSOE en el que se menciona un “posible delito de amenazas” por parte del presidente de ENCE. Todos ellos, denuncian que, en esa reunión, el director ejecutivo deliberadamente anunció ante las corporaciones sindicales afines y directivos de la empresa –“internamente”-, que está dispuesto a supeditar las inversiones para mejorar y garantizar la fiabilidad y la seguridad de la fábrica a que la nueva Ley les garantice su permanencia por decenios en la Ría de Pontevedra.

En la denuncia ante la Fiscalía se insiste en la presunta admisión por Ignacio Colmenares de que el proceso de caustificación de la caldera de recuperación es ‘inestable’, ‘deficiente’ y, ‘cuando menos, potencialmente peligroso’ y que, por lo tanto, podría producir aquello que se anuncia: ‘un susto mayúsculo’, pues los episodios de avería de la caldera ya se han producido en otras ocasiones.

También la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) presentó una denuncia en el juzgado de instrucción de Guardia de Pontevedra, al tiempo que reclama el inmediato cierre cautelar de la planta de Ence.

Para Antón Masa, presidente de la APDR, “En esta situación solo cabe actuar para evitar que ese grave riesgo existente llegue a suceder. Decidir no hacerlo si no se garantiza la permanencia de Ence en Lourizán más allá de 2033 es optar, de forma deliberada y consciente, por atentar contra el medio ambiente y la integridad física de las personas, un hecho que calificamos de extrema gravedad y que puede tener implicaciones penales … Con esta ley o sin ella, el tiempo de permanencia de Ence en Lourizán ha llegado a su fin”. Y defiende que el tiempo máximo de permanencia en dominio público marítimo-terrestre ya estaba fijado en 75 años, incluyendo las prórrogas, tanto en la Ley de Costas de 2013 como en la Ley de Patrimonio del Estado del 2002. La compañía defiende la validez de la prórroga concedida en fraude de Ley por el gobierno en funciones de Rajoy para que la planta siga operando. “Pero esta cuestión -añade- se dirime en los tribunales”.

Atendiendo a estas advertencias de un posible “riesgo ambiental con posible afectación de las personas”, la Fiscalía Superior de Galicia acordó, entre otras diligencias, remitir oficios a la Unidad de la Guardia Civil del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y a varias delegaciones de la Xunta “solicitando informes respecto del estado de la planta”.

La voz que falta:

La de los representantes de los trabajadores

que asistieron a esa reunión

Una de las cuestiones más asombrosas de esta historia, es la que se refiere al silencio que guardan los representantes de la plantilla asistentes a esa reunión. Fue ante ellos, que el director ejecutivo de su empresa, anuncia su decisión de chantajear al gobierno amenazándolo con no invertir y permitir que la fábrica continúe trabajando en estado de inseguridad, poniendo en riesgo el medio ambiente y las vidas de los trabajadores y la población del entorno.

Es indudable la razón por la que fueron invitados a la reunión, como lo es lo que el Director ejecutivo de ENCE espera de ellos. Lo que no cabía esperar es que saliesen de la sala en silencio cómplice.

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